Pablo Sitjar, representante de Cabildo Abierto en el directorio del Banco República (BROU), forma parte de varias sociedades anónimas, algunas de las cuales mantienen litigios con el Estado, informó el jueves el semanario Búsqueda.
Sitjar es vicepresidente de Vidaplan SA, empresa titular de la explotación de casino Nogaró en Punta del Este. En mayo del año pasado demandó a la Dirección General de Casinos (DGC) por 50 millones de dólares y desde agosto de 2020 se opone a reabrir sus puertas, lo que derivó en la Justicia penal.
Las salas de juego fueron cerradas en marzo de 2020 debido a la emergencia generada por la covid-19; en agosto la DGC ordenó la reapertura, pero el directorio de Vidaplan SA, integrado por Piero Taliento (director), Nicola D’Occhio (presidente) y Pablo Sitjar (vicepresidente), decidió no cumplir con la indicación.
Como el casino es mixto, explotado por la empresa y por el Estado, la DGC presentó una denuncia penal por el delito de “justicia por mano propia”, porque sus trabajadores no podían acceder a su lugar de trabajo.
En octubre de 2020 Ana Roses, la fiscal que está a cargo del caso, pidió la formalización del director de Vidaplan SA al comprobar que “mediante la presencia permanente de guardias de seguridad en la puerta de ingreso se les impidió a los funcionarios de la DGC el ingreso”, asegura el semanario.
El Estado, por medio de un decreto, decidió compensar económicamente a los trabajadores del casino Nogaró; el decreto dice: “La única sala que no abrió sus puertas fue la del Casino del Estado Nogaró (el cual es explotado en el régimen denominado ‘sistema mixto’), por una decisión unilateral del arrendador Vidaplan SA, quien impidió el acceso a las instalaciones del mismo a los funcionarios de la Dirección General de Casinos” .
Las diferencias entre el Estado y Vidaplan SA no son nuevas. La empresa comenzó a hacerse cargo del casino Nogaró en 2010, aunque ya explotaba el hotel Mantra desde antes. Vidaplan SA presentó el año pasado una demanda contra el Estado mediante la que reclama 50 millones de dólares, publicó El País, “por discutir la naturaleza del contrato y por competencia desleal” .
Además, Sitjar está embargado desde 2018 por una deuda con la DGI a raíz de un proyecto inmobiliario.
En agosto de 2017 Sitjar había firmado un convenio para saldar la deuda, cuando era director de THS Accounting Services SA, pero la empresa dejó de cumplir con los pagos después de la cuota número 13, dejando casi un millón de pesos sin pagar, lo que llevó a la DGI a iniciar acciones legales.
Este último punto generó disconformidad en el Sector Financiero Oficial de la Asociación de Bancarios del Uruguay. Lorena Lavecchia, presidenta de banca oficial del gremio, dijo a la diaria que “es inadmisible que haya personas que le deben plata al Estado trabajando en empresas públicas”.