Kleidson Oliveira Bezerra, de 43 años, caminó casi 40 kilómetros hasta que encontró una carretera. Amanecía cuando huyó de una comunidad terapéutica en Minas Gerais, luego de que el pastor lo obligó a hacer trabajos de desmalezamiento pese a que se había herido su mano en un accidente, antes de su internación. Recién cuando huía se dio cuenta de que estaba a cuatro horas de Belo Horizonte. Unos días antes, había entrado en la camioneta de una iglesia –de la que ni siquiera recuerda el nombre–, convencido por los misioneros que abordaban a las personas sin hogar con promesas de que las liberarían del uso problemático de drogas.
Durante años, después de esta experiencia traumática, Kleidson rechazó cualquier oferta de tratamiento, hasta que se encontró con un Centro de Atención Psicosocial. En estas unidades vinculadas al Sistema Único de Salud (SUS), los trastornos relacionados con el abuso de alcohol y otras sustancias psicoactivas se tratan sin hospitalización obligatoria, que sí se utiliza en las comunidades terapéuticas. “Me trataron por mi nombre, como persona. Sentí que estaba recuperando mi dignidad”, recuerda.
Kleidson se convirtió en un defensor de los CAP y los derechos de los usuarios de drogas. Es vicepresidente del Colectivo de Lucha Antimanicomial Nacional e integra el servicio de abordaje a las personas en situación de calle y el Consejo de Salud de Sobradinho, en el Distrito Federal. “El problema con las comunidades terapéuticas en Brasil es que la mayoría están controladas por grupos religiosos”, dice. “Privan al sujeto de libertad, explotan el trabajo y aprovechan la vulnerabilidad para adoctrinar, transformar a la persona en un producto de la iglesia”.
Según una investigación exclusiva de Agencia Pública, en Brasil las comunidades terapéuticas de orientación cristiana recibieron casi 70% de los recursos destinados por el Ministerio de Ciudadanía a estas entidades en el primer año del gobierno de Jair Bolsonaro. De los aproximadamente 29 millones de dólares en transferencias a 487 instituciones contratadas para ofrecer tratamiento a usuarios de drogas en Brasil, al menos ocho millones de dólares fueron a comunidades terapéuticas notoriamente evangélicas y ocho millones y medio a instituciones católicas, concluyó la investigación al cruzar los datos del mapa general de las comunidades terapéuticas, los del propio ministerio e información disponible en los sitios web y los canales oficiales de las entidades.
Kleidson Oliveira Bezerra. Foto: Agencia Cámara de Noticias
Más de 60% de las comunidades terapéuticas contratadas por el Ministerio de Ciudadanía en 2019 tienen vínculos directos con grupos religiosos cristianos o están presididos por sacerdotes –curas, misioneros, pastores, entre otros–. En la mayoría de estas entidades, prácticas como leer la Biblia y participar en cultos, misas y oraciones forman parte del tratamiento que se ofrece a los usuarios de drogas.
Los mayores contratos también son acordados con comunidades terapéuticas cristianas. Encabeza la lista el Grupo de Asistencia a la Dependencia Química Nueva Aurora, que recibió unos 311.000 dólares. La institución pertenece a la católica Fazenda Esperança, que cuenta con más de 100 unidades en Brasil y otros centros en el extranjero. En total, las unidades pertenecientes a Fazenda Esperança totalizaron más de 800.000 dólares en contratos con el Ministerio de Ciudadanía el año pasado. El segundo mayor volumen de recursos, unos 250.000 dólares, fue a la Escuela de Capacitación Misionera, perteneciente al Grupo Evangélico Desafío Joven. El año pasado, el Ministerio de Ciudadanía pagó unos 2,3 millones de dólares a unidades de Desafío Joven, una organización no gubernamental fundada por pastores de la Asamblea de Dios en Estados Unidos.
Los fondos del Estado brasileño financiaron incluso a entidades que fueron acusadas de imponer tareas como castigo a los internos que se negaran a participar de las ceremonias religiosas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había hecho un llamamiento a no financiarlas.
El dinero público también ha financiado comunidades terapéuticas denunciadas por violaciones de los derechos humanos, incluida la falta de respeto por la libertad religiosa. Es el caso del Centro de Recuperación de Alcohol y Drogas Desafío Joven Maanaim, de la organización evangélica Desafío Joven, que recibió 194.000 dólares del Ministerio de Ciudadanía para financiar 75 cupos de tratamiento gratuitos en tres unidades.
Los internos de ese centro dijeron que fueron castigados con tareas, como lavar los platos, cuando se negaron a participar en las ceremonias religiosas. También hay informes de falta de psicólogos o psiquiatras y de fobia a las personas LGTB. Las quejas se encuentran en un informe de inspección del Ministerio Público Federal con el Mecanismo Nacional para Prevenir y Combatir la Tortura y el Consejo Federal de Psicología publicado en 2018.
Con el cambio de gestión en el Ministerio Público Federal, el año pasado, los grupos de trabajo que tenían a cargo la inspección de las comunidades terapéuticas se disolvieron, pero el informe sobre violaciones tuvo repercusiones internacionales. “La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instruyó al Estado brasileño a no financiar las entidades denunciadas. Los contratos muestran que el gobierno federal no conoce las comunidades terapéuticas en Brasil, porque no hay inspección”, dice Lúcio Costa, experto del Mecanismo Nacional para la Prevención y el Combate de la Tortura.
El informe también menciona a la Asociación de Beneficencia Cueva de Adulam, en el Distrito Federal, que recibió 164.000 dólares (844.000 reales) del Ministerio de Ciudadanía. El documento del Ministerio Público Federal dice que no hubo “atención personalizada” en la comunidad terapéutica, es decir, una atención que considerara las particularidades de cada interno. Creada por el pastor Lúcio Mendonça, la institución evangélica destaca en su sitio web el “acompañamiento técnico y profesional coordinado por teólogos y pastores” como parte del tratamiento. En internet, circulan informes de que esta misma comunidad terapéutica está rechazando a las personas que no presentan un test de covid-19.
Eros Biondini. Foto: Luis Macedo, Cámara de Diputados
“Exigen un examen caro”, se queja el vicepresidente del colectivo nacional contra el asilo, Kleidson Oliveira. Muestra un video, recibido en Whatsapp, en el que una persona mayor denuncia que rechazaron su admisión por no tener el test, pese a no tener síntomas. El requisito de examen no es parte del folleto que guía el funcionamiento de las comunidades terapéuticas durante la pandemia.
Hasta la publicación de este reportaje, Cueva de Adulam y Joven Maanaim no enviaron ninguna respuesta a las consultas planteadas, y el Ministerio de Ciudadanía no respondió acerca de la financiación de las comunidades terapéuticas denunciadas por violaciones de derechos humanos.
Las comunidades terapéuticas ganan fuerza en el gobierno de Bolsonaro
Las comunidades terapéuticas son centrales en la política nacional antidrogas del gobierno de Bolsonaro, que apunta a la abstinencia como la única solución viable. Según el propio Ministerio de Ciudadanía, el número de plazas financiadas por el gobierno federal en estas entidades aumentó de 2.900 en 2018 a aproximadamente 11.000 en 2019.
Se preveía que el número llegara a 20.000 este año, lo que representaría unos 58 millones de dólares en contratos. Es casi el doble de los 29,25 millones contratados el año pasado, aunque el monto anunciado inicialmente, de 29,875 millones, no se ha alcanzado debido a cancelaciones y rescisiones de contratos, según informó el Ministerio de Ciudadanía, que no detalló los acuerdos alcanzados ni la razón de las cancelaciones. La cantidad prevista para 2020 también excede el presupuesto anual de los Centros de Atención Psicosocial –30,705 millones de dólares–, que trabajan con la perspectiva de reducción de daños (una estrategia centrada en disminuir los riesgos para la salud del usuario, que no apunta a la abstinencia) y con equipos multidisciplinarios conformados por psicólogos y médicos.
“Los recursos públicos está centralizados en las comunidades terapéuticas, cuando lo ideal es el tratamiento intersectorial, en libertad y en el territorio de residencia del paciente”, dice Luciano Costa, del Mecanismo Nacional de Prevención y Lucha contra la Tortura. “Existe un movimiento para reforzar las comunidades terapéuticas, incluida la reciente regulación de la recepción de adolescentes en estos hogares, por parte del Consejo Nacional de Políticas de Drogas”, reafirma Marisa Helena Alves, del Consejo Federal de Psicología y coordinadora de la Comisión Intersectorial de Salud Mental.
Givaldo Carimbão. Foto: Cleia Viana, Cámara de Diputados
Hasta ahora, sin embargo, las contrataciones de 2020 no se han realizado. Debido a la pandemia, el llamado emitido en diciembre se prorrogó en junio. Sin embargo, el Ministerio de Ciudadanía enumera 113 instituciones registradas en 2019, lo que sería, según informan personas vinculadas con el sector, un primer paso para ganar el contrato.
Esta lista anterior mantiene el padrón de contratación de entidades religiosas. Con la información disponible mediante los canales oficiales de estas instituciones, Agencia Pública averiguó que casi 60% de esas entidades están vinculadas a iglesias u organizaciones cristianas. Al menos 40% de las entidades son declaradas evangélicas, tienen relaciones directas con iglesias o con otras organizaciones evangélicas o son administradas por pastores. Los católicos son casi 20%.
Proselitismo político y religioso
Además de aumentar las transferencias del Presupuesto Ejecutivo, el año pasado, la Secretaría Nacional de Atención y Prevención de Drogas, administrada por el doctor Quirino Cordeiro y vinculada al Ministerio de Ciudadanía, de Onyx Lorenzoni, preparó un folleto para dirigir a las comunidades terapéuticas las enmiendas parlamentarias al Presupuesto Nacional. Es una forma de aumentar las transferencias federales a las entidades.
Hasta ahora, sin embargo, las contrataciones de 2020 no se han realizado. Debido a la pandemia, el llamado emitido en diciembre se extendió en junio. Sin embargo, el Ministerio de Ciudadanía enumera 113 instituciones que fueron registradas en 2019, lo que sería, según personas vinculadas al sector, un primer paso para ganar el contrato.
Los congresistas aprobaron casi 20 millones de dólares (102 millones de reales) en enmiendas presupuestales dirigidas a las comunidades terapéuticas en 2019, según un relevamiento realizado por el Consejo Nacional de Derechos Humanos. “Los parlamentarios siempre han asignado fondos a las comunidades terapéuticas de sus nichos electorales. Con esta norma, el gobierno federal institucionalizó esta financiación. No tiene precedentes”, observa Leonardo Pinho, vicepresidente del Consejo de Derechos Humanos y de la Asociación Brasileña de Salud Mental.
Las mayores enmiendas fueron propuestas por integrantes de frentes religiosos en el Congreso, como católicos y evangélicos. Algunos parlamentarios de estas bancadas también forman parte del frente en defensa de las comunidades terapéuticas, y otros hacen negocios con ellas.
Más de 70% de las enmiendas, unos 14 millones de dólares, fueron aprobadas por el relator general del Presupuesto Federal, el diputado Domingos Neto (del Partido de la Social Democracia), que es miembro de las bancadas evangélica y católica y del Frente Parlamentario en Defensa de las Comunidades Terapéuticas.
El segundo mayor valor, 485.000 dólares, fue determinado por el diputado federal Eros Biondini (Partido Republicano del Orden Social), coordinador del Frente Parlamentario en Defensa de las Comunidades Terapéuticas. Cantante católico, Biondini es el fundador de Misión Mundo Nuevo, una organización religiosa que promueve eventos y “mantiene un local para la detección y derivación de los usuarios de drogas a las comunidades terapéuticas, y para el apoyo y la orientación de las familias”, como se describe en el sitio web del senador.
Biondini es signatario de los frentes católico y evangélico en el Congreso. El católico está presidido por el diputado federal Givaldo Carimbão (del partido Avante). El hermano de Carimbão, Gileno Sá Gouveia, estuvo al frente de la Asociación de Bienvenida a los Dependientes Químicos Divino Padre Eterno, en Feira Grande, en Alagoas, hasta su muerte en 2016. El año pasado, la entidad fue contratada por el Ministerio de Ciudadanía por unos 54.000 dólares por 20 plazas de tratamiento.
Brasil tiene incluso un frente parlamentario que defiende a las comunidades terapéuticas, es decir, un grupo de legisladores de diversos partidos que se unen en defensa de estas entidades. Algunos de esos parlamentarios pertenecen también a bancadas religiosas.
Desde la bancada católica, el diputado federal Eduardo da Fonte (Partido Progresistas) asignó el tercer mayor monto a las comunidades terapéuticas en enmiendas el año pasado: 388.000 dólares. El pernambucano es partidario del pastor Cleiton Collins, diputado en el parlamento de Pernambuco y propietario de las comunidades terapéuticas Saravida junto con su esposa, la concejal Michele Collins, del mismo partido.
En mayo del año pasado, Cleiton Collins acompañó al entonces ministro de Ciudadanía Osmar Terra en el lanzamiento de un programa para ofrecer cupos de formación que contemplaban a pasantes de comunidades terapéuticas. También el año pasado, tres unidades de Saravida ingresaron al registro de las comunidades terapéuticas del gobierno federal, lo que sería un primer paso para que la organización cierre los contratos con el gobierno.
En la batalla por los fondos, la pareja Collins defiende la inserción de las comunidades terapéuticas en el Sistema Único de Salud en Pernambuco, como publicó el medio digital Marco Zero Conteúdo, y que estas entidades reciban a personas en situación de calle. A esto ya fueron autorizadas durante la pandemia por una ordenanza del gobierno. “Los grupos religiosos que controlan las comunidades terapéuticas están avanzando en la política nacional de la población en situación de calle como una nueva fuente de recursos públicos”, concluye Leonardo Pinho.
La lista de políticos dueños de comunidades terapéuticas tiene también otros nombres ilustres, como el del ex senador Magno Malta, del Partido Liberal, el diputado federal Marco Feliciano, de Republicanos, y el diputado federal Pastor Sargento Isidório, de Avante. Isidório, quien se dice “ex gay”, es dueño de la Fundación Doctor Jesús, donde amenazaba a los internos con un garrote. También es candidato a la alcaldía de Salvador, Bahía.
Los tratamientos combinan espiritualidad y laborterapia
Según las estimaciones, Brasil tiene aproximadamente 2.000 comunidades terapéuticas en funcionamiento. Muchas trabajan en el sector informal, lejos de las inspecciones.
La convergencia con grupos religiosos ha existido desde la creación de las comunidades terapéuticas, que surgen de hermandades anónimas (como Alcohólicos Anónimos) e iglesias. En Brasil, “82% de las entidades están vinculadas a iglesias y organizaciones religiosas, en particular las de origen cristiano”, según el perfil de las comunidades terapéuticas elaborado por el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA, por sus siglas en portugués) en 2018. El cultivo de la espiritualidad y la laborterapia –tratamiento a través del trabajo– son comunes a más de 90% de las entidades.
“Incluso las instituciones no religiosas hacen una hibridación de métodos espirituales y técnicos”, observa la coordinadora de investigación del IPEA, Maria Paula Gomes. Para ella, la agenda religiosa es peligrosa porque hace de la entidad “una empresa moral, que obstruye una discusión sobre la política de drogas”.
El fortalecimiento de las comunidades terapéuticas vinculadas con grupos cristianos conservadores continúa, según Gomes, a partir de que estos grupos emergieron en la política brasileña. Ella recuerda que la primera oportunidad de financiamiento para las comunidades terapéuticas con el gobierno federal se generó en 2010, mediante el programa “Crack, é posible vencer”. Y agrega que desde entonces, la concesión de préstamos sólo ha crecido, dejando de lado otros abordajes.
“Ningún método es efectivo por sí solo, y lo que se ha defendido es un método terapéutico único con métodos complementarios”, dice Maria Paula. “Uno de los mayores problemas con la política actual de drogas es el enfoque en la abstinencia. Y que a menudo, en las comunidades terapéuticas, el éxito del tratamiento se mide por la conversión espiritual del individuo. Además, sin el tratamiento adecuado, las personas no están preparadas para enfrentar la realidad fuera de la institución y, por lo tanto, muchos regresan al abuso de drogas después de abandonar los hogares de recuperación”.
Este artículo fue publicado originalmente por Agencia Pública, y contó con la colaboración de Raphaela Ribeiro.