La Comisión Directiva de la Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) manifestó este lunes su rechazo a las expresiones del senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, quien el viernes acusó a “ciertos magistrados” de actuar con “prevaricación” y utilizar el derecho de forma “antojadiza” en la persecución de los responsables de delitos cometidos en la dictadura. El presidente de la AMU, Alberto Reyes, consideró que la actitud de Manini Ríos “no es de extrañar” porque “está trasladando al Parlamento el discurso que motivó su sanción” cuando era comandante en jefe del Ejército.
“Es entendible que sectores interesados en que no se persigan estos delitos planteen reeditar esta ley”, afirmó Reyes en referencia a la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (15.848), pero recordó que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) declaró la inconstitucionalidad de esta norma en 2009. Asimismo, en el comunicado difundido hoy, la AMU hace referencia a la sentencia de 2011 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Gelman, que obliga a nuestro país a juzgar a los responsables de los delitos de lesa humanidad cometidos en la dictadura y que deja sin efecto a la ley de caducidad.
Para Reyes, hay “sectores” de la sociedad que “no han entendido que las leyes son controladas en su constitucionalidad por el Poder Judicial”. “Hay una concepción de que el legislador les puede imponer al Poder Judicial y a los jueces soluciones generales que muchas veces no resuelven bien los temas o que contrarían la Constitución”, afirmó. En ese sentido, señaló que a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la SCJ y del fallo de la CIDH, “la mayoría de los tribunales de apelaciones y una minoría [de los ministros] de la SCJ entienden que hay que continuar” juzgando los delitos cometidos por el terrorismo de Estado. “Los militares o civiles que no entiendan eso no entienden el Estado de derecho”, aseveró.
El magistrado consideró que si bien en los períodos anteriores también hubo cuestionamientos al Poder Judicial, sobre todo por fallos vinculados a la seguridad pública o temas de género “como el caso de ‘María no se va’”, “hay un cuestionamiento creciente y persistente, a la vez, de un sector del Parlamento cuyo origen lo explica todo”, afirmó en referencia a Cabildo Abierto, un partido con fuerte presencia militar. “En definitiva, no lo tomamos personal”, concluyó.