Un centenar de manifestantes recorrió el lunes la Avenida Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.
La protesta, que terminó con saqueos y roturas en edificios, dejó también paredes pintadas con consignas contra la violencia policial y con el nombre de una mujer, identificada como Melanie, que fue golpeada por policías en otra manifestación, el viernes.
La marcha de ese día, como tantas otras, reclamaba castigo para los culpables de la muerte de Giovanni López, un albañil de 30 años que fue arrestado en Guadalajara el 4 de mayo. Un día después, López murió mientras estaba bajo custodia de la Policía, en circunstancias que todavía no están claras.
El caso se hizo público recién un mes después, cuando se difundió un video que muestra el arresto violento de López en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, cerca de Guadalajara. Según dijo al medio LatinUS Christian López, hermano de Giovanni, los dos caminaban con su tía sin barbijo cuando ocurrió la detención, supuestamente por no cumplir con esa medida de prevención de la covid-19 que es obligatoria en el estado de Jalisco. Sin embargo, la fiscalía y las autoridades del estado aseguran que no fue detenido por ese motivo.
Según citó la BBC, Christian López dijo que al día siguiente él y su tía fueron a la comisaría y se les informó que Giovanni estaba grave. Agregó que después de recibir el cuerpo de su hermano, la familia fue amenazada e intentaron sobornarla para que no difundiera el video del momento de la detención.
La muerte de Giovanni López ocurrió en un estado gobernado desde 2015 por un dirigente del liberal Movimiento Ciudadano, Enrique Alfaro, que tiene un discurso de “mano dura” sobre la seguridad pública. Durante su gestión como alcalde de Guadalajara, capital del estado de Jalisco, fueron reprimidos manifestantes y vendedores ambulantes. El gobernador, además, es un rival político del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y esas tensiones se profundizaron frente a la epidemia de covid-19, que en México llegó a los 120.000 casos y las 14.000 muertes.
Cuando López Obrador se resistía a cerrar las escuelas, Alfaro dispuso que se suspendieran las clases en Jalisco y defendió la política de “cero tolerancia” a quien no cumpla las medidas sanitarias decretadas en el estado. “Las medidas de aislamiento social tendrán carácter obligatorio, quien no las cumpla será sancionado, la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir”, dijo en abril, según recordó la agencia de noticias Efe. Una de esas medidas es la del uso obligatorio de tapabocas en la calle. Para el gobernador, quienes no las respeten son “pendejos”.
Después de la muerte de Giovanni, la política de “mano dura” de Alfaro continuó. En las primeras manifestaciones contra la violencia policial fueron detenidos unos 80 jóvenes por policías encapuchados que los golpearon y además les robaron sus pertenencias. Incluso algunos de los arrestados fueron abandonados en lugares alejados, sin que su familia supiera qué había pasado con ellos.
El gobernador responsabilizó por estas acciones a un grupo de policías a los que vinculó con organizaciones delictivas, pero también dejó claro su malestar por las protestas violentas que hubo en respuesta a la muerte de López. “Los responsables de estos hechos pagarán por ello”, dijo Alfaro. Pero agregó que en la sociedad había “dos sentimientos encontrados”, uno de “indignación por la muerte de Giovanni a manos de policías municipales”, y otro de “preocupación” e incluso de “molestia” por las protestas en el centro de Guadalajara.
Alfaro acusó al gobierno de López Obrador de estar detrás de esas manifestaciones en Jalisco. “Le pido al presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá estén midiendo el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación, porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo”, dijo.
El gobernador, que tiene aspiraciones de competir por la presidencia en 2024, agregó que “detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco hay intereses muy precisos y puntuales construidos desde Ciudad de México, desde los sótanos del poder”.
Para López Obrador es “irrespetuoso de la investidura presidencial” hacer esas acusaciones. “No se pueden lanzar esas acusaciones a la ligera, echarles la culpa a otros de lo que está uno enfrentando, de los problemas que cotidianamente tiene uno que enfrentar como gobernante”, dijo. Aclaró además que no le corresponde a su gobierno sino a la Fiscalía y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos intervenir en el caso de la muerte de López.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco ya había manifestado que “este es un caso muy grave” y llamó a “que las autoridades actúen con todo el rigor y garanticen la integridad y seguridad de la familia de la persona fallecida”.