Los operadores de telecomunicaciones británicos tendrán prohibido desde fines de este año hasta 2027 comprar tecnología 5G de la empresa china Huawei. De este modo, la mayor compañía mundial en la fabricación de esos equipos queda excluida del desarrollo de la red 5G en todo el territorio de Reino Unido. La decisión fue tomada por el Consejo de Seguridad Nacional británico, que es presidido por el primer ministro, Boris Johnson, y fue anunciada a la Cámara de los Comunes.
El gobierno fundamentó esta política en que el Centro de Ciberseguridad Nacional concluyó que ya no está garantizado el suministro estable de los equipos de Huawei debido a las sanciones que Estados Unidos le impuso a la empresa, y que esto representa un riesgo para la seguridad nacional británica, informaron las agencias Reuters y Efe.
En mayo, la administración que encabeza el republicano Donald Trump restringió la venta de chips fabricados en territorio estadounidense a Huawei, empresa a la que acusa de realizar espionaje para China.
El Consejo de Seguridad Nacional británico ordenó también la retirada de todos los equipos de Huawei de la red para 2027, y anuló la decisión que habían tomado las autoridades, en enero, de permitirle a la empresa acceder a sectores no estratégicos de la red 5G. El secretario de Estado para lo digital, la cultura, los medios y los deportes, Oliver Dowden, manifestó al Parlamento que esa marcha atrás se debe a que el gobierno “tomó en consideración” las sanciones estadounidenses, y entendió que “las circunstancias cambiaron” desde comienzos de este año, cuando habían adoptado una decisión opuesta a la actual.
Las sanciones dictadas por el gobierno estadounidense, dijo el ministro, “limitan la capacidad de Huawei de producir productos importantes”, y esto genera “incertidumbre en torno a la cadena de suministro”.
La exclusión de Huawei será progresiva, debido a cuestiones técnicas, pero irreversible, según Dowden: “Para ser claros, desde el final de este año los operadores de telecomunicaciones no deben comprar ningún equipamiento de 5G de Huawei, y, cuando se apruebe la ley de seguridad en las telecomunicaciones, será ilegal hacerlo”. El ministro se refirió a una nueva ley que promueve el gobierno con la que se establecerá, dijo, “una vía irreversible para la completa eliminación de los equipos Huawei de nuestras redes 5G”.
Según estima el gobierno británico, estos cambios tendrán un costo de unos 2.500 millones de dólares y retrasarán en dos o tres años el proceso de desarrollo de la tecnología 5G en Reino Unido.
Para Huawei, las razones de su exclusión son estrictamente políticas. “Lamentablemente nuestro futuro en Reino Unido ha sido politizado, esta es una cuestión de política comercial de Estados Unidos y no de seguridad”, manifestó la empresa en un comunicado firmado por Ed Brewster, vocero de su filial británica, y citado por la agencia AFP. “Confiamos aún en que las nuevas restricciones por parte de Estados Unidos no van a afectar la capacidad de adaptación y la seguridad de los productos que suministramos a Reino Unido”, dijo el portavoz de Huawei.
Los anuncios del gobierno británico se enmarcan en un contexto de tensión con China, en particular debido a la ley de seguridad que este país impuso a Hong Kong, ex colonia británica, y de acercamiento a Estados Unidos, sobre todo a partir del brexit. El gobierno de Donald Trump, embarcado en una guerra comercial con China, está en campaña para frenar el empuje de Huawei también en otros países. Según informó Reuters, el asesor de seguridad nacional estadounidense, Robert O’Brien, está de gira esta semana por Francia, Alemania, Italia y Reino Unido, y tiene previsto conversar, entre otros temas, sobre las redes 5G.
Washington ha advertido a otros países que con Huawei están expuestos a ser espiados por Pekín, y eventualmente a un sabotaje por parte del gobierno chino. La empresa lo niega enfáticamente y, en el caso de Reino Unido, llegó a enviar a su vicepresidente, Victor Zhang, al Parlamento en Londres, al que le manifestó que Huawei, dentro del territorio británico, se rige por la legislación local y no por las órdenes de Pekín.