En las primeras horas de la mañana de este miércoles, la Policía Federal brasileña hizo numerosos operativos en varios estados brasileños en busca de pruebas en el marco de una investigación, ordenada por el Supremo Tribunal Federal (STF), para profundizar sobre la existencia de una amplia red de noticias falsas afines al presidente Jair Bolsonaro.
La investigación, que lleva adelante Alexandre de Moraes, uno de los ministros integrantes del STF, tiene como blancos, según informaron medios brasileños, a diputados bolsonaristas, a empresarios ligados al mandatario ultraderechista, además de sus hijos Carlos y Eduardo, quienes desde hace largo tiempo vienen siendo acusados de ser los impulsores de estas redes masivas de mensajes falsos, que comenzaron a operar durante la campaña electoral de 2018.
Puntualmente, de acuerdo a lo que informó el portal Fórum, la investigación en curso fue abierta el 14 de marzo de este año, firmada por el presidente del STF, José Antonio Dias Toffoli, luego de amenazas, ofensas y noticias falsas que atacaban a integrantes del STF y a sus familiares. Las investigaciones ya alcanzaron al menos a 12 personas, entre diputados bolsonaristas y empresarios; uno de los más notorios es el catarinense Luciano Hang, propietario de la cadena de tiendas Havan.
Además, De Moraes, determinó en un escrito firmado el martes que el ministro de Educación, Abraham Weintraub tiene cinco días para explicar ante la Policía Federal los ataques que dirigió contra los integrantes del STF. En el video de la reunión ministerial del 22 de abril que se hizo público a pedido de la Justicia, Weintraub calificó a los ministros del STF de ser unos “delincuentes” y dijo que habría que meterlos a todos presos. Según expresó De Moraes, la actitud del ministro “es muy grave, porque no sólo ataca la honorabilidad y constituye una amenaza a la seguridad de los ministros del STF, sino que además deja clara su intención de violar la independencia del Poder Judicial y del mantenimiento pleno del Estado de Derecho”.
Volviendo a los allanamientos policiales de este miércoles, De Moraes dijo que con algunas de las pruebas recogidas ya puede confirmarse la existencia de un denominado “gabinete del odio”, entre ellas una lista de personas que financian la milicia digital que propaga noticias falsas y amenazas. “La evidencia recopilada y los informes de expertos presentados en estos registros apuntan a la posibilidad real de la existencia de una asociación criminal, referida en las declaraciones de los parlamentarios como ‘Gabinete do Ódio’, dedicada a la difusión de noticias falsas, ataques ofensivos a varias personas, a las autoridades y a las instituciones, entre ellas el STF, con contenido flagrante de odio, subversión del orden e incentivo para romper la normalidad institucional y democrática”, expresó en su texto De Moraes, según informaron medios brasileños.
El ministro además hizo un esquema y un organigrama que describe el camino de creación y difusión de estas noticias falsas en las redes sociales, principalmente en Twitter. Expresó, por otra parte, que “toda esa estructura aparentemente sería financiada por empresarios que, de acuerdo a los indicios que constan en autos –incluso en las declaraciones de los parlamentarios federales Nereu Crispim, Alexandre Frota y Joice Hasselmann–, actuarían de manera velada, otorgando recursos de las más variadas formas para los integrantes de esta organización”, afirma Moraes.
Entre los empresarios que financian esta asociación para delinquir están, además del mencionado Hang, el propietario de Smart Fit, Edgard Gomes Corona; Otavio Fakhoury, que financia además el sitio derechista Crítica Nacional; el humorista Reynaldo Bianchi Júnior; y el coordinador del Movimiento Brasil, Winston Rodrigues Lima.
La decisión de iniciar esta investigación por parte del ministro De Moraes, fue rechazada por el fiscal general de la República, Augusto Aras, designado para el cargo el año pasado por Bolsonaro, quien le solicitó formalmente al ministro Edson Fachin, otro de los integrantes del STF, que suspenda la investigación, de acuerdo a lo que informó la red Globo. Según este medio, Aras expresó que la Fiscalía se vio “sorprendida” con las acciones policiales, que no contaron con “la participación, supervisión o anuencia previa del órgano de persecución penal”.
En la misma línea, el actual ministro de Justicia y Seguridad Pública, André Mendonça –designado por el mandatario para ocupar el cargo luego de la renuncia del ex juez Sérgio Moro– defendió en una serie de tuits “el derecho inalienable de los ciudadanos a criticar a sus representantes y a cualquiera de los poderes del Estado”. Afirmó que “intimidar o tratar de cercenar esos derechos es un atentado a la propia democracia”.