Otras cuatro personas fueron detenidas este martes en el marco de la Operación Océano, que investiga casos de explotación sexual de menores. Los detenidos permanecieron en la sede de Interpol y serán conducidos este miércoles a declarar a los juzgados penales de la calle Juan Carlos Gómez, donde se llevará a cabo la audiencia de formalización. Fuentes de la Fiscalía informaron a la diaria que se trata de tres hombres y una mujer, que fueron detenidos en allanamientos en Montevideo y Maldonado.
La Justicia había imputado el lunes de noche a cuatro de las seis personas que habían sido detenidas ese día, más temprano. La fiscal a cargo de la investigación, Darviña Viera, había pedido formalizar a cinco de los detenidos y ya presentó apelación para el caso restante. En total son 15 las personas imputadas por explotación sexual de menores en el marco de la Operación Océano.
Este martes al mediodía la Fiscalía divulgó fragmentos de la solicitud de formalización, que firmaron la fiscal Viera y sus asistentes Fulvia Favretto y Giuliana Realini. En el documento, que aparece editado para su divulgación pública, se afirma que varios de los imputados se contactaban con las víctimas través de la página de citas Locanto: “En este sitio web es habitual que se publiquen avisos de índole sexual comercial. Esta página ha sido utilizada por varios de los involucrados en esta operación”, señala la Fiscalía. En otros fragmentos de la solicitud de formalización se mencionan también contactos concretados mediante Tinder, Badoo y Whatsapp.
Los detalles del caso
En esta tercera tanda de imputaciones la formalización se efectúa por “retribución o promesa de retribución a personas adolescentes de mantener sexo o cualquier otro acto erótico”, un delito establecido en el artículo 4 de la Ley de Violencia Sexual Comercial o No Comercial Cometida contra Niños, Adolescentes o Incapaces, además de “reiterados delitos de suministro de estupefacientes agravados”.
Según la Fiscalía, la investigación comenzó a finales de 2019 a raíz de una denuncia relacionada a un presunto abuso sexual, que derivó en la incautación de un celular. Desde ese celular fue posible comprobar que la víctima mantenía conversaciones con varios hombres adultos, “dentro de las cuales se encuentran chats con los imputados, y también con los formalizados recientemente”.
Uno de los hombres imputados, según este documento, empezó a chatear por WhatsApp con la adolescente el 25 de diciembre de 2018, luego de contactarla por Locanto. En ese momento, la adolescente tenía 16 años y el imputado 54 años. El primer encuentro entre ambos que pudo verificar la Fiscalía se concretó en la tarde del 14 de agosto de 2019, en la zona del shopping Portones. Según la investigación, las características de los mensajes demuestran que estos encuentros “eran de naturaleza sexual”.
En otro caso, la comunicación se inició en marzo de 2019 y luego se registran diálogos por Badoo, Tinder y Locanto. En este caso, el imputado le pide a la adolescente que le envíe fotos y luego le hace comentarios “con respecto al precio dispuesto”.
En otro de los casos, la Fiscalía demostró que uno de los imputados “prometió pagar y pagó a dos adolescentes para que estas ejecuten actos de naturaleza sexual o erótica”. En otro de los casos, se constató un encuentro con fecha 20 de noviembre de 2018, cuando la víctima tenía 16 años: “Sin perjuicio de dicha fecha, atento al tenor del mensaje, es claro que ya se conocían y habían mantenido encuentros sexuales”, concluye la fiscalía. En este caso se registraron pagos con dinero y estupefacientes. En esta tanda de imputados hay un psicólogo, un ingeniero que trabaja en la industria arrocera, un odontólogo y un docente.
En el marco de esta investigación, la fiscal había pedido también la formalización de otro hombre por reiterados delitos de retribución o promesa de retribución a personas menores de edad para que ejecuten actos sexuales o eróticos de cualquier tipo, pero esa opción fue desestimada por la jueza actuante. La Fiscalía apeló esa decisión en la jornada de este martes.
Por otra parte, para los cuatro imputados se solicitó como medida cautelar la obligación de fijar domicilio y la prohibición de acercamiento y comunicación por cualquier medio con la víctima por el plazo de 180 días. En el caso de uno de ellos, de nacionalidad extranjera, se dispuso el cierre de fronteras y la retención de los documentos de viaje.
Los jueces
En las audiencias de formalización que se han efectuado en el marco de la Operación Océano actuaron tres jueces penales diferentes: Adriana de los Santos, Marcelo Malvar y Diovanet Olivera. En las tres solicitudes de formalización, la fiscal Viera pidió que se disponga la suspensión en el ejercicio de la patria potestad o guarda de los imputados respecto de sus hijos. También que los imputados queden inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y “todas aquellas que impliquen tratos directos con niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia”. Olivera y Malvar hicieron lugar a esta solicitud, pero De los Santos descartó la aplicación de la medida.