Las críticas de Cabildo Abierto (CA) contra el fiscal de Corte, Jorge Díaz, volvieron a reflotar el jueves, luego de una reunión entre el líder de esa colectividad política, Guido Manini Ríos, y el presidente Luis Lacalle Pou. El senador reiteró sus discrepancias con la actuación del fiscal –que derivó hace unas semanas en el pedido de remoción de Díaz–, pero esta vez el reclamo fue un poco más allá.

Manini Ríos dijo que no hablaron sobre el pedido de destitución, pero sí sobre “algo relacionado –yo traje el tema–, por los atropellos que se siguen dando a los principios del derecho con acciones desde la Fiscalía que ya son intolerables”, dijo, y agregó que en los próximos días habría más novedades sobre el tema. El anuncio no se hizo esperar: el senador manifestó este viernes su intención de derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad (18.831), que restablece la pretensión punitiva del Estado para los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado y declara imprescriptibles los delitos de lesa humanidad.

Para Manini Ríos, con esta ley se violan “sistemáticamente los principios del derecho”. “No se trata de defender ni a dictadores ni a torturadores –como muchas veces quieren endilgar para mezclar los tantos–, se trata de defender el Estado de derecho”, dijo en una entrevista con Radio Montecarlo. Este tema, aclaró, fue conversado en la reunión con el presidente.

Para él, existen “ciertos magistrados” que están actuando con “prevaricación” y utilizando el derecho de forma “antojadiza”. “La ley de caducidad, una de las casi 20.000 leyes que tiene nuestro Estado desde 1830, fue la única que fue ratificada dos veces por el cuerpo electoral, que, según nuestra Constitución, está antes que los representantes del Poder Legislativo. El cuerpo electoral, dos veces, con 20 años de diferencia, ratificó esa ley”.

Sin embargo, “un buen día, riéndose del fallo del cuerpo electoral, por una mayoría muy exigua, uno o dos votos a favor, se derogó la ley de caducidad. ¿No será tiempo de reinstalar la ley de caducidad? ¿No será tiempo de derogar esa ley que derogó la ley de caducidad y de esa forma contribuir a, una vez por todas, dar vuelta la página y evitar que ciertos magistrados prevaricadores continúen usando el derecho su antojo y con falsos testimonios, llevando a inocentes presos?”, preguntó.

La propuesta, dijo, es muy “sencilla”: derogar la ley interpretativa de la ley de caducidad. “Ahí se establecerían las condiciones para empezar a mirar para adelante. Eso no quita que se siga investigando, tratando de saber dónde están los desaparecidos”, dijo. Si bien aclaró que CA es el primero “en apoyar” la búsqueda de los desaparecidos, consideró que “seguir encarcelando gente con dudosos testimonios, con dudosas pruebas y probadamente falsas, le hace mal al Estado de derecho, y creo que no es propio de un país como Uruguay”.

Una salida en solitario

La propuesta tomó por sorpresa a los integrantes de la coalición. El senador nacionalista Jorge Gandini dijo a la diaria que el líder de CA está en todo su derecho de plantear la iniciativa que considere pertinente, pero aseguró que el tema no está por ahora en la agenda de la coalición. “No lo tenemos ni discutido ni conocíamos en absoluto esta propuesta”, afirmó.

La senadora nacionalista Carmen Asiaín dijo que la ley de caducidad siempre le pareció una solución fallida. “Siempre critiqué la ley de caducidad por inconstitucional. Para mí, que se le dé al Poder Ejecutivo incidencia dentro de cuestiones que tienen que ver con el ámbito del Poder Judicial es una mala solución. Quizás una solución hubiera sido que, así como se aprobó una amnistía sobre los delitos cometidos por los tupamaros, se hubiera atado eso a la de los militares. No se hizo y se buscó esa solución que, desde el punto de vista jurídico, siempre me pareció muy fallida”. De todos modos, entiende que es una ley que histórica y políticamente ha generado mucha “controversia” y volver a reflotarla es, a su entender, “volver a abrir heridas”. A nivel parlamentario, contó, ha dado su postura sobre la ley de caducidad cuando fue citada como profesora de derecho constitucional para opinar sobre el tema, y cree que “no podría, con honestidad, acompañar a que se volviera a reflotar la ley de caducidad tal cual estaba escrita”.

El senador nacionalista Sergio Botana prefiere no pronunciarse sobre el tema y estudiar el alcance de lo que propone Manini. A la salida de la dictadura, recordó, “estuve en contra del Pacto del Club Naval y voté verde”. “Hubo una disputa entre la paz y la justicia. Ganó la reconciliación nacional. Hay que respetar ese esfuerzo de la ciudadanía”, dijo.

“Independientemente de quién lo presente, no me puedo posicionar ni a favor ni en contra”, dijo a la diaria el diputado de CA Eduardo Lust. El abogado constitucionalista considera que la ley de caducidad es inconstitucional, dado que en su artículo 3 le daba competencias al Poder Ejecutivo para decidir “a quién se juzgaba y a quién no”. Sin embargo, también opina que la Ley 18.831 no es interpretativa, porque para él una ley interpretativa justamente interpreta “una palabra que no se entiende, por ejemplo”, pero en este caso “legisla de otra manera”.

También señaló que dos generaciones se pronunciaron a favor de la ley de caducidad. “Es un caso muy curioso. Una generación después de la de 1989, el partido [el Frente Amplio] que promovía [su derogación] gana las elecciones y pierde el plebiscito, lo que muestra que esa ley tiene la legitimación de que el cuerpo electoral se pronunció respecto de ella. Lo que opino desde el punto de vista filosófico, como Arechaga, es que los poderes no son tres, son cuatro. El cuarto es el poder constituyente, y su órgano es el cuerpo electoral: cuando el cuerpo electoral se pronuncia tiene un valor superior”.

Guido Manini Ríos y Luis Lacalle Pou, el 30 de noviembre de 2019, en la rambla de Kibón.

Guido Manini Ríos y Luis Lacalle Pou, el 30 de noviembre de 2019, en la rambla de Kibón.

Una fiscalía controlada

La idea de crear una fiscalía colegiada retomó fuerza en la coalición de gobierno. La iniciativa que está en discusión es la del diputado colorado Gustavo Zubía, que cuenta además con el apoyo de varios legisladores de su partido, e ingresará a la cámara baja la semana que viene. El diputado colorado Felipe Schipani dijo a la diaria que es una medida que respaldan desde hace mucho tiempo. El lunes, el Comité Ejecutivo del Partido Colorado recibirá a Zubía para que detalle la propuesta, pero Schipani considera que habrá consenso en apoyar la iniciativa. De hecho, el proyecto de ley cuenta con las firmas de Ope Pasquet, Conrado Rodríguez y la suya.

Para Schipani, a partir de la reforma del Código del Proceso Penal, la Fiscalía General de la Nación pasó a tener un rol protagónico, por lo que la propuesta de un colegiado sería “mucho más garantista”, como la integración de la Suprema Corte de Justicia, ejemplificó. En concreto, el proyecto prevé la creación de un directorio integrado por tres miembros: se mantendrían las competencias actuales del fiscal de Corte y los otros dos integrantes serían elegidos por el Poder Ejecutivo.

Al ser consultado sobre si la iniciativa estaba relacionada con el malestar que existe por parte de varios integrantes de la coalición con la gestión de Díaz, Schipani señaló que el tema estaba planteado desde mucho antes que los últimos “chisporroteos” con el fiscal. De todos modos, reconoció que puede haber un “ingrediente” vinculado con la actuación de Díaz, pero “lo entiendo como mucho más trascendente a eso, tiene que ver con el diseño institucional”.

Para Asiaín es necesario separar las discrepancias que existen con Díaz de una eventual reforma de la fiscalía. La legisladora entiende que es necesario discutir la iniciativa por fuera del “calor” de la coyuntura. “Que el fiscal sea cuestionado creo que tiñe de política una reforma que habría que analizar concienzudamente”.

Pero también hay aspectos de la forma que no terminan de convencer a integrantes del Partido Nacional. La legisladora dijo que a priori no se niega a estudiarlo, pero como jurista no le gusta la forma de colegiado. En cuanto al pedido de remoción de Díaz, dijo: “Soy muy respetuosa de la institucionalidad y no promovería una acción si no hay mérito para ello”, afirmó. A Botana tampoco le convence la iniciativa: “No me gustan los colegiados para ninguna cosa, pero habrá que estudiarlo”, dijo. “Además, pienso que hay que cuidar las cuestiones institucionales. Me parece que hay derecho a discrepar sobre todas las cosas, pero las cuestiones institucionales siempre hay que cuidarlas”, afirmó.

Lust entiende que la Fiscalía no puede ser un servicio descentralizado. Aunque reconoce que su posición es minoritaria, entiende que los servicios descentralizados fueron creados por el constituyente para darles una naturaleza jurídica a las actividades industriales y comerciales del Estado, y eso se ha ido “desfigurando a lo largo de los años”.

Más allá de estas críticas, Lust entiende que Díaz no tiene el perfil para ser el único fiscal porque “es una persona muy autoritaria”. “El conflicto se plantea así: ¿cómo le restas el autoritarismo a Díaz? Haciendo un colegiado, que es lo que propone Zubía, y ese colegio tiene tres directores”. La idea de nombrar a dos fiscales más podría “suavizar el autoritarismo” de Díaz, dijo Lust.

Si bien considera que en “el peor de los casos es una mejor solución que tenerlo solo a Díaz”, no lo convence del todo. “Sigo pensando que no puede ser un servicio descentralizado. En dos años se le vence el mandato, salvo que el presidente le retire el apoyo. De repente el próximo fiscal no tiene el perfil de Díaz, entonces sería armar un directorio porque está Díaz. Con todas las salvedades, entre que esté solo o controlado por dos, [prefiero] que esté controlado por dos”. “Me cuesta decir ‘vamos a hacer un colegiado’, pero si no hay más remedio, y con todas las salvedades, podría decir: ‘Te voto el triunvirato’”, afirmó.

Capillera: el pedido de remoción de Díaz es por los procesamientos a militares

La diputada de CA Elsa Capillera dijo en Informe capital, de TV Ciudad, que el pedido de su partido de remover a Díaz de su cargo es por los procesamientos a militares por los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado.

“Hay una ley que se votó y es volver al mismo tema de siempre. Ya la ciudadanía decidió dar vuelta la página y ahora es como volver para atrás. Creo que hay que seguir para adelante”, dijo Capillera.

Al ser consultada nuevamente sobre si el pedido de remoción estaba vinculado al procesamiento de militares retirados, respondió: “Creo que sí, ¿no? Está a la vista, no sé por qué tendríamos que volver atrás. No estamos de acuerdo con nada de lo que pasó”.