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Evo Morales durante una rueda de prensa en Buenos Aires (archivo, febrero de 2020).

Foto: Juan Ignacio Roncoroni, EFE

El gobierno de Bolivia denunció en La Haya a Evo Morales y al líder de la mayor central sindical del país

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Los acusa de cometer delitos de lesa humanidad al promover cortes de ruta durante la pandemia.

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El Estado boliviano presentó este viernes ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, una denuncia contra el ex presidente Evo Morales por supuestos delitos de lesa humanidad vinculados con los cortes de rutas que llevaron adelante manifestantes en varios puntos del país durante 12 días, en agosto. Según informó desde La Haya el procurador del Estado, José María Cabrera, la denuncia también alcanza al secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Huarachi, el “principal colaborador” en esos bloqueos.

Para Cabrera, los cortes de rutas de acceso a las principales ciudades del país impidieron el paso de oxígeno para pacientes con coronavirus y causaron así la muerte de 40 o más personas, informó el diario paceño La Razón. “No pueden quedar impunes estos actos inhumanos, de tremenda crueldad. La Corte Penal tiene jurisdicción para que estas personas, incluso gobernantes en funciones y ex gobernantes, cumplan y respondan ante la Justicia por los actos criminales que han cometido”, dijo Cabrera en declaraciones al canal Bolivia TV.

En el ámbito de la Justicia boliviana, el gobierno de facto que encabeza la presidenta Jeanine Áñez denunció a Morales, a Huarachi, al líder cocalero Leonardo Loza, al candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo, Luis Arce, y a su compañero de fórmula, David Choquehuanca, por los cortes de ruta de agosto. Esas protestas fueron convocadas contra la decisión de las autoridades electorales de aplazar las elecciones presidenciales del 6 de setiembre al 18 de octubre.

Desde su exilio en la ciudad de Buenos Aires, Evo Morales se refirió a la demanda en La Haya y escribió en su cuenta de Twitter: “Gobierno de facto de Bolivia, denunciado por ONU, CIDH, ONG, observatorios de Harvard y prestigiosos periódicos por masacres y violaciones a los derechos humanos, ahora nos demanda a mí y a algunos líderes del pueblo ante CPI por defender la democracia; y sigue su campaña de desprestigio pagada”.

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