El presidente Luis Lacalle Pou firmó este jueves un decreto en que establece que “no será preceptivo que los recursos administrativos sean enviados a la Fiscalía de Gobierno antes de tomar una resolución”, según informó el portal de Presidencia.
Esto deja sin efecto otro decreto aprobado durante el gobierno anterior que volvía obligatorio el pasaje de estos recursos por la Fiscalía de Gobierno. En efecto, la norma, firmada en mayo del año pasado por el entonces presidente Tabaré Vázquez, establecía que cuando se presenten recursos jerárquicos interpuestos contra actos administrativos dictados por órganos desconcentrados del Poder Ejecutivo, “previamente se deberá recabar dictamen del Fiscal de Gobierno de Turno, quien dispondrá de un plazo de veinte días, prorrogable por diez más si fuera necesario, para expedirse”.
El decreto tiene una relevancia especial en la medida en que uno de los dos fiscales de gobierno es Miguel Ángel Toma, quien es investigado actualmente por Presidencia debido a sus viajes junto a una contadora de la Secretaría Antilavado. El otro fiscal de gobierno es Daniel Borrelli, uno de los ex integrantes de la Junta de Transparencia que a principios de este año decidió el archivo del caso Toma en ese organismo.