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Charles Carrera (archivo, setiembre de 2020).

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En el FA “preocupan” las “contradicciones” y la “falta de transparencia” del Ejecutivo sobre el contrato con Sinovac

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“El gobierno debería dar a conocer con quien, supuestamente, ha firmado contratos”, sostuvo el senador Charles Carrera.

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Leído por Andrés Alba
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Los distintos temas que tocó en la conferencia de prensa del miércoles el presidente Luis Lacalle Pou dispararon varias reacciones, principalmente en la oposición. Una de ellas fue a raíz de lo que informó el programa de radio No Toquen Nada: el director del instituto Butantan de San Pablo, en Brasil, Dimas Covas, dijo que aún no existe un acuerdo entre esa institución –que actúa como intermediaria en la compra de vacunas Sinovac, de origen chino, para América Latina– y el Ministerio de Salud Pública (MSP), y que, por lo tanto, la compra de esas vacunas por parte de Uruguay no está cerrada. Según la periodista Denise Mota, Covas sí admitió es que hay un “preacuerdo” en el que Uruguay manifiesta su “interés claro por la compra”, pero aún “no hay una definición sobre el número de dosis porque no hay un acuerdo de compra final”.

En la conferencia, Lacalle Pou dijo que el gobierno hizo un acuerdo con “un representante autorizado por Sinovac”, y aseguró que Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia, tiene los documentos “que confirman la representación de la vacuna en esa empresa”, con la que se negoció, así como la “prefactura” para que se paguen las vacunas.

Ante esto, el coordinador de la bancada de senadores del Frente Amplio (FA), Charles Carrera, subrayó a la diaria que la principal preocupación de la oposición “es que las vacunas lleguen cuanto antes”. Según Carrera, el país se encuentra “en un momento muy complejo, con un aumento exponencial de casos” y “con la llegada de las vacunas iremos de a poco superando este flagelo”.

En cuanto a la respuesta del presidente, Carrera señaló que le “preocupan” las “contradicciones”, ya que, por un lado, el Instituto Butantan afirma que tiene apenas un pre acuerdo con Uruguay y no hay un contrato, mientras el gobierno dice que tiene un contrato firmado con un distribuidor de la vacuna Sinovac, “pero que por razones de confidencialidad, no puede revelar quién es”.

“Creo que el gobierno, en pos de la transparencia, debería dar a conocer con quien, supuestamente, ha firmado contratos. La confidencialidad contractual no opera sobre la identidad de la empresa con la cual se firmó sino respecto del contenido de las cláusulas. Entonces, preocupa la falta de transparencia, y eso genera un cierto grado de desconfianza en esta etapa”, sostuvo.

Carrera agregó, como ejemplo, que en Chile se firmaron contratos y aunque hay cláusulas confidenciales, “han informado la identidad de la empresa, la cantidad de vacunas y han comunicado un cronograma oficial de vacunación, con una meta clara de tener vacunada al 80% de la población en el primer semestre”.

En tanto, el diputado frenteamplista Gustavo Olmos envío una carta a los CEO de los laboratorios Pfizer y Sinovac para que habiliten la exclusión de las cláusulas de confidencialidad respecto a las cantidades de vacunas que el país compró, así como los cronogramas y precios acordados.

Una vez más

A su vez, el FA analiza citar nuevamente al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, a la comisión respectiva del Senado, por el tema de las vacunas. El jerarca compareció a la comisión el martes 5 de enero durante siete horas, también con las vacunas como uno de los temas principales para responder. La senadora del FA Sandra Lazo, integrante de la Comisión de Salud Pública de la cámara alta, dijo a Montevideo Portal que “más allá de las cláusulas de confidencialidad” de los contratos, el gobierno da información “con cuentagotas”. Agregó que se necesita “información fidedigna para dar tranquilidad a la población”.

En tanto, el senador nacionalista Amín Niffouri, integrante de la comisión, subrayó a la diaria que cada vez que se solicitó la comparecencia de distintos jerarcas han ido “sin problema ninguno”. Sostuvo que el miércoles asistieron las autoridades de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), porque “según el FA”, Salinas había dicho “que el presupuesto de ASSE “era un tercio del que habían pedido”; sin embargo, según el senador nacionalista, en la versión taquigráfica consta que “era una pregunta que le había hecho la senadora Lazo, en la que le decía que le habían dado un tercio del presupuesto que habían pedido”, a lo que Salinas contestó: “Por eso de un tercio, pregúntenle a ASSE”, porque “no le correspondía a él responder”.

“Y por eso fue que solicitaron a las autoridades de ASSE. Así y todo, fueron y dieron la respuesta que había que dar y se transparenta toda la información que hay para transparentar, no hay problema ninguno. Nosotros siempre estamos de acuerdo [con que se cite a jerarcas], y a la comisión siempre van y dan la información”, subrayó Niffouri.

El senador blanco acotó que a veces algunos llamados a comisión por parte del FA “dejan mucho que desear”, porque “falta un poquito de contenido en las solicitudes”, ya que “hace 20 días que fueron las autoridades del MSP”. Además, sostuvo que si “cada diez días se va a pedir que vayan autoridades” se está “abusando”. “Me parece que se está haciendo más un juego político que de contenido”, finalizó.

¿Movilidad?

En la conferencia de prensa del miércoles Lacalle Pou fue consultado por un periodista sobre si el gobierno evaluó la posibilidad de “ajustar la perilla” de la movilidad. El presidente contestó con una pregunta: “Cuando me hablan de reducir la movilidad, ¿a qué se refieren?, porque no he escuchado a nadie decir dónde quieren reducir la movilidad”. Subrayó que si se refieren a cuarentena obligatoria, “ya saben que no”, y si se alude a “que la gente no vaya a laburar”, ya hay “medidas de teletrabajo”.

“¿Más quieren reducir la movilidad? Si al fin y al cabo, esto es un cuidado personal. Entonces, hay que entrar al área chica y decir qué es lo que se está proponiendo por reducir la movilidad”, sostuvo el presidente. Agregó que, por ejemplo, asistir a la playa, a un parque o a una plaza “está recomendado” y ni siquiera es un “signo de interrogación”; porque “a la gente le hace bien, porque hay una enfermedad que está en la vuelta, que es la mental, el estrés y la angustia que ha generado todo este tema”. “Gente que pasa todo el día en la casa tiene que tener el derecho a salir, y más si se cuida. Es una discusión del 13 de marzo esta, ¿no?”, señaló.

De todas maneras, un integrante del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH) señaló a la diaria que hay una comisión trabajando en una gama de “medidas e indicadores” para ver “dónde estamos parados con respecto a otros países” y, eventualmente, “movernos hacia abrir o cerrar, en función de esos indicadores”. Agregó que el freno del crecimiento de casos diarios de los últimos días permite discutir el tema “un poco más tranquilos”, pero “sólo un poco”, para ver cómo sigue la situación a medida que se retoma la actividad.

Antía y las perillas

La única medida nueva que anunció Lacalle Pou el miércoles fue la flexibilización del cierre de fronteras: ahora podrán ingresar al país los uruguayos, los residentes y “otras excepciones”. Esto fue visto con buenos ojos por Enrique Antía, intendente de Maldonado, quien según FM Gente dijo que la decisión del Poder Ejecutivo "estaba cantada" y valoró que se retorne a la situación de diciembre, ya que podrán ingresar al país algunos propietarios de inmuebles. De todas maneras, el intendente nacionalista dijo que "falta una vueltita más de perilla".

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