El vicepresidente de INAU, Aldo Velázquez (Cabildo Abierto, CA), cuestionó la forma en que la Intendencia de Paysandú concedió la gestión de los recursos humanos de ocho centros CAIF y del Centro Siempre a la fundación A Ganar, única oferente en el llamado que se hizo a pocos días de terminar el 2020.
Velázquez anunció que el INAU podría exigir una marcha atrás a la comuna sanducera: “En los hechos no está sólida” la aceptación por parte del INAU, y “si nosotros determinamos que no es el camino adecuado, vamos a hablar con la Intendencia y hacer una planificación de cómo volver atrás”. “Haremos una hoja de ruta que establezca cómo deshacer ese acuerdo que se hizo”, dijo Velázquez al matutino sanducero El Telégrafo. El jerarca efectuó estas declaraciones tras la reunión que mantuvo el lunes con el intendente blanco Nicolás Olivera.
Velázquez explicó su abstención en el directorio del INAU a la medida cautelar solicitada por la directora Natalia Argenzio (Frente Amplio) para “no innovar” en el convenio que une a ese organismo con la comuna sanducera. “Frente a dos posibles males estamos eligiendo el mal menor: permitir que esto continúe en estos días”, aunque “si hay que dar marcha atrás, se va a dar marcha atrás dentro de un mes o dos meses, pero en forma planificada, moderada”, explicó el jerarca.
Velázquez dijo a El Telégrafo que el intendente Olivera maneja “como otra opción” la alternativa de “hacer un llamado abierto a otras instituciones civiles para que gestionen los proyectos directamente, dejando la Intendencia la gestión de los mismos. Esa propuesta me la hizo el intendente”, aseguró.
En tanto, el presidente de la Junta Departamental de Paysandú, Braulio Álvarez, estableció que “siempre existe la posibilidad de analizar una licitación”, pero “en este caso la fundación A Ganar empezará esta semana a trabajar en la gestión de esos centros, porque esa licitación se realizó ajustada a derecho, más allá de que se cuestionen los plazos”. El edil dijo a la diaria que el intendente Olivera “no informó” de una posible revisión de esa medida. En su opinión, las declaraciones de Velázquez “son a título personal, para marcar la posición de CA en este tema”.
Pedidos de informes
La diputada frenteamplista Cecilia Bottino solicitó un pedido de informes al directorio del INAU, “para saber qué hizo y qué hará el INAU con respecto a esta decisión unilateral de la Intendencia de Paysandú de tercerizar la gestión de los ocho centros CAIF y el Centro Siempre”. “Si una asociación civil hubiera hecho lo que hizo la intendencia el INAU no lo hubiera permitido, porque los controles que realiza sobre la gestión administrativa y de los recursos humanos de esas asociaciones es muy grande”, afirmó la diputada. “El órgano rector de estas políticas es el INAU, que es quien dispone de los recursos”, recordó. Para Bottino, la normativa en relación al funcionamiento de los convenios es clara: “Allí dice que el acuerdo es entre el INAU y la Intendencia de Paysandú”, por lo cual esta última “no puede unilateralmente tercerizar la gestión de los centros”.
“De no haber querido seguir con estos centros, el intendente Olivera debió haber denunciado los convenios ante el INAU, diciendo que no quería seguir, de modo de iniciar un proceso de transición para llamar a organizaciones de la sociedad civil para que se encargaran de esos centros CAIF”, agregó.
La legisladora del MPP agregó que las asociaciones civiles que gestionan centros CAIF en Paysandú “plantearon a INAU que ellas podrían haber asumido” esa gestión, pero no fueron informadas de la licitación.
La semana pasada varias organizaciones sociales de Paysandú enviaron una carta al intendente Olivera dando cuenta de la “enorme preocupación” generada por la resolución de tercerizar esos servicios.
“Manifestamos nuestra sorpresa por un llamado que entendemos tuvo vicios notorios, dejando por fuera la posibilidad de que nuestras asociaciones u otras organizaciones pudieran presentarse al mismo”, dice la carta. Además, expresan preocupación por la “inseguridad” laboral en la cual se ven inmersos los 130 trabajadores que se desempeñaban en esos centros. En esa línea, Bottino dijo que “son preocupantes los documentos que la Intendencia les hizo firmar a los trabajadores”. “La semana pasada la Intendencia convocó a los trabajadores de los CAIF para que firmaran un documento antedatado que llevaba fecha de 31 de diciembre de 2020”, en el cual se establecía que “no podían reclamar nada a la Intendencia y que pasarían a trabajar para la fundación A Ganar”. “Como debían aceptar esas condiciones para seguir trabajando, la mayoría de las trabajadoras firmaron. Se trató de una medida de presión muy grande, en un momento en que la situación laboral del departamento es muy compleja, y más con esta determinación de la Intendencia, que afecta a 600 trabajadores en su conjunto”, lamentó. Esta situación es seguida de cerca por la Mesa Departamental del PIT-CNT, que la próxima semana se reunirá con los tres diputados electos por Paysandú, dijo Bottino.