El Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay (CMU) aprobó el jueves la iniciativa del presidente de la institución, Blauco Rodríguez, para promover que las personas que sean formalizadas por incumplimiento de la Ley 19.932, que limitó el derecho de reunión, puedan ser penadas con trabajo comunitario a realizarse en áreas periféricas de los centros asistenciales.
La propuesta sorprendió a varios integrantes del Consejo Nacional del CMU, que conocieron la iniciativa a través de la prensa y vieron cómo el presidente de la entidad hizo el planteo ante la Comisión de Salud y Asistencia Social de la Cámara de Diputados y al ministro de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Luis Tosi, con quien acordó avanzar en un borrador para un convenio entre el CMU y la SCJ antes de considerarlo formalmente en el Consejo Nacional.
En diálogo con la diaria, el prosecretario del Colegio Médico, Andrés Saibene, señaló que se actuó así porque “se creía que iba a salir” y “para ir adelantando se fueron generando esas reuniones”. Saibene defendió la iniciativa en el entendido de que el CMU debe “velar por la salud de toda la población”. “El colegio trata de colaborar con la sociedad en la emergencia sanitaria, como lo ha hecho dando información, entregando barbijos o folletos. Esta es una más de sus competencias y potestades”, expresó.
El prosecretario destacó que el planteo fue aprobado por la mayoría de los integrantes del Consejo Nacional y señaló que no es el CMU el que va a sancionar, sino que “serán los distintos poderes los que tomen las decisiones“
En cambio, la consejera Diana Domenech cuestionó que sea parte de los cometidos de la institución “hacer este tipo de propuestas de sanción o de pena a la población”. “Una cosa es que nosotros podamos educar a la población y entregar alcohol en gel o tapabocas, que es una forma de ayudar a la población en tiempos de pandemia, pero esta línea de proponer sanciones para los que no cumplen no corresponde”, afirmó.
En cuanto a la propuesta específica, Domenech advirtió que va a generar más movilidad social en momentos en los que hay que restringirla. “Acercar a los servicios de salud a personas que en su momento no entendieron la importancia del distanciamiento social como pena nos parece que es una propuesta que no corresponde al momento que estamos viviendo”, afirmó.
Discusión en comisión de Diputados
Rodríguez y Pablo Schiavi, asesor legal del CMU, fueron quienes presentaron la idea el miércoles en la Comisión de Salud de Diputados. La iniciativa fue bien recibida por parte de la presidenta de la comisión, la diputada de Cabildo Abierto Silvana Pérez Bonavita, quien la calificó como “muy oportuna” y confió en su utilidad. “Realmente, si esto se llega a implementar, tengo la esperanza de que estadísticamente logremos disminuir la cantidad de aglomeraciones y fiestas clandestinas”, expresó.
Alfredo de Mattos, diputado del Partido Nacional, advirtió el riesgo que puede implicar que uno de los condenados a trabajo comunitario se enferme. “Hay que tener cuidado con esto porque de una sanción pasaríamos a otra sanción que puede provocar la enfermedad y sería muy grave y complejo para la Justicia”, señaló.
La diputada del Frente Amplio Lucía Etcheverry también presentó reparos. Consultó sobre el origen de la propuesta, dado que la cita estaba agendada como una delegación del CMU y durante su intervención Schiavi la presentó como una iniciativa de la institución. Allí, el presidente aclaró que se trataba de una iniciativa personal que sería institucionalizada al día siguiente.
Otro de los cuestionamientos realizados por la diputada Etcheverry refiere a la pertinencia de sobrecargar a las direcciones responsables de los recursos humanos de los centros de salud con la implementación del trabajo comunitario, que implica, además de asignar una tarea, relevar su cumplimiento e informarlo, en momentos de alta complejidad por los requerimientos de la pandemia.
Rodríguez puso en duda la situación de desborde de las instituciones de salud. “Tengo entendido que esa es una definición de una de las partes, concretamente, de los sindicatos. No es una definición de los gestores de salud que las instituciones estén desbordadas”, señaló. Además de presidir el Colegio Médico, Rodríguez es el director de la Regional Sur de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que tiene bajo su órbita a todos los hospitales de ASSE de Montevideo y el área metropolitana, y a la red de atención primaria de Montevideo y Canelones.
En cuanto a la pertinencia de que el Colegio Médico realice una propuesta de este tipo, Rodríguez opinó que el planteo se enmarca en el cometido de “velar por la calidad de la asistencia que brindan los médicos, así como por los derechos de los usuarios”. “Vaya si en una situación de pandemia y de emergencia sanitaria el Colegio Médico del Uruguay, en cumplimiento de los roles que le otorgó el Poder Legislativo a través de la ley de su creación, debe estar presente, manifestar su opinión y desarrollar un rol activo”, agregó.
La Ley 18.591, que creó el CMU en 2009, le asignó ocho cometidos relacionados con la dignidad, la independencia y la mejora continua en el ejercicio de la profesión, el cumplimiento del Código de Ética Médica, la calidad de asistencia, el rechazo a prácticas corporativas, la formación de los médicos y el análisis sobre casos concretos vinculados a la ética y los deberes del médico.