La difusión de una serie de audios la semana pasada fue lo que hizo revivir el enfrentamiento entre el Congreso y el presidente de Perú, Martín Vizcarra. Allí se escucha al jefe de Estado, un asesor y una funcionaria de Presidencia acordando la declaración de una asistente administrativa ante la Fiscalía. Esta investiga si se cometieron irregularidades en la contratación por parte del gobierno de un cantante que participó en la campaña de Vizcarra.
Los audios fueron difundidos durante una sesión del Congreso por un legislador abiertamente opositor al gobierno, Edgar Alarcón, contra quien pesan varias investigaciones judiciales por corrupción. Filtrados los audios, rápidamente en la misma sesión la oposición reunió 31 firmas necesarias para pedir una moción de vacancia por incapacidad moral, que implica la destitución del mandatario, como el que se impulsó contra Pedro Pablo Kuczynski.
La iniciativa tomó mucha fuerza la semana pasada en un Congreso que no pierde oportunidad en marcar su posición contraria a la de Presidencia en temas que van desde las medidas contra el coronavirus hasta la participación en las elecciones de políticos condenados por corrupción. Desde un principio desde el Ejecutivo se la calificó con duras palabras: “complot contra la democracia”, dijo Vizcarra; “prácticamente un golpe de Estado”, dijo el primer ministro Walter Martos.
El respaldo inicial con que contó la moción de vacancia se fue diluyendo durante el fin de semana, principalmente por una de las decisiones adoptadas por el presidente del Congreso, Manuel Merino, quien asumiría la presidencia si Vizcarra fuera destituido. El ministro de Defensa, Jorge Chávez, reveló que Merino llamó al comandante general de la Armada e intentó comunicarse con el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, presuntamente para obtener su respaldo. Chávez dijo que los llamados fueron “imprudentes y fuera de lugar” y, además, “colisionan con el orden democrático” de forma “temeraria”.
Merino reconoció que llamó a los militares, pero aseguró que no procuraba recabar su respaldo –“es totalmente falso; lo rechazo de plano”, dijo–, sino “dar tranquilidad” ante la incertidumbre institucional. El presidente del Congreso intentó que la mirada volviera a centrarse en la actuación de Vizcarra en la contratación que está siendo investigada y, en particular, en el contenido de los audios, pero no lo consiguió.
Con las horas, los líderes parlamentarios de varios partidos dieron a conocer que revertían su posición respecto de la destitución de Vizcarra. Incluso algunos de los 31 que firmaron la solicitud ya anunciaron que votarán en sentido contrario, en una sesión que está prevista para el viernes, salvo que el pedido sea retirado.