La realidad boliviana por estos días está signada por la incertidumbre, la violencia y las amenazas cruzadas, mientras el gobierno de facto de Jeanine Áñez, con la pandemia de coronavirus como telón de fondo, está promoviendo a través de la vía judicial perjudicar al Movimiento al Socialismo con vistas a las elecciones presidenciales fijadas para el 18 de octubre.
Precisamente, la fijación de la fecha de los comicios fue una de las mechas que recrudecieron la conflictividad social en la nación andina.
La Central Obrera Bolivia (COB), junto con Pacto de Unidad, una alianza de organizaciones afines al MAS, están realizando desde hace más de una semana decenas de cortes de rutas en todo el país en reclamo del adelantamiento de las elecciones. En ese sentido, este miércoles desde la COB se pidió al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a la Asamblea Legislativa la consideración de una ley que establezca elecciones generales el 11 de octubre, una semana antes de la prevista por el órgano electoral.
De acuerdo a lo que informó el diario paceño La Razón, la decisión fue anunciada por el secretario ejecutivo de la COB, Juan Carlos Huarachi, quien informó que su oficina mandó sendas cartas a los dos órganos del Estado, las que deberán responder la propuesta en 24 horas. “Que las elecciones se lleven el 11 de octubre; asimismo, la Asamblea Legislativa está en obligación de garantizar con una ley” la nueva fecha, dijo el dirigente.
De acuerdo a una resolución del TSE, los comicios fueron postergados para el 18 de octubre, a pesar de que la Ley 1304, de Postergación de Elecciones Generales 2020, dispuso la votación para el 6 de setiembre. La medida, considerada unilateral e ilegal, generó molestia en la COB y Pacto de Unidad, que decidió realizar piquetes en todo el país.
En la conferencia de prensa en la que realizó este anuncio, Huarachi además fustigó al gobierno de Áñez, al que le reclamó que dé una respuesta a una serie de demandas que la COB le presentó al Ejecutivo.
“Que no confundan la lucha de los trabajadores, del pueblo, queriendo politizar; son demandas estructurales”, afirmó.
Entre los pedidos presentados al gobierno están la aprobación de un protocolo de tratamiento del coronavirus, la distribución de medicamentos, la reactivación económica, la situación de los despidos masivos y la restitución de las labores educativas en el país.
Paralelamente, mientras las fuerzas afines al ex presidente Evo Morales siguen movilizadas, también lo están los sectores que siempre fueron los más acérrimos detractores de las políticas del líder indigenista derrocado en noviembre del año pasado.
En ese sentido, la Asamblea de la Cruceñidad convocada por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, dos entidades comandadas por la élite económica del departamento de Santa Cruz, también realizó en la noche del martes una serie de demandas al gobierno de Áñez.
Estos sectores pidieron que se dé curso a las acciones legales presentadas contra Morales y toda la dirigencia del MAS y la renuncia del presidente del TSE, Salvador Romero. Además, rechazaron la fijación de las elecciones el 18 de octubre y le dieron un plazo de 48 horas al gobierno para desbloquear las carreteras cruceñas.
El encargado de leer el documento de la primera asamblea virtual de esta entidad fue su presidente, Rómulo Calvo.
“Exigir al Ministerio Público que dé celeridad al proceso iniciado por el comité cívico contra Evo Morales y todos los dirigentes del MAS, y contra Juan Carlos Huarachi y Leonardo Loza, por los delitos de lesa humanidad contra el pueblo boliviano”, señala el primer punto del comunicado presentado por las entidades ultraderechistas cruceñas.
El segundo exige a la presidenta Áñez y su gabinete “hacer cumplir y restituir con firmeza el imperio de la ley”, activando todos los mecanismos legales que les faculta la Constitución, “gobernando para todos, sin hacer cálculos políticos”.
La tercera exigencia es la renuncia de Romero, “por no haber demostrado una conducta responsable con la historia del país, ya que debía actuar con independencia y solvencia ética, precautelando la salud y la vida de los bolivianos. El TSE deberá sancionar al MAS cancelando su personería jurídica por los delitos cometidos”.
Además, Calvo expresó que “este Comité no descansará hasta ver tras las rejas a estas bestias humanas indignas de ser llamados ciudadanos. Colonos que muerden la mano, a la tierra que les abre los brazos para que salgan de la pobreza, y pagarán esta tamaña afrenta”.
Estas declaraciones generaron una rotunda respuesta vía Twitter de Evo Morales, quien escribió este miércoles: “Son inadmisibles las expresiones de racismo del Pdte. del Comité Cívico de Santa Cruz que llama ‘bestias humanas’ a pueblos indígenas originarios campesinos que reclaman por retorno de la democracia. Estos grupos son los que impiden elecciones y quieren prorrogarse en el gobierno”.
En medio de esta situación extremadamente compleja, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y la iglesia católica boliviana expresaron a través de un comunicado conjunto su apuesta al diálogo para superar la crisis política en la que está sumido el país y pidieron a los sectores movilizados que levanten los cortes de ruta.
En su comunicado, hecho público el martes, las instituciones firmantes reiteraron al TSE su “acompañamiento a los esfuerzos que ha estado realizando para lograr consensos entre los actores políticos y sociales que contribuyan a fortalecer la institucionalidad democrática y el proceso electoral”.
Además, hicieron un llamado a los sectores movilizados “a deponer aquellas actitudes en bien de la convivencia entre bolivianos y bolivianas”. “Instamos a levantar toda medida de presión indebida en el marco de una sociedad que quiere vivir en paz y respetar las reglas de juego democrático, buscando la vigencia plena de un Estado de Derecho y la gobernabilidad en el país”, declararon.
La ONU, la UE y la iglesia católica consideraron que “el diálogo es el instrumento adecuado para construir acuerdos y garantizar un camino de justicia, progreso en paz, entendimiento, salvaguarda a los derechos humanos y respeto entre todos”.