La decisión tomada este lunes por el Consejo Nacional del Medio Ambiente (Conama), que revocó medidas relativas a la protección de manglares y restingas –áreas arenosas cercanas a cursos de agua cubiertas por vegetación–, van a ser objeto de acciones judiciales y legislativas iniciadas por parlamentarios opositores al gobierno de Jair Bolsonaro. “Voy a promover una iniciativa ante la Justicia Federal pidiendo la anulación de la decisión de la Conama que revocó varias reglas de protección ambiental en Brasil. Contamos con el Poder Judicial para frenar este retroceso”, anunció en su cuenta de Twitter el senador Fabiano Contarato, del partido ecologista Rede, de acuerdo a lo que informó la revista Fórum.
El legislador, que preside la comisión de Medio Ambiente en el Senado, agregó que “después de la absurda omisión sobre la desforestación de la Amazonia y las quemas en el Pantanal, el gobierno federal ahora quiere sacar normas de protección en áreas preservadas y deja librados los manglares y las restingas a la especulación inmobiliaria”. Contarato expresó también que los manglares son el vivero de la biodiversidad costera y su degradación tendría un alto impacto ambiental y social, “pero el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, quiere transformarlos en resorts de lujo” y en granjas para la crianza de camarones. “La sociedad tiene que reaccionar ante esta barbaridad”, sentenció el senador ecologista.
Además, este lunes, horas después de que se conociera la decisión de Salles, quien llegó al cargo fuertemente impulsado por la bancada ruralista, la bancada de diputados del Partido Socialista Brasileño, presentó un Proyecto de Decreto Legislativo (PDL) para intentar dejar sin efecto la medida.
En concreto, lo que la Conama revocó este lunes fueron dos resoluciones que delimitaban áreas de protección permanente en zonas de vegetación del litoral brasileño y aquellas situadas alrededor de las represas. Según informó Carta Capital, una de las normas que se dejaron sin efecto es la Resolución 302/2002, que delimitaba como área de protección permanente, por ejemplo, un área de 30 metros en torno a reservas artificiales en áreas urbanas y de 100 metros en zonas rurales. También se dejó sin efecto la Resolución 303/2002, que dejaba una zona de protección mínima de 300 metros en zonas de restingas del litoral y sobre toda la extensión de los manglares. La norma también protegía áreas más pequeñas ubicadas sobre lagos y nacientes de ríos.
La reunión de la Conama en la que se tomaron estas decisiones, realizada en forma virtual debido a la pandemia de coronavirus, dejó clara la nueva composición del consejo de la entidad –que es comandada por Salles–, de la que fueron retirados los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, luego de una reforma realizada el año pasado. Hasta mayo de 2019, el consejo de la Conama contaba con 96 integrantes, entre los que había miembros de entidades públicas y de organizaciones no gubernamentales. Tras el decreto del Ejecutivo que cambió la composición del órgano, pasó a funcionar con sólo 23 miembros. En el momento del cambio se argumentó que se hacía para que la Conama fuera más “eficiente”.