La discusión acerca de sancionar a Nicaragua o trabajar para impulsar el diálogo político en ese país volvió a plantearse en la Organización de los Estados Americanos (OEA) a partir de una iniciativa de su secretario general, Luis Almagro.
Ese debate está instalado en la OEA desde enero de 2019, cuando se dio paso a un proceso que podría terminar en la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua.
Las opiniones acerca de la aplicación de este instrumento jurídico, que permite suspender a un Estado miembro cuando ocurre una “alteración de su orden constitucional”, siguen polarizadas. Varios miembros de la OEA consideran que se debe apostar al diálogo con el gobierno nicaragüense para asegurar que las próximas elecciones, previstas para 2021, cuenten con garantías para la oposición.
En los últimos comicios, la Justicia habilitó al presidente Daniel Ortega a postularse a la reelección, en un fallo que fue muy cuestionado porque las leyes nicaragüenses prohibían su candidatura.
La crisis política se profundizó con las protestas de 2018 contra el gobierno de Ortega, en las que murieron más de 300 personas y otras cientos fueron detenidas. Una reconstrucción reciente de los registros audiovisuales de una de las mayores marchas de ese año, la del 30 de mayo, que reunió a cientos de miles de personas, concluyó que quienes dispararon contra tres de los manifestantes y los mataron fueron policías y paramilitares oficialistas. La investigación fue llevada adelante por la organización SITU Research, entidad especializada en ese tipo de análisis audiovisual, y por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
El miércoles, en el Consejo Permanente de la OEA, el secretario general de la organización, Luis Almagro, llamó a los países a declarar que en Nicaragua hubo una ruptura grave del orden democrático. “Ante la falta de diálogo del gobierno de Daniel Ortega, hacemos nuestra la conclusión de la comisión de alto nivel [que analizó la situación nicaragüense] con respecto a que hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua”, afirmó Almagro, según citó la agencia de noticias Efe. El titular de la OEA agregó que “definitivamente, es necesario ir a procesos subsiguientes que lleven a la declaración de esa alteración del orden constitucional”.
El informe al que se refirió Almagro fue elaborado por una comisión diplomática el año pasado y concluye que es necesario convocar a una Asamblea General para tratar la situación política nicaragüense. Lo mismo pidió el secretario general el miércoles. Esa instancia, en la que participan los cancilleres de los países que integran la OEA, puede ser convocada si así lo aprueban 24 de los 35 países miembros, y es allí que se puede declarar que existe un quiebre en la democracia en Nicaragua.
Varios países mostraron una postura contraria a la de Almagro y defendieron el diálogo político. Eso hizo la embajadora mexicana ante la OEA, Luz Elena Baños, quien dijo que su país apoya la posibilidad de dialogar y lo hace teniendo en cuenta el “derecho de autodeterminación” del pueblo nicaragüense. Mientras tanto, su par peruano, José Boza, dijo que su país “respalda y respaldará todo esfuerzo para reemprender el diálogo, para restablecer a plenitud el orden constitucional y democrático en Nicaragua”, y que está dispuesto a “cooperar con toda iniciativa interamericana dirigida a lograr que las partes” vuelvan a negociar.
Otros países, como Brasil, Colombia y Estados Unidos, apoyan la visión de Almagro. “Aunque hayamos tenido esperanzas en el diálogo, hay que ser realistas con lo que está pasando en Nicaragua”, dijo el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo. De acuerdo con Efe, esa postura fue ratificada por el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak.
“Estados Unidos está trabajando con la OEA para resolver la crisis en Nicaragua mediante reformas electorales y elecciones libres y justas en 2021”, tuiteó.
El mismo día, el miércoles, Suiza anunció que aplicará sanciones a altos funcionarios del gobierno de Ortega a los que identifica como responsables del deterioro de la democracia y de la vigencia de los derechos humanos. Las sanciones comprenden a varios responsables de la Policía, un asesor de seguridad nacional y una asesora en asuntos de salud, que también han sido sancionados por Estados Unidos.