Miles de personas se movilizaron el sábado en el Obelisco de Buenos Aires, a pie, en auto o golpeando cacerolas desde los balcones, para manifestar su rechazo a la decisión del presidente de Argentina, Alberto Fernández, de expropiar Vicentín. El mandatario ya había dado marcha atrás, pero la convocatoria estaba hecha y de ella se hicieron eco quienes consideran que la eventual expropiación no es, como dice el gobierno, un hecho puntual, sino un intento de “convertir a Argentina en Venezuela”, como dijo a un medio local una de las señoras que estaban en la concentración porteña, que se replicó en al menos una decena de localidades de todo el país. “El banderazo no es a favor de Vicentín. Se está defendiendo el modelo de país que queremos”, aseguró Dionisio Scarpin, el intendente de la localidad de Santa Fe llamada Avellaneda, en la que está instalada la empresa, que es de la Unión Cívica Radical.
La llegada del coronavirus, hace más de tres meses, instauró en Argentina un período en el cual no hubo grandes críticas políticas, salvo algunas excepciones, mientras las dos principales coaliciones políticas lidiaban con la situación en el país, en las provincias y en la Ciudad de Buenos Aires. Eso se fue resquebrajando y la decisión del gobierno de tomar acciones con respecto a Vicentín parece marcar su fin.
En 1929 los dos hermanos Vicentín abrieron un modesto comercio en Avellaneda, Santa Fe. Con los años se fue expandiendo, sobre todo en el sector agroindustrial, con la plantación y la exportación de distintos tipos de grano. En sus distintas etapas se involucró en sectores tan dispares que tuvo un frigorífico, una algodonera, una fábrica de insumos farmacéuticos y una empresa de construcción. Actualmente Vicentín es un grupo de empresas, fábricas, plantas industriales, cerealeras, aceiteras y bodegas que fue responsable de 3% de las exportaciones argentinas de 2019. Además de su propia fabricación, la empresa compraba a miles de pequeños productores en varios rubros, sobre todo granos, para luego exportar esa producción.
En diciembre Vicentín fue a concurso preventivo de acreedores porque no podía pagar sus deudas. Cerró la mitad de sus instalaciones –enviando a sus trabajadores al equivalente del seguro de paro– y dejó de pagar a cientos de pequeños productores que dependían únicamente de la empresa. Vicentín debe 1.350 millones de dólares, de los cuales unos 1.000 millones corresponden a préstamos bancarios (la mayoría con el estatal Banco Nación).
Argumentando que el Estado es el principal acreedor de Vicentín y planteando la necesidad de pagarles a trabajadores y productores, Fernández decretó la intervención de la empresa y envió al Congreso un proyecto de ley para expropiarla. Los sectores del oficialismo más cercanos al kirchnerismo celebraron una decisión que se tomó con mucha cautela desde las agrupaciones más de centro o “albertistas”, como les han llamado en los últimos meses. La oposición consideró que esta es la señal definitiva de que el gobierno está en manos de la vicepresidenta, Cristina Fernández, y no de quien tiene la presidencia.
Hay quienes dicen que el freno a la expropiación lo puso el rechazo que surgió de la oposición, los medios de comunicación, los analistas que hasta ahora venían moderando sus críticas al gobierno e incluso organismos internacionales que habrían manifestado al gobierno su preocupación por el tema. Otros aseguran, desde el gobierno y pidiendo anonimato, que Fernández nunca quiso expropiar, pero fue la única alternativa que encontró en su momento.
Empezaron semanas de propuestas y análisis sobre las alternativas a la expropiación, y el tema fue judicializado por los directivos de Vicentín, que el viernes tuvieron una buena noticia: el juez Fabián Lorenzini los restituyó y sacó a quienes el gobierno había nombrado directores interventores. Ese mismo día se anunció un plan acordado entre el gobierno nacional y el de Santa Fe, liderado por el gobernador Omar Perotti, también peronista. La propuesta es que la intervención se haga por medio de la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe, quitando al gobierno nacional, pero con el mismo interventor que este había designado, Gabriel Delgado. Si esta acción es avalada por el juez Lorenzini, en el concurso preventivo de acreedores, Vicentín, representada por el gobierno, impulsaría una sociedad mixta con el Estado como accionista mayoritario (porque es su principal acreedor).
Fernández planteó su respaldo a esta posibilidad en una entrevista con la radio El Destape: “El objetivo sigue siendo el mismo [...]. No podemos dejar que esos mismos accionistas sigan al frente de la empresa, porque son los causantes del problema”.