La aprobación de la ley de urgente consideración (LUC) puede tomarse como el punto de inicio de la reforma del sistema de seguridad social, que en principio abarcará tanto al régimen solidario que administra el Banco de Previsión Social (BPS) como a las cajas paraestatales y al tramo de capitalización individual que gestionan las AFAP. El paso siguiente es la conformación de una comisión de expertos de 15 miembros, con representantes políticos y sociales, que realizará un diagnóstico del sistema y luego elevará recomendaciones al Poder Ejecutivo.
Actualmente, 12 de esos 15 nombres están confirmados, restando únicamente que el Frente Amplio (FA) defina quiénes serán sus tres representantes. Así lo confirmó a la diaria el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, quien señaló que ya ha insistido a la coalición de izquierda para que realice la designación. Sin embargo, desde el FA dijeron que se está analizando el tema sin apuro ni plazo para responder.
El vicepresidente de la fuerza política, José Carlos Mahía, dijo a la diaria que “el tema está en análisis”, pero aclaró: “No vamos a ir a la carrera; más importante que los nombres es la visión” a llevar a la comisión de expertos. Una fuente de la dirección de la oposición se limitó a decir que “de aquí al 27 de setiembre [día de las elecciones departamentales], nuestra preocupación es lo electoral”.
Asimismo, distintas fuentes vinculadas al FA informaron a la diaria que la idea es formar una comisión interna “grande”, en la que estén representadas “todas las posiciones”, con el objetivo de discutir los temas antes de llevar una postura a la comisión multipartidaria que formará el gobierno. Los informantes aclararon que ese ámbito no se convocó aún, aunque varios sectores ya aportaron nombres. Mahía sostuvo que “no hay nada definido ni descartado” en torno al tema, pero subrayó que se buscará contemplar “las visiones” sobre la seguridad social “que hoy existen dentro del FA y el campo popular”.
Algunos de los nombres que estarán en esa comisión interna son los ex ministros de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro y Eduardo Brenta; el ex subsecretario de esa cartera Nelson Loustaunau; el secretario general del Partido Comunista, Juan Castillo; los economistas especializados en temas previsionales Braulio Zelko y Jimena Pardo –que asesoraron en esa área al ex presidenciable Daniel Martínez, dentro del equipo que este formó para las elecciones nacionales de 2019–, el ex director de Rentas Joaquín Serra; el dirigente del Nuevo Espacio Carlos Calvo y la socialista Adriana González.
Las diferentes visiones que hay dentro del FA respecto de la seguridad social y su forma de financiamiento son notorias. Una fuente dijo que podría establecerse una división entre las posturas más cercanas a Murro y los astoristas, aunque entre medio de esas posiciones también hay matices.
Para empezar, mientras que el ex ministro de Economía y Finanzas Danilo Astori insiste desde hace años en la necesidad de encarar una reforma previsional pensando en la sustentabilidad del sistema y poniendo énfasis en la rigidez del gasto público asociado al pago de pasividades, Murro se ha mostrado partidario de hacer “reformas periódicas” –cambios legales manteniendo el esquema actual, como se hizo en 2009 y 2013– y no avala la idea de urgencia que plantean tanto Astori como la actual coalición de gobierno.
En enero, el por entonces ministro de Trabajo dijo a la diaria que “el problema” que habrá con la futura reforma es “el tijeretazo que le van a meter a la gente en el bolsillo”. Murro ha sido además un crítico acérrimo de las AFAP, e incluso a finales de 2017 dijo al semanario Búsqueda que las ganancias de estas empresas “sólo las obtiene el narcotráfico”.
También fueron notorias las diferencias entre Murro y Astori cuando en 2017 se debatió cómo dar solución al problema de los denominados “cincuentones”, un grupo de trabajadores que habían sido afectados en su jubilación por el régimen mixto creado en 1996. Tras intensas negociaciones a nivel del Ejecutivo, se votó una ley, y en esa ocasión Murro manifestó –sin aludir en forma directa al ministro de Economía– que se había hecho “terrorismo de cifras” al discutir el tema.
Los nombres confirmados
En la LUC se estableció que los 15 miembros de la comisión de expertos deberán poseer “notoria idoneidad en temas previsionales, demográficos, económicos, legales u otros pertinentes para el cumplimiento de la tarea encomendada”. Asimismo, su integración debe reflejar “la diversidad de visiones con respecto al tema de la seguridad social, tanto de las organizaciones sociales como de los partidos políticos”.
A principios de agosto, El País dio a conocer varios de los nombres definidos, y que Rodolfo Saldain será el presidente de la comisión. Saldain es un abogado especializado en temas previsionales que presidió el BPS entre 1990 y 1993, además de ser uno de los autores de la reforma del sistema de seguridad social que creó en 1996 el régimen mixto y las AFAP.
Aparte de los representantes políticos, habrá un delegado por las cámaras empresariales, que será la directora del BPS, Elvira Domínguez; uno por los trabajadores, que será el economista Hugo Bai –que integra el equipo que lidera Ramón Ruíz como director del instituto previsional–, y el también economista Gabriel Regalada en nombre de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas (Onajpu).
Por el Partido Independiente estará Álvaro Forteza, investigador especializado en temas previsionales y profesor del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales; por Cabildo Abierto, el contador Alberto Lacassy, que trabajó en el Ministerio de Defensa Nacional como asesor de la Caja Militar; por el Partido Colorado, la economista Ana Inés Zerbino, quien fue gerente de Inversiones de República AFAP y la referente económica durante la campaña del sector Ciudadanos, que lideró Ernesto Talvi; y por el sector Batllistas, el abogado Renán Rodríguez, subsecretario de Trabajo durante la primera presidencia de Julio María Sanguinetti, con participación en la reforma previsional de 1996.
Los cuatro nombres restantes serán representantes del Poder Ejecutivo. Estará el titular de la Dirección Nacional de Seguridad Social, el escribano Daniel García Zeballos, quien fue el representante del Partido Nacional en el segundo diálogo por la seguridad social que se desarrolló en 2011, así como el economista Gustavo Michelin, de filiación colorada y contratado al inicio del gobierno como asesor de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) en temas de seguridad social. Además, habrá en la comisión representantes del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): la economista Marcela Bensión, contratada como consultora asesora en política económica, y su colega Hernán Bonilla, director de la Asesoría Macroeconómica.
Plazos y funcionamiento
Aparte de los 15 expertos, la LUC estableció que la comisión tendrá una secretaría ejecutiva, “cuya designación recaerá en un funcionario público en régimen de comisión de servicios”, y podrá sumar colaboradores en el mismo régimen, que se encargarán de “los aspectos organizativos y administrativos de funcionamiento” del órgano multipartidario; también habrá una secretaría técnica “integrada por personas de reconocida especialidad en la materia a abordar”. Para este último ámbito se prevé convocar a técnicos del MEF, la OPP, el Banco Central y de la división actuarial del BPS.
Entre las tareas encomendadas a la comisión de expertos, está el análisis de las “fortalezas y debilidades de los diversos regímenes que conforman el sistema previsional uruguayo, diagnosticando la situación actual y perspectivas de corto, mediano y largo plazo”. Para esta primera etapa de diagnóstico tendrán un plazo de 90 días desde la conformación del ámbito multipartidario.
Posteriormente y con igual plazo –aunque el gobierno tiene la potestad de establecer una prórroga–, la comisión deberá “formular recomendaciones de opciones de reforma de los regímenes previsionales”. Esto se debe a que únicamente el Poder Ejecutivo puede presentar al Parlamento un proyecto de ley relativo a cambios en la seguridad social.