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Irene Moreira (archivo, enero de 2020).

Foto: Mariana Greif

Autoridades aseguraron que se mantendrá la inversión en vivienda en el quinquenio

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La ministra dijo que hizo gestiones ante Presidencia, el MEF y OPP, que dieron resultado.

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Mientras se aproxima la fecha para que el Poder Ejecutivo presente el presupuesto quinquenal —tiene plazo hasta el 31 de agosto—, ocurren reuniones de los distintos ministerios con las autoridades económicas para definir el dinero que tendrán asignado para el período. En el caso de la inversión en vivienda, la cartera que lidera Irene Moreira aseguró que no habrá una reducción del monto asignado, es decir que se mantendrá el presupuesto del quinquenio pasado

Al comparecer al Parlamento este martes las autoridades del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, el senador frenteamplista Daniel Olesker consultó sobre este punto: “Con respecto a la línea de base (lo gastado en el período anterior), no habrá abatimiento en el rubro de inversiones durante todo el período”, dijo el director general de Secretaría de la cartera, Gabriel Albornoz.

Esto no significa que no haya una baja en el presupuesto total asignado al Ministerio de Vivienda, que “se reduce sensiblemente”, porque no estarán más bajo su órbita varias direcciones (medio ambiente, de agua, cambio climático), y además se bajarán gastos de funcionamiento —no el rubro salarios—.

Igualmente, Albornoz manifestó: “no vamos a llegar al abatimiento del 15%” en los gastos que estableció un decreto del gobierno de marzo, pero se acordó con las autoridades económicas abrir “una línea de crédito” específica para erogaciones vinculados a la cartera. El jerarca detalló que el presupuesto para 2020 será igual al del año anterior, esto son 10.000 millones de pesos.

La ministra Moreira dijo que la cartera ha sido “víctima, como todos los ministerios” del decreto de marzo, pero hubo contactos con el Ministerio de Economía (MEF), la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el presidente Luis Lacalle Pou “para que la reducción no afectara tanto”. Agregó que a su entender “es una emergencia habitacional la que vive el Uruguay y, por lo tanto, hay que medir este ministerio con una vara distinta”. Destacó que esas gestiones dieron resultado y se logró “un porcentaje menor” de reducción en el presupuesto.

Una buena y una mala

Las autoridades del Ministerio de Vivienda reiteraron que pretenden que se habiliten sistemas alternativos para la construcción de soluciones habitacionales, principalmente asociados a la madera. Para esto, la dificultad es que el proceso de aprobación —conocido por la sigla DAT [Documento de Aptitud Técnica]— de esos sistemas lleva de dos a ocho años, aunque está avanzado un cambio para lograr mayor agilidad.

El subsecretario de Vivienda, Tabaré Hackenbruch, informó que está “prácticamente cerrado un convenio para la reingeniería de los procesos” para lograr el DAT, en acuerdo con el Congreso de Intendentes, la Facultad de Arquitectura y la Sociedad de Arquitectos. El cambio consiste en que “determinados procesos que antes se hacían encadenadamente, se puedan disparar al mismo tiempo y reducir así el tiempo de decir sí o no” a los sistemas alternativos que se presenten. “No pretendemos bajar la calidad” de las viviendas, repitieron Moreira y Hackenbruch ante los legisladores.

Por otra parte, la ministra aclaró que “no se ha quitado ninguno” de los programas de vivienda, pero dijo que “lamentablemente” el Programa de Mejoramiento de Barrios (PMB) —que surge de un convenio firmado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)— “en lo que respecta a la parte de rubros, pasará a la OPP, con lo cual no estoy de acuerdo”.

Tanto Moreira como Hackenbruch manifestaron en distintas notas de prensa que el objetivo es llegar a la construcción de 50.000 viviendas en el período, pero en la comparecencia al Parlamento no manejaron números específicos. Sí confirmaron que se efectivizará la idea de crear un fideicomiso para subsidiar parte de la cuota hipotecaria —hasta un 30%, dijo el subsecretario— de viviendas construidas bajo el régimen de promoción que permite a los promotores acceder a exoneraciones fiscales.

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