De los nueve integrantes de la Tercera Sección del Tribunal Superior de Justicia, ocho respaldaron un fallo que obliga a Google Brasil a aportar a las autoridades de Río de Janeiro datos que podrían ayudar a resolver el asesinato de la edila y activista Marielle Franco y su chofer, Anderson Gomes. El tribunal desestimó así un recurso presentado por Google, y ratificó la decisión que había tomado un juez en primera instancia.
La información a la que se refiere la Justicia fue solicitada por la fiscalía de Río de Janeiro y la Policía Civil en agosto de 2018.
Se trata de una lista de direcciones IP y de identificación de dispositivos para localizar a quienes hicieron determinadas búsquedas en Google. En este caso, los investigadores están interesados en las personas que intentaron informarse sobra la agenda de la edila entre el 7 y el 14 de marzo de 2018, el día en que fue asesinada, y que se encontraban cerca del lugar.
Franco fue atacada a tiros en su auto, junto a Gomes, cuando volvía de participar en un debate en la Casa das Pretas, un espacio cultural en el centro de Río de Janeiro, en la Calle de los Inválidos. Por eso, según informó el diario Globo, los investigadores intentan identificar a quienes buscaron las combinaciones de palabras “Marielle Franco”, “edila Marielle”, “agenda edila Marielle”, “Casa das Pretas” y “Rua dos Inválidos”.
El objetivo es dar con el autor intelectual del asesinato. Hasta el momento hay dos acusados de ejecutarlo: el ex sargento de la Policía Militar Ronnie Lessa y el ex militar Élcio Queiroz, ambos presos desde marzo de 2019.
Datos en debate
Una vez que conoció el fallo, Google Brasil manifestó en un comunicado que no descarta recurrir al Supremo Tribunal Federal, el más alto en jerarquía en Brasil. En el recurso que había presentado ante el Tribunal Superior de Justicia, la empresa argumentó que ya entregó para esta investigación datos sobre 400 personas, e información más detallada sobre unos 30 usuarios. De acuerdo con la empresa, brindar más datos podría violar la privacidad de millones de usuarios y convertir al buscador en una herramienta de vigilancia indiscriminada.
Además, Google afirma que las leyes de Brasil no permiten levantar el secreto sobre información privada sin identificar a una persona en particular, de manera genérica. Sin embargo, el único integrante del tribunal que respaldó el recurso de la empresa, Sebastião Reis, lo hizo porque consideró que se requiere una orden judicial para una entrega de datos genérica, y no basta con un pedido de la fiscalía.
El juez instructor del caso en el tribunal, Rogerio Schietti, argumentó que entregar la información que se pidió no implica un “riesgo desmedido” para la privacidad de los usuarios de Google, y que el levantamiento del secreto sobre datos acotados en el tiempo y en un área definida no es una medida desproporcionada. Pidió además que se tuvieran en cuenta las características del hecho que se investiga, informó la agencia Efe. “Este asesinato no sólo fue cometido en razón de la actividad de la concejal Marielle Franco en defensa de los derechos humanos. Todo indica que también fue motivado porque era una mujer, de la periferia, negra y lesbiana”, dijo el juez.
“Esas mismas estructuras tecnológicas que nos invaden con el suministro de nuestros datos para empresas” y que “deberían preocuparse por la invasión a nuestra privacidad ahora se oponen a una simple investigación de dos asesinatos”, dijo Schietti, de acuerdo con Globo.
Otro integrante del tribunal, Antonio Saldanha, consideró que “la política de Google no puede estar por encima de un Estado”. El juez cuestionó la demora de la empresa en entregar esta información invocando una política de privacidad “que no prevalece a la hora de poner a disposición nuestros datos para propaganda y cosas de ese tipo, que invaden nuestra esfera de individualidad de manera cotidiana”.