El partido ecologista Rede Sustentabilidade, liderado por Marina Silva, solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) que ordene la apertura de una investigación sobre un informe elaborado por la Secretaría de Operaciones Integradas (Seopi) –entidad creada durante la gestión de Sérgio Moro como ministro de Justicia y Seguridad Pública– en el que se fichó a 579 empleados públicos federales y estaduales a quienes se identificó como “antifascistas”. La denuncia fue realizada luego de que el informe elaborado por la Seopi fuera revelado por el periodista Rubens Valente, quien se desempeña en el portal de noticias UOL. En la lista de personas investigadas hay funcionarios de seguridad, como policías y también docentes de todas las regiones del país, de acuerdo a lo que informó Jornal de Brasilia.
La Seopi fue creada durante la gestión de Moro con la finalidad de agrupar operaciones policiales contra el crimen organizado y redes de pedofilia. Pero cuando Moro renunció al cargo, luego de tener notorias desavenencias con el presidente Jair Bolsonaro, quien según el ex juez pretendió interferir políticamente en la Policía Federal, el nuevo ministro, André Mendonça, quedó al frente del ministerio y le cambió las atribuciones a la Seopi, que pasó a ser una secretaría nacional, con más poder y autonomía para realizar sus acciones.
Poco tiempo después de asumir, Mendonça nombró a un funcionario de la Policía Civil del Distrito Federal de Brasilia para comandar la Seopi y luego le solicitó que llevara a cabo una exhaustiva investigación acerca de movimientos que pudieran poner en riesgo la “estabilidad política” del gobierno comandado por el ultraderechista Bolsonaro. “Lo que vemos es un aparato estatal tendiente a las persecuciones políticas e ideológicas desde una brújula cuyo norte es el gobernante de turno: quien no está de acuerdo con él debe ser investigado en forma secreta y tener su imagen expuesta en estos informes ‘vergonzantes’ ante las instituciones en que trabajan”, afirmó Rede en su pedido al STF.
Los denunciantes agregaron en el texto que “es interesante ver cómo el Ministerio de Justicia no parece tener las mismas intenciones de emprender actividades de inteligencia contra funcionarios del Palacio de Planalto, quienes al parecer –de acuerdo incluso con investigaciones en curso dentro del STF– integran una organización criminal creada por la difusión de noticias falsas que atacan al Poder Legislativo y también al Judicial”.
Además de la apertura de la investigación, Rede le pidió al STF que solicite la presentación del informe creado a instancias del ministro Mendonça y que evite la elaboración de nuevos informes con el objetivo de espiar ilegalmente a los ciudadanos. El partido ecologista también quiere que el ministerio informe públicamente qué contenido ha producido desde el año pasado para el subsistema de inteligencia de seguridad pública, señalando, como mínimo, el propósito de las investigaciones y los destinatarios de los informes.
Rede acusó al gobierno de Bolsonaro de promocionar la instauración de un “verdadero aparato estatal” utilizando para ello la estructura pública oficial para perseguir a sus opositores políticos. “Desafortunadamente, Brasil todavía no logró superar totalmente la impronta autoritaria y dictatorial de limitaciones indebidas a la libertad de expresión”, concluye el petitorio de Rede.