El presidente argentino, Alberto Fernández, dio por cerrado este fin de semana el intento de intervención del grupo cerealero exportador Vicentín. El mandatario indicó en Twitter que emitió el viernes un decreto para derogar el anterior, con el cual había ordenado la intervención, que duraría 60 días. Esta nunca llegó a empezar debido a los recursos judiciales interpuestos por los directivos de la empresa, y la marcha atrás se da cuando faltan algunos días para que se cumplan dos meses de emitida la orden, el 8 de junio.
“Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo”, aseguró Fernández en defensa de una decisión que generó fuertes críticas. El sector empresarial y la oposición de derecha, especialmente la coalición Cambiemos, rechazaron en su momento una medida que, aseguraron, demostraba que el kirchnerismo era más fuerte que el “albertismo” dentro del gobierno y que Argentina se dirigía a un atropello de la propiedad privada al estilo de lo que ocurre en Venezuela.
Sin embargo, los argumentos de Fernández para dar marcha atrás no vinieron por ese lado: dijo que Argentina no está en una situación económica que le permita estatizar una empresa que tiene una gran deuda, cuyo principal acreedor es el Estado –argumento en el que se había escudado para defender la intervención cuando tomó esa decisión–. “En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, escribió.
La cuestión ahora será dirimida en la Justicia, que será la que defina, mediando acreedores y directivos, qué pasos deberá dar la empresa para subsistir y hacerse cargo de sus deudas. Una de las posibilidades que se manejan es la creación de un fideicomiso, en el que Fernández ya adelantó que este gobierno no aceptaría participar. “El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”, tuiteó.
La negociación de la deuda
Las miradas sobre la economía ya no están puestas en el debate sobre Vicentín, sino en la negociación de la deuda bajo ley extranjera, cuyo plazo vence este martes. Argentina ya está en default porque originalmente debía desembolsar un pago en mayo que postergó, de mutuo acuerdo con los acreedores, en el marco de las negociaciones. Si el plazo se cumple y no se llega a un acuerdo, entraría plenamente en cesación de pagos, lo que le generaría un problema para recibir fondos de cualquier organismo internacional.
La situación tiene luces y sombras: los fondos que tienen más bonos ya dieron su aval a la última oferta argentina e informaron la semana pasada que estaban intentando convencer a los demás, pero eso todavía no sucedió. Según las fuentes consultadas por los medios argentinos e internacionales, las posiciones están muy cerca y no se descarta que nuevamente se postergue el plazo para terminar con las negociaciones. Sin embargo, Fernández endureció el tono en los últimos días al subrayar que la de Argentina era una oferta final que no había margen para mejorar; en este sentido, extender el plazo sería contradictorio.
Poca reactivación
La situación económica que atraviesa Argentina se ve agravada por las cifras que día a día arroja la pandemia del coronavirus. Los casos y las muertes continúan aumentando a ritmo acelerado, especialmente en la capital y las zonas aledañas en la provincia, lo que se conoce como área metropolitana de Buenos Aires, una situación que impide pensar que en el corto plazo puedan retomarse más actividades. De hecho, el viernes Fernández extendió la cuarentena total en esta zona hasta el 16 de agosto, con lo cual se llega a los casi cinco meses de restricciones.