Entre los varios “arrastres” que manifestó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, que quedaron de la administración anterior –obras ya iniciadas o pagos comprometidos– el que más dolores de cabeza le causan parece ser las obras asociadas a la instalación de la segunda planta de la empresa UPM. Al comparecer ante el Parlamento, el jerarca dijo que las expropiaciones necesarias para el proyecto del Ferrocarril Central son mayores a las proyectadas, al igual que las “obras adyacentes”, lo que encarece el costo total del proyecto y dificulta cumplir con los plazos estipulados, lo que expondría al Estado a multas y juicios.
“Estamos haciendo un gran esfuerzo para que las intermediaciones y los movimientos de tierra no nos hagan alargar el período de entrega y poder llegar en fecha a setiembre de 2022. Esta situación nos preocupa mucho, porque tenemos problemas de multas; no quiero terminar con juicios”, señaló Heber el jueves ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes.
Heber se refirió así a varias obras atadas a la construcción de UPM 2, que fueron negociadas como exigencia para la inversión e incluye el Ferrocarril Central que unirá la planta de Paso de los Toros con el puerto de Montevideo. La modalidad de financiación es mediante el sistema de participación público-privada, para lo que se firmó un contrato con el consorcio Grupo Vía Central que asumió la obra por 1.700 millones de dólares, que el Estado pagará en cuotas una vez que quede disponible. Los trabajos para reacondicionar los 273 kilómetros de vías comenzaron a mediados de 2019.
“Esta obra ha implicado situaciones inesperadas, diferentes y que tenemos que ir manejando, con muchas dificultades”, señaló Heber. A continuación, detalló: “En la obra del tren, el anteproyecto elaborado no tomó en cuenta todas las intermediaciones que tiene la vía a lo largo de todo su recorrido, y son mucho más. Se habían anunciado 300 intermediaciones, pero nosotros hemos identificado 1.500. También está el problema hidráulico, que tampoco se había calculado efectivamente y por eso hoy tenemos una situación que generó más obras adyacentes que las previstas originalmente”.
Además, los estudios de suelo “aseguraban que no había tierra vegetal, pero en muchos kilómetros la hemos encontrado en la vía”, lo que no es compatible con “el tipo de carga” a transportar por su elevado peso. “No podemos tener tierra vegetal debajo de la vía, sino que tiene que estar firme. Por lo tanto, tenemos que excavar y mover mucha más tierra, que es algo que encarece la obra”, agregó el ministro.
El jerarca cuestionó el trabajo hecho en este aspecto: “Se hizo mal el estudio previo, se calculó mal y no se advirtió en los cateos por parte de la empresa que se contrató que hubiera tierra vegetal. Eso está llevando a que las expropiaciones sean mayores”. Sostuvo que el número de terrenos a expropiar para la obra del tren pasó de unos 250 a 1.100.
Al respecto, el director nacional de Topografía, Wellington Berenguer, indicó que “al cambiar el proyecto ejecutivo, las pendientes y la altimetría de la rasante del ferrocarril hacen que cambien las obras que hay que hacer en los laterales; por lo tanto, hubo que aumentar lo que estaba previsto” expropiar. Informó que del total de 1.100 padrones que se deben confiscar, en 800 ya se inició el proceso y hay 200 que comenzarán “en estos días”.
Sin embargo, advirtió sobre las demoras que suele haber: “Los procesos expropiatorios son muy complejos y llevan mucho tiempo, que no es menor a cuatro o cinco meses y puede llegar a un año o más; a veces se termina de hacer una expropiación a los ocho o diez años”. Acerca de estos procedimientos, explicó que, “normalmente, hemos logrado que la gente entregue el inmueble de inmediato y después se paga, no porque se quiera dilatar el pago, sino porque lleva mucho tiempo hacer el proceso jurídico”.
Los números que entregaron las autoridades muestran que hay 400 expropiaciones que se han completado, en un proceso que comenzó en 2016. A esto deben sumarse 232 terrenos que han sido entregados por sus propietarios “sin haberse culminado [aún] el acto expropiatorio”.
Berenguer informó que un artículo de la ley de presupuesto que estudia el Parlamento establece, “a efectos de que la gente otorgue el inmueble de ocupación, un aumento de 15% del valor” que se paga al momento de la entrega, y se mantiene ese porcentaje si luego por vía judicial se fija una nueva tasación.
Todo la operativa para las expropiaciones está presionando los plazos para entregar la obra, y si bien no es el Estado quien construye sí tiene la responsabilidad de cumplir lo acordado en el contrato con UPM sobre los plazos de entrega. Heber dijo que conversó de esto tanto con UPM como con el Grupo Vía Central, y aunque había dudas sobre si la fecha pactada para entregar las obras era febrero o setiembre de 2022, se acordó tomar esta última.
“Estamos haciendo lo imposible, sin apartarnos del pliego” ya pactado con el consorcio privado, para entregar la obra en esos plazos, concluyó Heber.