El gobierno de Brasil anunció que va a adoptar “las medidas posibles” para reducir el ritmo de la deforestación de la Amazonía, después de que empresarios de ese país y del resto del mundo manifestaran su preocupación por este aspecto.
Los datos registrados por el Instituto Nacional de Investigación Espacial y cuestionados por el gobierno respaldan las preocupaciones por la deforestación en la Amazonía: en el primer semestre del año el área deforestada fue 25% más grande que la del mismo período de 2019.
Después de que se difundieran estos últimos datos fue destituida Lubia Vinhas, la responsable del monitoreo satelital de la selva, mediante el cual se consigue la información. Organizaciones ambientalistas lamentaron su salida y la atribuyeron a motivos políticos.
El reclamo de los fondos de inversión
Pero lo que parece haber movido la aguja del gobierno no son estas críticas, sino una carta pública emitida a fines de junio por varios fondos de inversión. Allí, le pidieron al gobierno de Jair Bolsonaro que detenga la deforestación de la Amazonía y expresaron su temor de que el gobierno utilice la crisis generada por el coronavirus para impulsar su desregulación ambiental, lo que pondría en riesgo su supervivencia.
La preocupación no es meramente ecológica: “Nos preocupa el impacto financiero que la deforestación y la violación de los derechos de los pueblos indígenas puedan tener sobre nuestros clientes y sociedades participadas, al incrementar potencialmente los riesgos de reputación, operativos y regulatorios”, manifiestan en la carta.
La respuesta del gobierno de Jair Bolsonaro
Este miércoles se refirió a este tema el vicepresidente brasileño, Hamilton Mourão, quien lideró una reunión de varios jerarcas en la que se buscaron “soluciones para la Amazonía”. Reconoció que hay una “necesidad de una nueva política de Estado para la Amazonía”, pero también sostuvo que hay un “firme compromiso del Estado brasileño, representado por el gobierno, con la protección de la Amazonía y el desarrollo de esa región”. “Vamos a reducir la deforestación al mínimo aceptable y demostrar a la comunidad internacional nuestro compromiso”, añadió.
El vicepresidente repasó las medidas adoptadas hasta ahora para proteger la Amazonía, entre ellas el despliegue de unos 4.000 soldados de las Fuerzas Armadas en el territorio, con el objetivo de combatir la minería y la tala de árboles ilegales. En este sentido, Mourão dijo que hay cada vez más personas involucradas en estas actividades como consecuencia de la crisis económica vinculada a la pandemia del coronavirus, lo que dificulta su combate.
Por último, Mourão reconoció que es necesario “recuperar” la capacidad de fiscalización de los organismos oficiales, una estructura que según los grupos ecologistas fue “desmantelada” por el gobierno, algo que este ha rechazado.