Celso de Mello, uno de los ministros que integran el Supremo Tribunal Federal (STF) ‒máxima instancia de la Justicia brasileña‒ recibió este martes una notificación de la Policía Federal según la cual en los “próximos días será necesario realizar una audiencia” con el presidente Jair Bolsonaro, en el ámbito de la investigación que se está realizando para saber si el mandatario interfirió de forma indebida en una acción llevada adelante por el STF.
La delegada Christiane Correa Machada, quien conduce la investigación policial, le escribió a De Mello, encargado de la acción dentro del STF, que “las investigaciones están avanzando y por esa razón en los próximos días será necesario realizar una audiencia” con Bolsonaro. En la comunicación, la Policía Federal no informó si la audiencia con Bolsonaro se desarrollará en forma presencial o por escrito, cuestión sobre la que debe expedirse De Mello, de acuerdo a lo que informaron medios brasileños.
En concreto, la investigación intenta determinar si Bolsonaro removió de su cargo al ex director general de la Policía Federal Maurício Valeixo para proteger a familiares y aliados políticos de investigaciones que estaban en curso, acusación realizada por el ex ministro de Justicia y Seguridad Pública y ex juez Sérgio Moro en el momento de su renuncia al cargo.
Por otra parte, este martes la Procuraduría General de Brasil informó que recurrirá la decisión de la Justicia del Distrito Federal que obliga al mandatario a utilizar tapabocas en los espacios públicos de Brasilia en el marco de las medidas sanitarias adoptadas en la capital brasileña para combatir la expansión de la pandemia de coronavirus, que, de acuerdo a cifras oficiales, ya cobró la vida de más de 52.500 personas.
Desde el comienzo de la pandemia, que afectó con particular virulencia a la nación norteña, el mandatario ultraderechista minimizó los riesgos del virus y burló sistemáticamente las medidas de aislamiento recomendadas; incluso participó en varios actos en los que hubo aglomeraciones sin ninguna medida de protección.
En un comunicado publicado en la tarde del martes, desde la Procuraduría se dijo que “se están estudiando todas las medidas posibles para revertir la disposición y preservar la independencia y la armonía entre los poderes”.
Más temprano, la Justicia del Distrito Federal había determinado que el presidente debería usar protección en los espacios públicos y, en caso de que no lo hiciera, debería pagar una multa diaria de 2.000 reales (algo más de 16.000 pesos uruguayos).
Otro frente que se le abrió a Bolsonaro en las últimas horas provino, inesperadamente, de dos de las entidades bancarias más importantes del país, Itaú y Bradesco, que reclamaron al gobierno que intervenga para detener la desforestación de la Amazonia, temiendo las consecuencias económicas que la inacción sobre este aspecto puede conllevar para el país.
De acuerdo a lo que informó el diario O Estado de São Paulo, el presidente del banco Itaú, Candido Bracher, denunció que los incendios en la Amazonia están siendo “60% más grandes que el año pasado” y pidió que haya una movilización “como sociedad” para revertir esta situación.
El banquero dio esa declaración durante un debate virtual en la apertura de una feria de tecnología bancaria promovida por la Federación Brasileña de Bancos.
En la misma línea que Bracher se manifestó el presidente del banco Bradesco, Octavio de Lazari, quien también le reclamó al gobierno una actitud más comprometida con la ecología en la región amazónica. “Todo el mundo hablaba de la sustentabilidad, del problema del planeta con el calentamiento global, de la reforestación, de la calidad del aire, del agua, pero tenemos que reconocer que hemos hecho muy poco en relación a estos temas”, expresó Lazari.
Las declaraciones de estos dos importantes jerarcas de la banca brasileña no surgieron en el vacío, sino que vienen a cuento de una declaración realizada por siete grandes empresas inversoras europeas, que afirmaron la semana pasada, en una declaración recogida por la agencia de noticias Reuters, que recortarían sus inversiones en la producción cárnica, en la operación de granos y hasta en los títulos de deuda emitidos por el Estado brasileño, si no ven un progreso respecto de la progresiva destrucción de la Amazonia.
El lunes, buena parte de las embajadas brasileñas en Europa occidental recibieron una carta firmada por 30 entidades financieras y publicada por el diario Financial Times, en la que amenazaron con retirar sus inversiones del país en caso de que el gobierno que encabeza Bolsonaro no pare de desforestar la Amazonia.