Este martes los 13 senadores del Frente Amplio (FA) presentarán una denuncia penal contra Nicolás Chiesa, director general de la Granja (Digegra), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), porque entienden que su accionar configura delito de conjunción del interés público y el privado (artículo 161 del Código Penal). Charles Carrera, coordinador de la bancada de senadores del FA, lo confirmó en una rueda de prensa, y señaló que además Chiesa “violó diversas disposiciones” del Código de Ética en la Función Pública. Cabe recordar que el jerarca del MGAP estuvo en la palestra en los últimos días porque se dio a conocer que en paralelo a su cargo público firmó documentos como apoderado de la empresa Mi Granja SA.
Carrera subrayó que les llamó la atención que el presidente Luis Lacalle Pou dijera que Chiesa “no puede estar en los dos lados del mostrador” y aceptara la renuncia del jerarca a su trabajo en el sector privado “luego de que estaba configurado el delito”, ya que “le tendría que haber exigido” la renuncia de su cargo público.
Cuestiones de ética
En el informe sobre el accionar de Chiesa que realizó la bancada de senadores del FA, al que accedió la diaria, se señala que en primer lugar, dada su vinculación con Mi Granja SA, al pasar a ocupar el cargo de director de la Digegra “debió poner en conocimiento de su jerarca dicha situación, por eventual conflicto entre interés público y privado”.
Además, se sostiene que “su posible participación directa” en el proyecto de modificación de la ley de creación de la Unidad Alimentaria de Montevideo (UAM), integrado a la ley de Presupuesto, “con el fin de su apropiación por el Poder Ejecutivo, también implicaría conflicto entre el interés público y el privado”. Sostienen esto en tanto “no se presentó un solo fundamento sólido que justificara el cambio legislativo promovido, cuyo verdadero fin no se explicita”. “Es llamativo que dicho proyecto se dio a conocer el 31 de agosto y Chiesa firmó el contrato de concesión de uso de espacio en el Parque Agroalimentario días después, el 4 de setiembre”, se subraya en el informe de senadores del FA.
Se agrega que si se concretara la modificación, “la empresa Mi Granja SA, a quien representa Chiesa, sería concesionaria del uso de espacio en el Parque Agroalimentario, que estaría administrado fundamentalmente por el Poder Ejecutivo, con representantes sugeridos por el MGAP, al cual pertenece Chiesa”. “De no concretarse la modificación, de todas maneras con la ley actual en los dos órganos de dirección de la UAM (Directorio y Mesa Ejecutiva) hay un representante del Poder Ejecutivo propuesto por el MGAP”, se agrega.
Además, en el informe se señala que hay disposiciones del Código de Ética en la Función Pública (Ley 19.823) aplicables en el caso de Chiesa. Por ejemplo, el artículo 7, que dice: “Los funcionarios públicos observarán los principios de respeto, imparcialidad, objetividad y buena fe, rectitud e idoneidad y evitarán toda conducta que importe un abuso, exceso o desviación de poder, y el uso indebido de su cargo o su intervención en asuntos que puedan beneficiarlos económicamente o beneficiar a personas relacionadas directamente con ellos”.
También el artículo 14, literal D, que refiere a “intervenir en las decisiones que recaigan en asuntos en que haya participado privadamente como técnico”. Establece que “los funcionarios deberán poner en conocimiento de su superior jerárquico su implicancia en dichos asuntos y los antecedentes correspondientes para que este adopte la resolución que corresponda”.
Por último, se consigna el artículo 31, que señala: “Queda prohibido a los funcionarios públicos ejercer su función con relación a las actividades o entidades privadas a las que se encuentren vinculados profesional, laboral o familiarmente o mediante cualquier otro vínculo del cual pueda derivar un conflicto entre el interés público y el privado”.
¿Y Uriarte?
A todo esto, Carrera señaló que en los primeros días de octubre la bancada de senadores del FA definirá la posible interpelación a Carlos María Uriarte, titular del MGAP, pero no sólo por el accionar de Chiesa, sino por “varias situaciones que se han dado en estos primeros seis meses de gobierno”. Por ejemplo, el proyecto de modificación de la gobernanza de la UAM, ya que consideran que es “una agresión al patrimonio de todos los montevideanos, a la autonomía departamental y una violación de la Constitución”.
De todas maneras, Carrera dijo que como el proyecto se está analizando en la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, estarán atentos a cómo fluye el tema allí. Pero les “preocupa” que desde el Poder Ejecutivo “se haya tomado esa iniciativa y que no se haya comunicado antes con la Intendencia de Montevideo”.