El Grupo de Puebla y su equipo jurídico, denominado Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (CLAJUD), emitieron declaraciones públicas apoyando al político chileno Marco Enríquez-Ominami, quien a fines de diciembre presentó un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras la suspensión de sus derechos políticos.
En un comunicado, el Grupo de Puebla manifestó que se está siguiendo de cerca el caso del dirigente chileno, quien fue fundador y candidato presidencial del Partido Progresista de Chile en 2013 y “desde el año 2015 ha sufrido fuerte ofensiva judicial y comunicacional contra sus derechos políticos y de participación democrática, derechos que siguen restringidos hasta el día de hoy impidiéndole de participar del proceso de la nueva constituyente en Chile”.
En el texto, firmado entre otros por los ex presidentes brasileños Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, el ex presidente de Colombia Ernesto Samper y su par de Ecuador Rafael Correa, se afirma que este caso “se trata de otra guerra jurídica -lawfare- a través de las que se está persiguiendo a líderes progresistas de la región coartando sus derechos políticos a elegir y ser elegidos, su movilidad o su arraigo geográfico”.
El 22 de diciembre el abogado de Enríquez-Ominami, Ciro Colombara, presentó una denuncia ante la CIDH acusando la suspensión de sus derechos políticos, la vulneración de su presunción de inocencia y la violación de su derecho a ser juzgado en un tiempo razonable, de acuerdo a lo que informó el diario chileno La Tercera.
En 2015 la Fiscalía chilena comenzó una investigación por una supuesta infracción tributaria vinculada con un supuesto financiamiento irregular de las campañas presidenciales de Enríquez- Ominami en los años 2009 y 2013. En la primera se presentó como candidato independiente y en la segunda, por el Partido Progresista de Chile.
A raíz de este caso y según expresó Colombara en el escrito presentado ante la CIDH, Enríquez-Ominami “recientemente, ha sido privado de su derecho a sufragio y de sus derechos políticos en virtud de la acusación del Ministerio Público, y por una decisión de Servicio Electoral sin que exista condena penal o resolución de algún Tribunal”, y que “se ha excedido absolutamente el plazo razonable, ya que pese a que van casi 6 años de investigación del Ministerio Público aún no se realiza la Audiencia de Preparación de Juicio Oral y no existe fecha probable para el Juicio Oral (cuya duración podría ser de 1 año)”.