Pese a que la presidenta Jeanine Áñez buscaba retrasar los comicios, Bolivia celebrará elecciones el 6 de setiembre. En medio de la pandemia de covid-19, el Movimiento al Socialismo (MAS) busca reconstruir su coalición política-social mientras que el gobierno lidia con una mala gestión de la crisis sanitaria y el bloque anti-MAS se encuentra profundamente dividido.
A su pesar, la presidenta interina Jeanine Áñez anunció la promulgación de la ley que establece que las elecciones generales en Bolivia deberán realizarse el domingo 6 de setiembre. Inicialmente, los comicios estaban previstos para el 3 de mayo, pero la pandemia de covid-19 provocó su postergación porque el país ingresó en una cuarentena compulsiva desde finales de marzo. Esta situación agravó la crisis política que vive Bolivia desde noviembre del año pasado, cuando Evo Morales fue derrocado mediante un golpe de Estado que derivó en la formación de un “gobierno transitorio”. La tarea central de ese gobierno era convocar a elecciones en un plazo de 90 días, debido a que se anularon los comicios realizados en octubre de 2019. Ese plazo quedó en suspenso, como tantas cosas en el planeta, desde la irrupción del coronavirus.
La definición del 6 de setiembre como fecha para las elecciones generales es resultado de un cambio en el escenario político provocado por dos hechos: la inesperada postulación de Áñez a la presidencia y la capacidad de rearticulación del MAS, el partido de Morales. Todo esto con la pandemia como telón de fondo.
A fines de enero de 2020, el partido de Áñez –Demócratas– decidió su postulación a la presidencia, lo cual terminó por desarticular la coalición que había derrocado a Morales. El bloque anti-MAS se dividió en cuatro candidaturas (Carlos Mesa por Comunidad Ciudadana, Luis Fernando Camacho por Creemos, Jorge Tuto Quiroga por Libre 21 y Jeanine Áñez por Juntos). Y en ese contexto de divisiones la fórmula del MAS –integrada por los ex ministros Luis Arce Catacora y David Choquehuanca– reafirmó su primer lugar en las encuestas, mientras Morales permanece exiliado en Argentina.
La definición del 6 de setiembre como fecha para las elecciones es resultado de un cambio en el escenario político, motivado por la postulación de Jeanine Áñez a la presidencia y la capacidad de rearticulación del MAS.
Al principio, la pandemia resultó funcional para la campaña electoral de Áñez. Sin embargo, la mala gestión gubernamental de la crisis sanitaria –matizada con escándalos de corrupción, un manejo arbitrario de la fuerza policial y militar y falta de concertación con la sociedad y con las administraciones subnacionales– debilitó su imagen en un par de meses. Por ese motivo, Demócratas –un partido con base en Santa Cruz que obtuvo 4% de los votos en los comicios del año pasado– optó por promover la postergación indefinida de las elecciones alegando el peligro de la pandemia y esgrimiendo una falaz consigna: “salud o elecciones”. La doble condición de presidenta y candidata dejó de ser una ventaja para Áñez y la estrategia oficialista perdió rumbo. Además, el gobierno enfrentaba escollos para actuar de manera arbitraria debido al accionar del Parlamento, que se encuentra bajo dominio del MAS, el cual tiene una mayoría calificada de dos tercios en las dos cámaras. Sin duda, la figura de “gobierno dividido” –esto es, cuando el presidente no tiene control sobre el Poder Legislativo– es crucial para explicar la coyuntura política boliviana y su derrotero.
Precisamente, la mayoría del MAS en la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la ley que establecía el primer domingo de setiembre como límite para la realización de las elecciones, y por ese motivo fue observada por la presidenta interina mediante una carta que exigía al órgano legislativo que explicitara qué estudios epidemiológicos de respaldo tomó en cuenta para establecer esa fecha. La respuesta de la presidenta del Senado, Eva Copa, fue taxativa: si la presidenta no promulgaba la ley en el plazo de diez días, ella se encargaría de cumplir esa tarea, tal como establece la Constitución Política del Estado. Esa pugna de poderes se dirimió en favor de la postura del MAS, ya que la presidenta interina decidió promulgar la ley. No obstante, al hacerlo acusó a sus rivales, en particular al MAS, pero también al ex presidente Carlos Mesa, por los probables daños que pueda provocar la pandemia en setiembre. Esta declaración, sin duda, la hizo más como candidata presidencial que como cabeza del gobierno responsable, precisamente, de la gestión de la crisis sanitaria.
De esta manera, los vaivenes en el comportamiento gubernamental se explican por la combinación de roles y la superposición de objetivos como candidata y presidenta. Una conducta que, además, afectó las estrategias de sus rivales políticos, puesto que Áñez podría ocupar, según las encuestas, el segundo lugar, disputado con Mesa, y competir en el balotaje con Arce, candidato del MAS y favorito en los sondeos de opinión. Su candidatura se vio fortalecida por la rearticulación del MAS, que recuperó su rol de actor estratégico.
El debilitamiento del gobierno de Áñez se produjo en un contexto político redefinido a partir de una acción decisiva del MAS, que el 30 de abril, en apego a la norma constitucional, aprobó formalmente la postergación de las elecciones del 3 de mayo, pero estableciendo un plazo de 90 días para su realización, es decir, la primera semana de agosto. A partir de entonces, la política retornó al centro de la escena desplazando a –o compitiendo con– la pandemia. Ese día, la bancada del MAS actuó, por primera vez en esta etapa, de una manera compacta, para aprobar la Ley de Postergación de las Elecciones Generales 2020, una determinación que fue acompañada con la convocatoria a un “petardazo” y un “cacerolazo” en varias ciudades bajo la consigna “Elecciones ya”. Ese comportamiento se repitió esa misma noche, puesto que, ante las observaciones hechas a la ley por parte de la presidenta interina apenas diez minutos después de su aprobación, la bancada del MAS reinstaló la sesión congresal de manera inmediata para rechazar dichas observaciones. Así, la ley fue promulgada por la presidenta del Senado como colofón de una conducta que mostró una inédita disciplina partidaria en esta coyuntura, tras las divisiones que siguieron a la caída de Morales.
La aprobación y la promulgación de esa ley a fines de abril fueron la primera iniciativa política del MAS desde la implantación de la cuarentena. Con esa acción modificó el escenario político y sus rivales empezaron a reformular sus estrategias, hasta entonces subordinadas a las iniciativas del gobierno. El oficialismo planteó una demanda de inconstitucionalidad de la ley para frenar su aplicación, Mesa pidió una “cumbre nacional” para enfrentar la pandemia y Camacho declaró que cada noche saldría a rezar en una rotonda de Santa Cruz, en una suerte de desacato al gobierno, decidido a una gestión represiva de la crisis sanitaria. Las fichas empezaron a moverse, y con más ahínco después de que el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, declaró que ajustaría el calendario electoral a la ley.
El bloque anti-MAS se dividió en cuatro candidaturas (Carlos Mesa por Comunidad Ciudadana, Luis Fernando Camacho por Creemos, Jorge _Tuto_ Quiroga por Libre 21 y Jeanine Áñez por Juntos) y el MAS reafirmó su primer lugar en las encuestas.
La aprobación y la promulgación de la Ley de Postergación de las Elecciones Generales 2020 a fines de abril fue la primera señal de rearticulación del MAS y la recuperación de iniciativa política. Al mismo tiempo, y de manera incremental, las organizaciones campesinas e indígenas se reagruparon en una instancia de coordinación, denominada Pacto de Unidad, que fue un actor decisivo en el origen del MAS como “instrumento político”, y volvieron a poner en el tablero la fortaleza de su base electoral.
A partir de entonces, el MAS actuó de manera cohesionada en torno a la consigna “Elecciones ya”, lo que no le impidió mostrar cierta flexibilidad, puesto que la fecha inicialmente propuesta para los comicios –2 de agosto– fue sustituida por el 3 de setiembre. Esa postura fue precedida por un tuit de Morales, en el que este señaló que la primera fecha no era inamovible. Después de mucho tiempo, el líder del MAS recuperó un estilo de acción política que, en el pasado, le proporcionó muchos réditos electorales: la adopción de una postura moderada, que puede ilustrarse con la figura de “avanzar hacia el centro”.
Esa decisión de flexibilizar su posición respecto de la fecha de los comicios fue la segunda iniciativa política del MAS en este período y, otra vez, obligó a sus rivales a la reformulación de sus estrategias. De esta manera, los partidos políticos tuvieron que asumir una posición y el resultado fue el establecimiento de un acuerdo entre los actores estratégicos del proceso electoral. Los partidos aceptaron la convocatoria del TSE, que además cumplía su plan inicial de que las elecciones fueran entre la primera semana de junio y la primera semana de setiembre. Ese acuerdo, suscrito a principios de junio a instancias del TSE y con respaldo de veedores externos (Organización de las Naciones Unidas [ONU], Unión Europea y la iglesia católica), resulta significativo porque se trata del primer acuerdo político en este período, y también porque el TSE recuperó credibilidad institucional.
La Central Obrera Boliviana lanzó un ultimátum: “elecciones en setiembre o convulsión social”.
En ese contexto, resultó sorprendente el comportamiento del oficialismo, que retrocedió en su decisión de sumarse al acuerdo promovido por el TSE y optó por poner trabas a la promulgación de la ley que definía la realización de los comicios para el primer domingo de setiembre. Como parte de los vaivenes oficialistas, Áñez declaró que “postergar las elecciones un mes o dos meses no le va a hacer daño a nadie”, aunque también afirmó que iba a “acatar todo lo que establezca el Tribunal Electoral, porque también queremos elecciones”.
Esta ambigüedad se disipó pronto, puesto que el debilitamiento del gobierno es evidente y tiene enfrente una cada vez más amplia coalición circunstancial, que cuestiona su conducta respecto del proceso electoral. A los actores políticos –con el MAS y Comunidad Ciudadana por delante– se sumaron múltiples actores sociales de raigambre popular, entre los que cabe destacar a la Central Obrera Boliviana, que lanzó un ultimátum: “elecciones en setiembre o convulsión social”. La reacción gubernamental fue anunciar la promulgación de la ley en la noche del 21 de junio, en plena celebración del año nuevo andino-amazónico, una fecha emblemática instaurada por el gobierno de Evo Morales. La vida te da sorpresas, diría Rubén Blades.
De esta manera, la política retorna a su cauce electoral con el objetivo de que de las urnas surja un gobierno legítimo y un renovado sistema de partidos, con capacidad de dar respuestas a la crisis multidimensional desatada por la pandemia, que se suma a una crisis política heredada por la ruptura del orden constitucional en noviembre.
Fernando Mayorga es sociólogo y doctor en Ciencia Política. Forma parte del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba. Este artículo fue publicado originalmente por Nueva Sociedad.