Los representantes legales de Pablo Iglesias, líder de la coalición Unidas Podemos y actual vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, presentaron este miércoles una denuncia contra Miguel Ángel Frontera, uno de los organizadores de los escraches que se vienen realizando en los alrededores de la casa en la que habitan el político izquierdista junto a su esposa, la ministra de Igualdad Irene Montero y sus tres hijos, dos mellizos de dos años de edad y una niña de 11 meses.
De acuerdo a lo que informó el portal Público, desde hace dos meses y medio grupos ultraderechistas vienen realizando concentraciones en el entorno de la vivienda de Iglesias, ubicada en Galapagar, municipio situado a 30 kilómetros de Madrid. Ante esto, el político decidió denunciar al principal promotor de estos escraches, el militante ultraderechista Miguel Ángel Frontera.
Según los abogados de Iglesias, el acusado sería el autor de seis delitos: coacciones, acoso, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y otro delito contra los recursos naturales y el medioambiente.
De acuerdo a lo que se informó, en las concentraciones, en las que Frontera suele participar desde un auto, los movilizados exhiben banderas carlistas, cacerolean, además de portar carteles con leyendas agresivas, como por ejemplo “Pablo Iglesias, hijo de terrorista”.
Además, en un cerro situado a 400 metros de la casa, los militantes fascistas suelen poner grandes parlantes desde donde irradian el himno franquista Cara al sol.
Existen múltiples videos en los que quedan de manifiesto las acciones de estos grupos contra Iglesias y su familia. En uno de ellos, grabado el 18 de julio, un grupo de personas, entre las que se encontraba el acusado, se agolpó en las puertas de la casa y llegó a desearle la muerte a Iglesias. En otro de los videos aportados a la Justicia, Frontera aparece con un cartel que dice: “Irene Montero, ministra analfabeta cuyo mérito es tener las rodilleras gastadas”.
Las concentraciones comenzaron el 15 de mayo, y los participantes manifestaron su intención de “no parar hasta que” los blancos de sus ataques “se marchen de España”.
Según expresaron los abogados de Iglesias en el escrito que presentaron ante la Justicia, el “acoso permanente” al que se ve sometido el vicepresidente segundo, y en concreto la actuación de Frontera, constituye “una grave alteración de la vida cotidiana del querellante y su familia que inevitablemente hace más difícil el importante papel encomendado por la ciudadanía a la víctima”.
En el texto se especifica que esta “actividad delictiva” es “insistente, reiterada”, y además se ve amplificada por su difusión en redes sociales.
Los juristas expresan que estas manifestaciones, “que alteran el orden público, con marcado carácter de gamberrismo, intromisión y de lesión a los derechos de la familia de Don Pablo Manuel Iglesias Turrión y del resto de sus vecinos”, en ningún caso “pueden ser confundidas con el legítimo derecho de reunión, manifestación y expresión consagrados en nuestra Constitución española”.
Consideran demostrado que esto “no es una protesta política”, sino la plasmación de “una animadversión personal y de odio al vicepresidente del gobierno de España y a su familia”.
Paralelamente, los denunciantes informaron que Frontera “ha creado una plataforma de crowdfunding de la que pretende obtener ingresos económicos para seguir dando soporte a las supuestas protestas”.
“Es decir, Don Miguel Ángel Frontera se lucra, recabando aportaciones económicas de los ciudadanos, para financiar la actuación ilícita y delictiva que lleva a cabo, lo que a nuestro juicio merece mayor reproche y agrava su conducta”, se establece en el escrito.
“La actuación de hostigamiento constante en el domicilio particular de nuestro patrocinado viene a perturbar su intimidad y vida privada”, concluyeron los abogados de Iglesias.