En una entrevista con periodistas de Radio Nacional de todo el país, y transmitida por la TV Pública, el presidente argentino, Alberto Fernández, manifestó ayer su rechazo tajante a las prácticas de espionaje ilegal realizadas durante el gobierno de Mauricio Macri. El gobernante dijo que le dan “asco” y “vergüenza” las escuchas ilegales supuestamente realizadas por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno anterior, que alcanzaron a políticos –opositores y oficialistas–, dirigentes sociales y sindicales, periodistas y empresarios.
Según consignó la agencia estatal Télam, Fernández expresó: “No me cabe en la cabeza que el Estado espíe lo que hace un opositor, un empresario o un periodista. Estos casos me irritan porque es absolutamente contrario a un Estado de derecho”. El presidente agregó: “Me da vergüenza que las peores prácticas de una dictadura se hayan utilizado en democracia. En este gobierno no van a ocurrir estos casos de espionaje”.
“Eso pasó en la dictadura. Videla, Viola, Galtieri, Bignone hacían esas cosas”, dijo. “Les prometo a los argentinos que hoy no hay ningún argentino espiado, y si yo alguna vez encontrara en la AFI a alguien haciendo una cosa semejante, el primero en someterlo al debate público sería yo”, afirmó Fernández.
El presidente agregó que el jueves envió al Parlamento el pedido formal para que Cristina Caamaño, actual interventora de la AFI, sea nombrada titular de la entidad en forma permanente y agregó que en los “próximos días” presentará el proyecto de ley de reforma de la Justicia porque “es lo que más reclaman todos los argentinos: tener una mejor Justicia en todas las instancias”.
Caamaño, ex fiscal con amplia experiencia en temas de seguridad y espionaje, fue designada como interventora de la AFI en diciembre por el presidente argentino. Fernández le encomendó la tarea nada sencilla de poner luz en uno de lugares más oscuros de la administración pública federal.
Poco después de ser designada interventora, de acuerdo con el diario La Nación, Caamaño firmó una resolución que ordenó “reducir al mínimo” la participación de los servicios como auxiliares de la Justicia en las causas penales, y limitarla a actividades “esenciales”, como la lucha contra el terrorismo, la prevención frente a ataques informáticos y amenazas al orden constitucional o a la paz.
Fue Caamaño, precisamente, quien comenzó a tirar de la madeja en este caso de espionaje por parte del Estado, tras haber encontrado, a fines de enero, en una caja fuerte que estaba en el edificio de la AFI tres sobres que tenían las inscripciones “2017”, “Periodistas G-20” y “Varios”. La información contenida en estos sobres daba a entender que existió una amplia red de espionaje.
A principios de este mes, Caamaño presentó la denuncia ante la Justicia, que a partir de allí comenzó su actuación, citando a numerosas personas a declarar, entre otros, a la actual vicepresidenta Cristina Fernández. El 9 de junio, cuando la ex mandataria fue a prestar su declaración ante el juez federal a cargo de la causa, Federico Villena, dijo que este caso era “un verdadero e inédito escándalo”. Agregó que en el marco de estas acciones ilegales llevadas a cabo durante el gobierno anterior “Macri utilizó narcotraficantes para perseguir a opositores”, según informó Página 12.
Además de seguir su curso en la esfera judicial, este asunto también se comenzó a tratar en el Congreso y así fue que desde la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia se citó a ex agentes de la AFI para que brindaran sus testimonios. Uno de ellos, el ex espía y abogado Facundo Melo, aseguró ante los legisladores que desde las más altas esferas del gobierno de Macri se espiaba a políticos del mismo partido y opositores, y hasta a familiares del entonces mandatario, como su hermana menor Florencia y su pareja de entonces, el italiano Salvatore Pica. Según informaron medios argentinos, interrogado acerca de la causa del espionaje a estos familiares de Macri, Melo respondió: “Habría que preguntárselo a quien fue presidente o a quien estuvo a cargo de esta situación. La verdad es que responder yo... Es decir, ¿qué interés puedo tener yo en sacarle una foto al cuñado del presidente? Absolutamente ninguno”.
En su testimonio, Melo, además, ratificó las reuniones que se realizaron por este tema durante el mandato de Macri en la Casa Rosada y señaló a Susana Martinengo, quien estaba a cargo de Documentación Presidencial durante el macrismo, como la articuladora de estas acciones, algo que ya había denunciado la vicepresidenta Fernández. Según Melo, Martinengo era amiga personal de otro ex agente de inteligencia, Jorge Turco Sáez, un participante habitual en estas reuniones en la sede del gobierno.
Sáez también fue citado a declarar ante la Comisión Bicameral de Control y Seguimiento de los Organismos de Inteligencia y ratificó la existencia de operaciones de espionaje ilegal, al igual que lo hizo el resto de sus colegas. Según contó Sáez, reafirmando los dichos de Melo, hubo órdenes para realizar tareas de inteligencia acerca de Florencia Macri, pero además sobre los dirigentes del partido Propuesta Republicana (Pro): María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Cristian Ritondo, quien fue ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Sáez, que además de espía fue policía, dijo que el giro en las actividades de la AFI –institución creada en el año 2015 para reemplazar a la antigua Secretaría de Inteligencia del Estado, más conocida como SIDE– se dio en 2018 cuando hubo un pedido expreso del gobierno de que se dejara de lado la inteligencia criminal y se volcaran las acciones hacia el espionaje político, pese a que esto está prohibido por ley. El ex espía afirmó que las órdenes de todas las operaciones de inteligencia las dictaba quien entonces se desempeñaba como director de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, una figura que ganó notoriedad fuera de los ambientes de su rubro al aparecer en el documental Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía, dirigido por el periodista británico Justin Webster y lanzado a comienzos de este año.
Además, de acuerdo con las palabras de los ex espías, Alan Ruiz ordenó la colocación de un sistema de cableado en las cárceles ubicadas en las localidades de Ezeiza y Melchor Romero, informó el portal Infobae.
En el primer centro penitenciario, la idea era espiar a los llamados “presos K”, aquellas personas que fueron encarceladas en el marco de acusaciones de corrupción durante los gobiernos de Cristina Fernández, en tanto que en la segunda cárcel, situada cerca de la ciudad de La Plata, la intención del espionaje era seguir de cerca los movimientos de presos vinculados al narcotráfico y a las barras bravas.