Aloizio Mercadante fue uno de los fundadores del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil. Economista de profesión, tiene una larga trayectoria política que lo llevó a ocupar escaños en el Congreso de su país en varias ocasiones, y a presidir el Parlamento del Mercosur. Durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva y de Dilma Rousseff fue ministro de Educación, jefe de gabinete y ministro de Ciencia y Tecnología.
Actualmente, con 66 años, el dirigente, que preside el Instituto Perseu Abramo ‒plataforma desde la que el PT analiza, elabora y formula políticas públicas‒, se tomó un tiempo para hablar con la diaria sobre la realidad de su país, el futuro de su partido y la situación de la izquierda en América Latina.
Jair Bolsonaro ha sido incapaz de construir una salida, de proponer medidas de emergencia y de dejar de lado la ideología neoliberal, la ortodoxia fiscal permanente y el intento de imponer un Estado mínimo. En este momento es el Estado el único capaz de revertir la situación, con un programa de inversión en políticas públicas y con una renta básica universal de emergencia.
¿Cómo podría resumir la actualidad brasileña?
El país en este momento está viviendo una serie de crisis graves, que se interponen y se retroalimentan. La primera es la crisis sanitaria provocada por la pandemia de covid-19. Brasil es el único país del mundo que lleva siete semanas consecutivas con un promedio de más de 1.000 muertes por día. La enfermedad está en pleno proceso de expansión, con un nivel muy alto de muertes. Eso ocurre, sobre todo, porque hay un gobierno oscurantista que no cree en la medicina basada en la evidencia científica, que no planeó en forma anticipada una estrategia de acción contra la epidemia, que no invirtió en unidades de terapia intensiva, y que no promovió los testeos masivos ni medidas de distanciamiento social. Esta grave crisis sanitaria acentuó la crisis económica que ya existía. La proyección del Fondo Monetario Internacional estima que el Producto Interno Bruto (PIB) del país caerá 9,1% durante este año, y que el mercado de trabajo caerá 6,5%, y las estimaciones más optimistas prevén que el PIB caerá 4.5%, por lo que la recesión que habrá será la más grande en los 120 años de historia documentada de Brasil. Sólo en este mes, 7.600.000 personas dejaron de tener ingresos. Esta crisis económica responde a que el gobierno de Jair Bolsonaro ha sido incapaz de construir una salida, de proponer medidas de emergencia y de dejar de lado la ideología neoliberal, la ortodoxia fiscal permanente y el intento de imponer un Estado mínimo. En este momento el único agente capaz de revertir la situación es justamente el Estado, con un programa de inversión en políticas públicas y con una renta básica universal de emergencia. De cada diez votaciones que se realizan en el Congreso, ocho son impulsadas desde el propio Parlamento, lo que muestra que este gobierno no tiene propuestas, ni liderazgo. Entonces hay también una grave crisis política. Hay un presidente de la República que tiene 52 pedidos de impeachment ya ingresados en la Cámara de Diputados. Además, están en plena investigación la relación clan Bolsonaro con las milicias y con las llamadas rachadinhas, un mecanismo ilegal de apropiación de recursos públicos que involucra a familiares del presidente. A esto se agregan las denuncias de financiamiento de redes de fake news que están siendo investigadas por el Supremo Tribunal Federal [STF]. A causa de todas estas acciones, Bolsonaro dejó de lado su visión de que todo era simplemente una disputa política y oscurantismo ideológico, y comenzó a construir una base de apoyo en el Congreso, abriendo espacios dentro de la maquinaria del Estado para los partidos de centroderecha, como una manera de impedir que avancen los pedidos de impeachment. Todo ese conjunto de crisis simultáneas configura un cuadro socialmente dramático: tenemos más de 11 millones de desempleados y diez millones de personas que no están trabajando porque sus actividades fueron paralizadas, estamos ante la mayor crisis de nuestra historia y con un gobierno cuyas respuestas han sido mínimas
Usted fue durante dos períodos ministro de Educación. ¿Cómo ve la situación actual en esa área?
La educación es una de las grandes prioridades estratégicas del país. Nosotros tuvimos una educación pública tardía, las primeras universidades del país están cumpliendo apenas 100 años, y eso se debe a que la colonización portuguesa centraba toda la educación superior en la metrópoli. Cuando comenzó el régimen republicano en el país todos los ministros habían sido formados en la Universidad de Coimbra, en Portugal. Tenemos un inmenso desafío de acceso y de calidad en la educación pública. Durante los gobiernos del PT hubo una transformación fantástica de la educación. Aumentamos 217% el presupuesto en educación por encima de la inflación de esos 13 años. La cantidad de estudiantes universitarios pasó de 3.400.000 a 8.200.000. Además, se establecieron cuotas mediante las cuales la mitad de las plazas de todas las universidades públicas tenían que provenir de instituciones educativas públicas, que son el 87% del total. Eso cambió el perfil de las universidades públicas, federales, gratuitas y llevó a que 85% de los recibidos en 2015 fueran los primeros de sus familias en recibir un título de enseñanza superior. También creamos una amplia red de institutos federales de educación técnica y profesional, además de fortalecer todos los niveles de enseñanza. Cuando Bolsonaro comenzó su gobierno marcó varios blancos a los que atacar, como parte de una guerra cultural ideológica patrocinada por un sector de la extrema derecha. Pasó a ser blanco de ataques todo lo que tiene que ver con la educación, la cultura, las acciones contra el racismo y de afirmación de derechos de la población negra, que es la mayoría de la población brasileña, así como la lucha de los movimientos feministas. En el ámbito de la educación, el gobierno puso como blanco la escuela que acoge a todos, que respeta la pluralidad y la diversidad e intentó establecer un programa llamado Escuela sin Partidos, mediante el cual quisieron prohibir a los docentes hablar sobre política, ideología y género. Fueron claramente derrotados en todos los niveles y no pudieron avanzar con esa iniciativa. Entonces se agudizó el ataque contra las universidades públicas y contra la educación pública en general. Porque esencialmente lo que [el ministro de Economía] Paulo Guedes quiere es que la educación sea manejada desde el ámbito privado. Por suerte, esta semana el Congreso aprobó por una enorme mayoría la ampliación del Fondo de Desarrollo y Mantenimiento de la Educación Básica, que es un plan creado durante el gobierno del PT que mantiene en funcionamiento el sistema de educación pública en todo el país. Fue una importante victoria en la defensa del bienestar social y de la educación como bien público, pero esta disputa va a continuar, es permanente. Afortunadamente, la educación es un sector que está muy organizado, que tiene una gran capacidad de movilización, pero el enfrentamiento, la guerra cultural promovida por la extrema derecha es un gran desafío para las fuerzas progresistas y democráticas que luchan por una escuela laica, abierta, republicana, accesible y de calidad.
Esta semana Tarso Genro, ex presidente del PT, dijo que le gustaría que el partido apoyara a Guilherme Boulos, del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), en las elecciones municipales de San Pablo. ¿Qué piensa sobre esa propuesta y cómo se está organizando el PT? Si bien Lula recuperó la libertad, no es seguro que para las elecciones del 2022 se le restituyan sus derechos políticos plenos.
Creo que en la actual coyuntura el PT tiene que actuar en dos frentes. Por un lado, un frente democrático para conseguir sumar apoyos e impulsar la campaña contra el gobierno de Bolsonaro, porque sólo esa movilización podrá hacer posible que alguno de los pedidos de impeachment salga adelante y poner fin a esta tragedia que es su gobierno. Por otro lado, el PT debe construir un frente de izquierda estratégico y un proyecto de futuro. Ahora estamos trabajando en un plan de reconstrucción y transformación del país, que lo vamos a terminar sobre el final de este mes. Constituimos un núcleo de acompañamiento de las políticas públicas en todas las áreas del gobierno federal y tenemos una fuerte movilización partidaria para hacer, elaborar y dar conocer estas propuestas. Hay propuestas de emergencia, para salir de la crisis y otras estructurales, que apunten a crear una nueva utopía, una nueva síntesis civilizatoria, un nuevo modelo que promueva la transición ecológica, la transición energética, un reordenamiento de la industrialización, poniendo énfasis en las economías del conocimiento. El centro de nuestra preocupación sigue siendo el combate a la desigualdad social, por lo que pretendemos una reforma tributaria que se aplique sobre el patrimonio de los grandes capitales financieros y sobre las grandes herencias. Estamos trabajando mucho en esa perspectiva. En las elecciones municipales creo que cada fuerza debe presentarse con candidaturas propias, porque ahí se verá realmente cuál es la situación actual de muchos sectores políticos. Con respecto a la propuesta de Tarso Genro, que es mi amigo y con quien estamos trabajando juntos en varios proyectos, no estoy de acuerdo con su análisis. Él planteó algo similar en las elecciones presidenciales de 2018. Como Lula no podía ser candidato, dijo que el PT debería apoyar a Boulos o a Manuela D´Avila [del Partido Comunista de Brasil]. Boulos fue candidato y terminó en el décimo lugar, con 0,58% de los votos. Fernando Haddad [el candidato a presidente del PT] lanzó su campaña 20 días antes de la elección, con el apoyo de Lula, y consiguió 29,28% de los votos. Creo que lo que tenemos que hacer es luchar para que Lula quede libre definitivamente y pueda ser candidato en las próximas elecciones presidenciales. Porque Lula antes de las elecciones de 2018 fue víctima de lawfare, fue perseguido políticamente, se llevaron por delante todos sus derechos y garantías, y todo eso va a tener que ser juzgado por el STF, porque quedó demostrado que no hubo imparcialidad del juez durante su proceso, lo cual es una cláusula pétrea del sistema judicial brasileño.
Como integrante del Grupo de Puebla, ¿qué propuestas concretas tienen hoy para implementar en los países de América Latina?
Toda la construcción que se hizo en muchos niveles entre muchos gobiernos de la región, cuando existían gobiernos de izquierda, está muy comprometida por el ascenso de las fuerzas derechistas y por el retorno de proyectos neoliberales. Entonces lo que el Grupo de Puebla debe hacer es rescatar esa cultura y esa historia que hubo durante parte de este siglo. Todas las grandes figuras de la izquierda latinoamericana están representadas en el grupo, aunque ahora en el poder sólo está Alberto Fernández, que fue uno de los fundadores y también hay ministros del otro gobierno progresista de la región, que es el de México. Nosotros queremos conformar un grupo parlamentario que tenga hasta cuatro integrantes por cada uno de los 17 países que están en el grupo y también queremos hacer un equipo jurídico, que tenga una actuación contra las acciones de lawfare y contra las persecuciones políticas que hay en este momento. Es el caso de Rafael Correa en Ecuador, porque no sólo lo están persiguiendo a él, sino también a su partido, que estaba primero en las encuestas. Y lo mismo está pasando en Bolivia. Después de que se comprobó que no hubo fraude en las elecciones y que el informe que realizó la Organización de Estados Americanos que ayudó a que se diera el golpe de Estado contra Evo Morales estuvo mal hecho, ahora quieren proscribir al Movimiento al Socialismo. Además de realizar estas acciones, nosotros queremos impulsar una reforma tributaria global para terminar con los paraísos fiscales. Hacer que los grandes conglomerados digitales y financieros paguen impuestos proporcionalmente a las ganancias que tengan en cada país. También pretendemos crear un único registro financiero global, para poder poner impuestos sobre los grandes capitales y financiar una renta básica universal. Otra propuesta que tenemos es que se renegocien las deudas públicas de los países de América Latina, principalmente de aquellos que tienen economías más frágiles. Creo que es un momento muy importante. América Latina precisa pensar en su futuro y esta crisis puede ser una oportunidad, quizá la última que podamos tener, para poder repensar nuestra relación con la naturaleza, para poder crear un mundo más solidario, con menos desigualdad e injusticia.