En un intento de encauzar los votos de toda de la coalición de gobierno, conformada por partidos de derecha y de centroderecha, el presidente chileno, Sebastián Piñera, recibió este martes en el Palacio de la Moneda a los principales dirigentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI).
La intención del mandatario es que no se apruebe en el Senado el proyecto de ley, votado favorablemente la semana pasada en la Cámara de Diputados, por el cual se habilita a todos los ahorristas de las AFP –fondos de pensión privados– a retirar 10% de sus haberes acumulados por única vez, como manera de amortiguar la gran crisis económica que está sufriendo el país como consecuencia de la pandemia de coronavirus.
En la votación en la cámara baja algunos diputados de la coalición oficialista acompañaron el proyecto, que contó con las adhesiones de todos los legisladores de los sectores progresistas, por lo que el mandatario está jugando todas las cartas posibles para que no ocurra lo mismo en la votación prevista para hoy.
Luego del encuentro con Piñera, Jacqueline van Rysselberghe, presidenta de la derechista UDI, afirmó que el Ejecutivo deberá evaluar si, en caso de que el proyecto sea aprobado en el Senado, lo veta o recurre al Tribunal Constitucional para pedir que se declare inconstitucional dicha norma. La dirigente ya había manifestado su preocupación por el tema el domingo, cuando en declaraciones a Canal 13 argumentó que se estaba cayendo en el “parlamentarismo”.
“Una de las cosas que nos molestan de este proyecto es que en el fondo estamos cayendo en un parlamentarismo de facto. Nadie discute que hay que ayudar a la clase media, pero no podemos cambiar las reglas del juego”, afirmó Van Rysselberghe, quien agregó que en caso de que el presidente no vete el proyecto, estaría aceptando una “triquiñuela” de la izquierda para modificar el régimen de las AFP. Este modelo de pensión fue impuesto durante la dictadura de Augusto Pinochet y a lo largo de los años ha sido fuertemente resistido por amplios sectores de trabajadores chilenos.
También este martes se expresó sobre el tema el líder del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde, quien en declaraciones a Radio Cooperativa pidió al gobierno que cambie su actitud y tome conciencia de la crisis que el país está viviendo. “Esta crisis implica respuestas contundentes”, afirmó Elizalde, quien agregó que la iniciativa del retiro del 10% avanzó básicamente por dos motivos: porque el Ejecutivo de Piñera está manejando de muy mala manera la crisis generada por la pandemia, y por el cuestionamiento al sistema de las AFP. “Hay que hacerse cargo del drama ciudadano, de lo mal que lo están pasando muchas familias y de la necesidad de dar respuestas rápidas”, expresó Elizalde, quien dijo también que “existe una amplia mayoría parlamentaria para aprobar el retiro del 10%, por lo tanto, si hubiera obstáculos vendrían de la actitud del gobierno; esperamos que no insista en utilizar vetos o en recurrir al Tribunal Constitucional”.
En la misma línea se manifestó una de las impulsoras del proyecto, la diputada Alejandra Sepúlveda, representante del izquierdista Federación Regionalista Verde Social (FRVS), quien en declaraciones a la radio Bio Bio dijo que un eventual veto de Piñera a la iniciativa en caso de que sea aprobada en el Parlamento sería muy grave. “Un veto presidencial después de que el proyecto pasara todas etapas legislativas, con 85% de aprobación de la ciudadanía, con una pandemia que hace que se necesiten los recursos ahora… Yo creo que sería la muerte política de este gobierno. Si eso ocurriera, al día siguiente todos estaríamos pidiéndole la renuncia al presidente de la República. Si eso ocurre, el presidente tiene que renunciar”, afirmó.
Este proyecto generó agrias discusiones dentro de la ya de por sí convulsionada sociedad chilena, que en esta crisis generada por la pandemia ve una especie de continuación de los estallidos sociales que comenzaron a generarse en octubre del año pasado. Estas fricciones se traducen en acciones violentas; así fue que dos diputados, Jaime Mulet, del FRVS, y el demócrata cristiano Matías Walker, recibieron amenazas de muerte en la víspera de la votación del proyecto en diputados.
Los legisladores realizaron la denuncia correspondiente. A su situación se refirió este martes el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien repudió estos hechos. “Es algo particularmente grave. La violencia es incompatible con la democracia, y la violencia política es una suerte de fascismo que no podemos permitir ni tolerar. Tenemos que rechazarla”, enfatizó el integrante del gabinete de Piñera.