La investigación judicial sobre espionaje ilegal a políticos, dirigentes sociales y periodistas durante el gobierno de Mauricio Macri condujo este martes a la detención de 22 personas. Todas ellas deberán declarar como indagadas ante la Justicia argentina.
El juez federal Federico Villena ordenó las detenciones porque hay “nuevos elementos de prueba” que arrojan sospechas sobre esas personas y existe un “riesgo cierto de intimidación hacia las víctimas o a los testigos”. El jurista agregó en su escrito, citado por Página 12, que además la magnitud de esta organización de espionaje “permite presumir que quienes habrían participado en los hechos cuentan con los medios y/o vínculos para eludir la aplicación de la ley penal”.
Entre los detenidos se destaca Susana Martinengo, coordinadora de Documentación de la presidencia, cuya casa fue allanada la semana pasada. La ex funcionaria es sospechosa de haber sido la encargada de reunirse con los espías para recibir informes sobre la ex presidenta Cristina Fernández y dirigentes macristas. Así lo indicó el testimonio que dio otro de los indagados, el ex agente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Jorge Sáez, ante la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que investiga el caso en el Congreso. Sáez dijo que se reunió con Martinengo “al menos cinco veces” en la Casa Rosada, y que le entregó los informes de inteligencia que se elaboraron sobre políticos y periodistas.
Además de Martinengo y Sáez, la lista de detenidos incluye a 12 ex empleados de la AFI, ex funcionarios de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, e integrantes de otras dependencias del gobierno porteño y del sistema penitencial. Según lo que surge de la investigación, aunque los sospechosos dependieran de distintas instituciones del Estado, trabajaron en la órbita de la AFI. Otro elemento que tienen en común es que integraban grupos de Whatsapp en los que se compartía información sobre las personas espiadas.
“Organización criminal con inserción en el Estado”
Villena agrega en su escrito que existen indicios de que funcionó “una organización criminal con inserción en el Estado nacional, provincial y local, cuyos integrantes cumplieron diferentes roles estratégicos [...] valiéndose de su calidad de funcionarios” o de un nexo de dependencia con las fuerzas de seguridad o la AFI.
Los integrantes de esta organización buscaban “obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre personas por el hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, o por la actividad lícita que desarrollaran las víctimas en cualquier esfera de acción”. Su objetivo era “influir en la situación institucional, política, social, económica, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o asociaciones o agrupaciones legalmente constituidas”.
Una de las personas para las cuales el juez pidió la detención, el ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI Alan Ruiz, ya estaba detenida por otra causa que también investiga el espionaje ilegal al kirchnerista Instituto Patria y a Cristina Fernández, señaló el diario Tiempo Argentino. En el caso que lleva adelante Villena, la actual vicepresidenta argentina es blanco de espionaje al igual que dirigentes macristas, como el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y su número dos, Diego Santilli, que se presentaron como querellantes ante la Justicia.
Según denunció Graciela Camaño, actual interventora de la AFI, 400 periodistas que estaban acreditados para las cumbres de la Organización Mundial de Comercio de 2017 y del G20 de 2018 fueron espiados durante la administración pasada sin que ninguna orden judicial lo dispusiera, y el Ejecutivo “almacenaba información de inteligencia” sobre dirigentes sociales de distintos ámbitos.
Por estas prácticas se abrieron cuatro expedientes judiciales. En uno, a cargo de un juzgado de Lomas de Zamora que investiga decenas de interceptaciones de mensajes de correo electrónico, el fiscal Jorge Di Lello imputó en mayo al ex presidente Macri. Para el diputado Leopoldo Moreau, que preside la comisión bicameral que investiga el espionaje, “hay una responsabilidad de Macri en las escuchas que no es sólo funcional, porque él sabía. Macri es el responsable: entre el presidente y la AFI no hay intermediación”.