El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, propuso que el 6 de junio de 2021, día en que habrá elecciones para la Cámara de Diputados, alcaldías y gobernaciones de 15 estados del país, entre otros cargos, se vote además una consulta popular.
Si su iniciativa se lleva adelante, ese día se le preguntará a cada votante: “¿Está de acuerdo o no con que las autoridades competentes, con apego a las leyes y procedimientos aplicables, investiguen, y en su caso sancionen, la presunta comisión de delitos por parte de los ex presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones?”.
El planteo no es sorprendente, ya que estaba en marcha una iniciativa popular de recolección de firmas para convocar una consulta de ese tipo, y la campaña contaba con el apoyo de dirigentes de su Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Pero se necesitaban algo más de 1.600.000 adhesiones, 3% del padrón electoral, y el lunes sólo se había reunido unas 800.000, según dijo el propio presidente. Fue entonces que López Obrador anunció que tenía listo un borrador para solicitar esta consulta directamente desde la presidencia.
El lunes anunció que finalmente se reunieron más de dos millones de firmas, pero como vencía el plazo para presentarlas ante el Instituto Nacional Electoral, consideró “importante presentar también este escrito, para tener más seguridad” y lo presentó este martes al Senado.
Antes, en la Cámara de Diputados, integrantes de Morena habían apoyado dos iniciativas muy distintas: por un lado, una similar a la que presentó López Obrador, y por otro, una que propuso el diputado Pablo Gómez que daría una amnistía a los ex presidentes.
Según informó el diario La Jornada, se le preguntó a López Obrador al respecto en conferencia de prensa, y el presidente dijo que “quien decide al final son los ciudadanos” en un asunto como este, en el que hay distintas opiniones.
La oposición, por su parte, considera que esta consulta es una puesta en escena y que si hay acusaciones deben hacerse por las vías judiciales. Pero López Obrador manifestó que hay que evaluar si es posible “llevar a cabo estos procesos o hay limitaciones”.
Según citó la agencia Efe, el gobernante agregó que su propuesta “va ayudar a que se aclare si se puede o no legalmente juzgar a los ex presidentes. Hay mucha incertidumbre sobre este tema”.
Recordó además que en el discurso que dio cuando asumió su cargo dijo que “había que poner punto final”, pero también manifestó que se iba a “someter a lo que la gente dijera”. Agregó: “Al contrario de lo que pudiera suponerse, esta nueva etapa la vamos a iniciar sin perseguir a nadie, porque no apostamos al circo ni a la simulación. Queremos regenerar, de verdad, la vida pública de México. Además, siendo honestos, como lo somos, si abrimos expedientes dejaríamos de limitarnos a buscar chivos expiatorios, como se ha hecho siempre, y tendríamos que empezar con los de mero arriba, tanto del sector público como del sector privado”.
En contra de juzgarlos
A pesar de que en la iniciativa que presentó ante el Congreso enumeró las “calamidades” de los distintos ex presidentes, López Obrador dijo que él votará en contra de juzgarlos. “Se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. He dicho y reitero que yo votaría por no someter a los ex presidentes a proceso. Sin embargo, de realizarse la consulta, respetaré el fallo popular, sea cual sea”, manifestó.
En el texto, que fue publicado este martes por el diario mexicano El Universal, en la exposición de motivos, López Obrador afirma: “Entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018 México vivió un período caracterizado por la concentración desmesurada de la riqueza, quebrantos monumentales al erario, privatización de los bienes públicos, corrupción generalizada, procesos electorales viciados y prácticas gubernamentales que desembocaron en un crecimiento descontrolado de la violencia, la inseguridad pública, la violación masiva de derechos humanos, la impunidad como norma y el quebrantamiento del Estado de derecho en extensas zonas del territorio nacional”.
Agrega que “los males señalados” fueron “consecuencia de la aplicación, durante cinco sexenios, de un modelo político y económico elitista, antidemocrático, antinacional y antipopular” al que adhirieron quienes estaban en el poder, y en particular los presidentes. “En suma”, dice, “fueron resultado de una suma de actos voluntarios y racionales por parte de quienes lo gobernaron en ese lapso”.
“El neoliberalismo gobernante se tradujo en la pérdida de centenares de miles de vidas, en decenas de miles de desapariciones, en la conculcación de derechos políticos y sociales, en el crecimiento de la pobreza, la desigualdad, la marginación, la informalidad y la descomposición social”, afirma el presidente. En esa enumeración agrega también “el acoso depredador en contra de las comunidades indígenas”, el “pronunciado deterioro de las instituciones”, la “pérdida de soberanía” y “la devastación de las industrias petrolera y eléctrica, entre otras consecuencias graves”.
Presidente por presidente
A continuación, López Obrador repasa los sucesivos gobiernos en el documento. Afirma que de acuerdo con las cifras del Banco Mundial y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el período en el que más creció la desigualdad en México fue durante el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, un presidente que fue “impuesto mediante fraude electoral” en 1988. Fue también entonces cuando se “entregó a particulares nacionales o extranjeros una cantidad sin precedentes de bienes públicos”.
Después, “Ernesto Zedillo continuó las políticas privatizadoras de su antecesor y las llevó hasta sus últimas consecuencias”. Además, “adjudicó al conjunto de los mexicanos deudas privadas por un monto de 552 mil millones de pesos en el marco del ‘rescate bancario’ de 1998”, dice.
El siguiente presidente, Vicente Fox, “intervino indebida e ilegalmente en el proceso electoral a fin de impedir el triunfo de la oposición” cuando estaba por terminar su mandato, dice López Obrador, que fue el candidato opositor más votado en esas elecciones. Recuerda que “al año siguiente, en una entrevista”, Fox “admitió que ‘era importante detener a López Obrador’”, y que “en 2010 se jactó de haber ‘cargado los dados’ del proceso electoral”.
Sobre el siguiente presidente mexicano, Felipe Calderón, López Obrador afirma que “embarcó al país en una estrategia militar supuestamente orientada a ‘combatir el narcotráfico’ que exacerbó la violencia y multiplicó las zonas del territorio nacional bajo control de las bandas delictivas, pese a las innumerables y conocidas advertencias de que tal política habría de resultar contraproducente y terriblemente costosa para México”. Dice también que “colaboradores suyos y periodistas independientes le señalaron los indicios de que su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, era cómplice de una de las facciones del narcotráfico, pero el gobernante no hizo nada”, lo que “sólo puede explicarse como fruto de una extremada irresponsabilidad o de complicidad activa o pasiva con la delincuencia organizada”.
En cuanto al último gobernante que dejó la presidencia, Enrique Peña Nieto, “la irrupción de grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida” en su campaña presidencial “fue señalada desde 2012, sin que ello tuviera consecuencias legales” o se anulara la elección, como pedía formalmente la oposición, dice en el texto López Obrador. Allí se refiere también al testimonio que dio Emilio Lozoya, ex director de Pemex, la petrolera estatal mexicana, según el cual, parte de ese “dinero provino de sobornos anticipados de la empresa Odebrecht”. De acuerdo con Lozoya, el gobierno de Peña Nieto, además, sobornó a opositores para que aprobaran su reforma energética y otros proyectos.
A todo esto se suman “muchas otras calamidades no relatadas en aras de la brevedad”, que motivaron reclamos populares de justicia, los cuales “se toparon con una diversidad de mecanismos de encubrimiento e impunidad”, dice el presidente. Agrega que esos reclamos aumentaron durante el actual gobierno, y que se refieren a delitos, pero también a “zonas grises del marco legal”, como los límites que establece la Constitución “para actuar penalmente en contra de un presidente en funciones”.
López Obrador argumenta a favor de una consulta “sobre este delicado asunto”, y dice que “si el pueblo da su aprobación, las instituciones responsables de desahogar las potenciales acusaciones tendrán un enorme respaldo para realizar esa tarea con absoluta libertad”. En cambio, si la gente “rechaza la propuesta, nadie podrá acusarlas de encubrir o solapar conductas ilegales”.