Ingresá

Miguel Angel Toma (archivo, febrero de 2018 )

Foto: Pablo Vignali

Presidencia abrió una investigación administrativa por viajes de Miguel Ángel Toma

Menos de 1 minuto de lectura
Contenido exclusivo con tu suscripción de pago

La fiscalía especializada en Delitos Económicos analizará el caso.

Contenido no disponible con tu suscripción actual
Exclusivo para suscripción digital de pago
Actualizá tu suscripción para tener acceso ilimitado a todos los contenidos del sitio
Para acceder a todos los contenidos de manera ilimitada
Exclusivo para suscripción digital de pago
Para acceder a todos los contenidos del sitio
Si ya tenés una cuenta
Te queda 1 artículo gratuito
Este es tu último artículo gratuito
Nuestro periodismo depende de vos
Nuestro periodismo depende de vos
Si ya tenés una cuenta
Registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes
Llegaste al límite de artículos gratuitos
Nuestro periodismo depende de vos
Para seguir leyendo ingresá o suscribite
Si ya tenés una cuenta
o registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes

Editar

La Presidencia de la República abrió una investigación administrativa para investigar los viajes realizados por el ex secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma durante la segunda presidencia de Vázquez. La información de estos viajes fue dada a conocer por el programa Así nos va de Radio Carve, y el semanario Búsqueda.

“Todo funcionario público debe actuar en consideración del interés público que se manifiesta entre otras expresiones en la buena fe en el ejercicio del poder, en la imparcialidad de las decisiones adoptadas, en la rectitud de su ejercicio y en la idónea administración de los recursos públicos”, señala la resolución publicada este viernes.

Por su parte el fiscal de Corte, Jorge Díaz, envió el caso para ser considerado por la fiscalía especializada en Delitos Económicos.

Toma, que se desempeña como fiscal de gobierno, es cuestionado por haber realizado al menos dos viajes oficiales en 2019 para participar en las causas del Plan Cóndor y Aratirí, con una contadora de la Secretaría Antilavado, sin justificar su intervención técnica en las causas. El caso llegó a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) por una denuncia anónima.

Este artículo está guardado para leer después en tu lista de lectura
¿Terminaste de leerlo?
Guardaste este artículo como favorito en tu lista de lectura