Dirigentes sociales y políticos de Colombia pidieron investigaciones y pronunciamientos de organizaciones internacionales acerca del espionaje a 130 activistas, periodistas, políticos y funcionarios por parte del Ejército. Unidades de inteligencia militar armaron expedientes que incluyeron desde las comunicaciones privadas de esas personas con sus familiares y compañeros de trabajo, hasta listas de quiénes los siguen en redes sociales o datos de qué infracciones de tránsito cometieron. El espionaje se extendió desde febrero a diciembre de 2019, el período en que el general Nicacio Martínez era jefe del Ejército.
El caso, que fue expuesto en un reportaje de la revista Semana publicado el 2 de mayo, tuvo diversas consecuencias judiciales y políticas desde entonces. La más reciente fue la decisión que adoptó la Corte Suprema de Justicia el martes de abrir una investigación preliminar contra el ex presidente (2002-2010) y actual senador colombiano Álvaro Uribe “como posible destinatario de la información de seguimientos ilegales de inteligencia militar en 2019”, según informó el tribunal. Jaime Granados, abogado de Uribe, insistió en que “se trata de una actuación rutinaria frente a toda denuncia que llega a conocimiento de la corte” y cuestionó lo que calificó de un “escándalo mediático”.
Varios de los periodistas espiados cubrían temas vinculados con el Ejército o con el conflicto armado colombiano, informó Semana. Uno de ellos, el corresponsal del diario The New York Times, Nick Casey, había informado sobre nuevas órdenes que se dieron a los militares el año pasado, que se asemejaban a las que condujeron a los “falsos positivos”, entre 1988 y 2014. Se conocieron con ese nombre los asesinatos de miles de civiles a manos de militares, a quienes luego presentaban como guerrilleros muertos en combate. A cambio de esos supuestos triunfos frente a la guerrilla, los soldados recibían licencias y otros beneficios.
Con ayuda internacional
La revista colombiana informó que las distintas unidades militares que participaron en este espionaje “recibían ayudas económicas de una agencia de inteligencia extranjera” por unos “400.000 dólares anuales para adquirir equipos y herramientas informáticas”. Agregó que “parte de esos recursos terminaron utilizados para adquirir las herramientas para espiar las actividades de ciudadanos estadounidenses, en particular periodistas”.
El origen estadounidense de la agencia extranjera parece claro en el reportaje: “A los norteamericanos no les va a gustar que parte de su propia plata, de los contribuyentes, como dicen ellos, se haya desviado” de las acciones contra el terrorismo y el narcotráfico, “y terminara usada para escarbar la vida de periodistas de importantes medios de su propio país. Eso va a ser un lío”, dijo una fuente citada en el informe.
Al espiar a Casey, los militares también llegaron a reunir información sobre los corresponsales de The Wall Street Journal, Juan Forero, y de National Public Radio, John Otis, que integra el Comité para la Protección de Periodistas, así como de otros tres fotógrafos de The New York Times que viven en Estados Unidos, señaló el reportaje, titulado “Las carpetas secretas”. Sobre Casey, una de las fuentes dijo que se les pedía que consiguieran “elementos para tratar de desprestigiarlo a él y al medio”.
También fueron espiados el reportero gráfico Stephen Ferry y la fotógrafa Lynsey Addario, que publicó su trabajo sobre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la revista National Geographic. Muchos otros blancos del espionaje militar fueron periodistas colombianos: el subdirector de Noticias Uno, Ignacio Gómez, la editora de la unidad de datos del diario El Tiempo, Gina Morel, así como trabajadores de RCN Radio, Univisión, Caracol y Rutas del Conflicto, entre otros. Varios eran integrantes de la Liga contra el Silencio, creada por la Fundación para la Libertad de Prensa, que también fue espiada.
Lo mismo le ocurrió al director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, que había cuestionado en su momento el nombramiento de Martínez como jefe del Ejército porque antes había estado a cargo de una brigada investigada por su papel en la muerte de 23 personas.
Entre las víctimas de espionaje aparecen también dirigentes políticos: los senadores opositores Gustavo Bolívar, Angélica Lozano y Antonio Sanguino, y el ex secretario general de Presidencia del gobierno de Iván Duque, Jorge Mario Eastman, que fue subsecretario de Defensa y actualmente es embajador ante el Vaticano. Incluso algunos militares retirados figuran en la lista.
Con antecedentes
Otro de los espiados fue el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, que trabaja en la defensa de los derechos humanos. En una columna publicada en el sitio web de esta organización, una de sus integrantes, Soraya Gutiérrez Argüello, escribió que en Colombia “se ha normalizado el uso de la inteligencia en contra de sectores sociales con el fin de atacar, hostigar difamar, hacer montajes judiciales, hacer listas para amenazar, asesinar, desaparecer, y un largo abanico de estrategias de represión, persecución y guerra psicológica”.
Recordó que “no hace mucho tiempo fue cerrado el DAS, que era la institución encargada de la inteligencia estratégica del Estado, por un escándalo similar” a este. El Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) fue eliminado en 2011, durante la presidencia de Juan Manuel Santos, a partir de un caso de escuchas telefónicas ilegales que se hicieron durante el gobierno de Uribe y que también fue expuesto por Semana, en 2009. Algunos años después, en 2015, la directora del DAS de tiempos de Uribe, María del Pilar Hurtado, fue condenada a 14 años de prisión por esos actos de espionaje ilegal a militantes por los derechos humanos, políticos, periodistas y jueces.
El espionaje de 2019, según informó Semana el 2 de mayo, estuvo a cargo de unidades que pertenecen a las brigadas de inteligencia militar y al Batallón de Contrainteligencia de Seguridad de la Información. En su columna, la integrante del colectivo de abogados dijo que después de esa publicación se supo que esas unidades utilizaron cinco softwares que “permiten realizar ataques anónimos e ingresar a los dispositivos de las personas” para descargar información de sus comunicaciones.
La abogada reclamó públicamente por una investigación independiente sobre estos hechos mediante “la creación de un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes respaldado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o ambas al mismo tiempo”, como los que han funcionado en otros países. Reclamos como el suyo se repitieron.
Llamado al exterior
Un grupo de 281 organizaciones sociales reunidas en la red Coordinación Colombia-Europa- Estados Unidos pidió a la Corte Penal Internacional “su intervención para profundizar el análisis” que se lleva adelante en Colombia sobre lo ocurrido, “para asegurar que sean individualizados, procesados y llevados ante la Justicia los máximos responsables de estos planes criminales de ataques en contra de personas que defienden los derechos humanos”. Agregaron que este caso no es un hecho aislado, sino que se enmarca en “prácticas reiteradas que se vienen desarrollando de manera continuada al menos desde el año 2002”.
Las organizaciones sociales también reclamaron a la CIDH que actúe frente a esta “grave situación”, y señalaron que el espionaje “afecta los derechos a la intimidad, la integridad, la vida y las actividades de defensa de los derechos humanos, así como las condiciones para la vigencia plena de la democracia y para la consecución y mantenimiento de la paz”, informó la agencia de noticias Efe. Las organizaciones sociales solicitaron además que los países revisen su política de cooperación militar con Colombia para garantizar que “los recursos, herramientas y capacidades de inteligencia militar transferidas no se sigan destinando a la persecución, espionaje o perfilamiento de personas que defienden los derechos humanos”.
Por su parte, tres senadores opositores –Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo; Antonio Sanguino, de Alianza Verde; y Roy Barreras, del Partido de la U– denunciaron lo ocurrido ante la CIDH. Pidieron medidas cautelares para las personas que fueron víctimas de estas acciones, y reclamaron que el gobierno divulgue la lista de los afectados. Cepeda dijo que transmitieron a la comisión que “probablemente se han utilizado recursos de la cooperación de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y que es muy probable que haya ciudadanos de Estados Unidos también en estas circunstancias”.
Otros llamados fueron hechos por organizaciones internacionales –entre ellas Oxfam y Cáritas– en un comunicado en el que alertan sobre “el alto riesgo que corre la sostenibilidad del proceso de paz en Colombia” con “este tipo de persecuciones a la oposición política”, que “ponen en cuestión las garantías de los principios constitucionales y democráticos en Colombia”.
Una de las primeras respuestas llegó de parte de la oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que manifestó su “profunda preocupación” por este caso, y llamó al gobierno a actuar frente a estas prácticas.
El presidente colombiano calificó de “inadmisible” el espionaje ilegal, y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, dijo que “el gobierno está al servicio de los organismos de control para que se conozca toda la verdad”. Señaló que “según la revista Semana esas eventuales o presuntas acciones ilegales habían llegado hasta el despacho del propio presidente de la República”.
Por su parte, la Fiscalía General citó a declarar al ex jefe del Ejército Nicacio Martínez, y la Procuraduría abrió un juicio disciplinario a 13 integrantes de esa arma, entre ellos, dos generales y cinco coroneles. Además, le solicitó al Ministerio de Defensa que revise sus acciones de inteligencia y suspenda las que “no arrojen certeza sobre su sujeción a la Constitución y la ley”. A su vez, el Ministerio de Defensa ordenó el retiro de cinco coroneles, un mayor y tres capitanes. Uno de esos coroneles fue Juan Zapata, el agregado militar de la embajada de Colombia en Washington, que antes fue jefe de la Brigada de Inteligencia Número 1. Se le informó que se daba por terminada su misión diplomática.
Uribe, otra vez
“Otra indagación preliminar por un anónimo cobarde que dice que soy el beneficiario del informe de las carpetas; por el mismo anónimo me investiga desde enero otra magistrada”, tuiteó Uribe. El dirigente, que fue el mentor político de los dos presidentes que gobernaron desde que dejó el poder –Juan Manuel Santos, que poco después de acceder a la presidencia tuvo a Uribe como líder de la oposición, y el propio Duque–, fue investigado por diversos delitos por la Justicia de Colombia. Entre las acusaciones que enfrentó figuran algunas gravísimas, como la de estar involucrado en matanzas de grupos paramilitares. Un coletazo de estas denuncias condujo a su único procesamiento.
Años atrás, Uribe denunció que un dirigente de izquierda, el senador Iván Cepeda, les pagó a ex paramilitares presos para que declararan en su contra. El caso finalmente tuvo un giro y fue Uribe quien terminó procesado por sobornar a testigos para que involucraran a Cepeda, lo que constituye un delito en sí mismo y otro de supuesto fraude procesal. Sin embargo, hasta ahora Uribe no ha recibido ninguna condena.
Más llamados a la Corte Penal Internacional
El caso de espionaje no es el único de Colombia que llegó este año a la Corte Penal Internacional. Otro fue el de las miles de ejecuciones extrajudiciales de civiles que llevó adelante el Ejército colombiano entre 1988 y 2014, conocidas como “falsos positivos”. La Fiscalía investigó más de 5.000 casos en los que se supone que están involucrados unos 1.500 militares.
El martes, durante una conferencia virtual, la Federación Internacional de Derechos Humanos y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo le manifestaron a la Corte Penal Internacional que estos crímenes siguen impunes en Colombia. Recordaron además que ningún alto mando fue condenado, y señalaron también que la Justicia ordinaria dejó de investigar al único jerarca que llegó a declarar ante la Jurisdicción Especial para la Paz, el ex comandante del Ejército Mario Montoya, una vez que su caso entró en esa órbita.