A lo largo de varias décadas se acumularon acusaciones públicas y denuncias ante la Justicia que involucran al ex presidente colombiano Álvaro Uribe, que gobernó el país entre 2002 y 2010. Se lo vinculó con acciones de paramilitares, con el asesinato de civiles por parte del Ejército –los llamados “falsos positivos”– y con distintos episodios de espionaje contra la oposición. Sin embargo, Uribe nunca fue condenado, ni tampoco había sido privado de libertad, hasta el martes.
La Corte Suprema de Justicia ordenó ese día que el ex presidente y actual senador cumpliera un régimen de detención domiciliaria mientras se desarrolla un proceso en el que es sospechoso de fraude procesal y soborno a testigos. En el dictamen judicial se consideró que la medida es necesaria porque existe riesgo de que el político derechista obstruya la justicia. En el escrito se agregó que estas sospechas tienen “como fundamento gran cantidad de material probatorio recaudado y analizado por la Sala Especial de Instrucción”.
Este miércoles, un día después de la decisión judicial, Uribe dio positivo al test de coronavirus. Según informó Efe, una delegación médica le realizó la prueba al ex presidente en el caribeño departamento de Córdoba, donde estaba pasando la cuarentena decretada por el Gobierno para combatir la pandemia y donde presumiblemente permanecerá durante el resto de su detención preventiva domiciliaria, informaron fuentes de su partido, el Centro Democrático.
Paradójicamente, el caso que convirtió a Uribe en el primer ex presidente colombiano detenido comenzó con una denuncia que él mismo presentó en 2012, cuando era legislador, en la que acusaba de manipulación de testigos a otro integrante del Congreso, el senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo. Por entonces, Cepeda investigaba a Uribe y se preparaba para presentar una denuncia en su contra ante el Congreso por supuestos vínculos con grupos paramilitares, en particular con la creación del llamado Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia, que operó en la década de 1990 en el departamento de Antioquia, cuya capital es Medellín.
De acuerdo con la versión de Uribe, Cepeda iba por las cárceles ofreciendo beneficios a paramilitares a cambio de que testificaran en contra del ex presidente en este caso, que también involucraba a su hermano, el empresario ganadero Santiago Uribe.
El juez de la Corte Suprema que se encargó de esta denuncia, José Luis Barceló, desestimó las acusaciones contra Cepeda y archivó el caso. En cambio, comenzó a investigar al ex presidente, porque surgieron indicios de que “personas allegadas a él habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos”.
Según recordó la revista Semana, el abogado de Cepeda, Reinaldo Villalba, denunció que un ex paramilitar preso que había declarado contra Uribe recibió después ofrecimientos de defensa legal a cambio de que se retractara.
El proceso contra el ex presidente se formalizó en julio de 2018, y a fines de julio de 2020 fue imputado el abogado Diego Cadena. La Justicia sospecha que Cadena actuaba como emisario de Uribe y se encargaba de contactar a los testigos, y también él está en detención domiciliaria por los cargos de soborno y fraude procesal. Junto a Uribe y en calidad de cómplice, el tribunal también investiga a Álvaro Prada, otro integrante de su partido político, Centro Democrático, al que pertenece el actual presidente colombiano Iván Duque.
Respuestas políticas
Al conocer la noticia de la detención domiciliaria, Duque manifestó su respaldo a Uribe, que fue el impulsor de su candidatura a la presidencia. Dijo que le “duele como colombiano que muchos de los que han lacerado al país con barbarie se defiendan en libertad”, en alusión a los guerrilleros desmovilizados en el proceso de paz colombiano, y que a “un servidor público ejemplar, que ha ocupado la más alta dignidad del Estado, no se le permita defenderse en libertad, con la presunción de inocencia”.
Pero el primero en referirse a la decisión judicial fue el propio Uribe, que el martes anunció en Twitter su detención domiciliaria y dijo que le causó “profunda tristeza” por su familia “y por los colombianos que todavía creen que algo bueno” ha “hecho por la Patria”.
Poco después, congresistas del Centro Democrático convocaron a los partidarios del ex presidente a salir a manifestarle su respaldo, informó la agencia de noticias Efe. Se organizó una caravana en Bogotá, con consignas como “Uribe libre” y “Justicia corrupta”, y hubo manifestaciones similares en Medellín, Barranquilla y Cali. Además, el partido que gobierna Colombia propuso “plantear a los colombianos una Asamblea Nacional Constituyente con el propósito de despolitizar la justicia y recuperar la confianza en las instituciones”.
Frente a la sede de la Corte Suprema se organizó el martes un caceroleo, en este caso para respaldar su decisión.
Allí las pancartas se dirigían contra el ex presidente. De acuerdo con Efe, el avance de este proceso judicial fue calificado de una “luz de esperanza” por la organización Madres de Soacha, que reúne a familiares de los casi 5.000 civiles ejecutados por militares, en particular durante el gobierno de Uribe, los llamados “falsos positivos”, que se presentaban como guerrilleros muertos en combate. Para esta organización, el caso genera expectativas de que se juzguen también esos crímenes que hasta el momento permanecen impunes.