El Parlamento Europeo evalúa la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en la ciudad neerlandesa de La Haya, contra el gobierno brasileño que encabeza Jair Bolsonaro por no proteger debidamente la Amazonia.
De acuerdo a una nota publicada por el portal brasileño UOL, la posibilidad de demandar por la omisión brasileña respecto al ecosistema amazónico se basa en que esta actitud podría constituir un “crimen contra la humanidad”.
El documento sobre el que se basa esta posible acción fue elaborado en junio por la Dirección General de Política Exterior del Parlamento Europeo.
Según informó UOL, el análisis específico sobre la situación en la Amazonia fue pedido por el Subcomité de Derechos Humanos de la entidad comunitaria con sede en Bruselas. Fuentes parlamentarias europeas dijeron que la idea de llevar el tema a La Haya no es una propuesta concreta, ni una decisión, pero el hecho de que la acción figure en un documento oficial revela que la opción no está descartada.
En una parte del análisis se sugiere que se considere la viabilidad de alertar al TPI acerca de la situación actual en la Amazonia brasileña, donde las quemas y la desforestación se están acelerando desde que Bolsonaro asumió la presidencia, en enero de 2019.
Si bien ya existen en La Haya reclamos presentados contra el actual gobierno brasileño por este tema, el Parlamento Europeo sería la primera entidad extranjera en hacerlo.
El Tribunal de La Haya recibe más de 700 reclamos por año contra gobiernos de todo el mundo, y una mínima parte de estas demandas terminan con la apertura de una investigación oficial. Un número menor aún finaliza con una denuncia legal. Pero de acuerdo al documento redactado por el subcomité del Parlamento Europeo, el TPI ya dio indicios de que los temas vinculados a cuestiones climáticas están dentro de su agenda.
“En 2016 la Oficina de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional dijo que se daría prioridad a los casos referentes a destrucción del medioambiente”, se expresa en el documento.
En el texto se dice además que “la Oficina dará especial consideración a la persecución de los crímenes del Estatuto de Roma que atañen a la destrucción del medioambiente, la explotación ilegal de recursos naturales o la enajenación ilegal de tierras”.
En el caso específico de Brasil, de acuerdo al análisis realizado por este grupo de parlamentarios europeos, “el actual gobierno está potencialmente amenazando la vida de los habitantes indígenas, particularmente de aquellos que viven en aislamiento voluntario o sin contacto con el mundo exterior”.