Hugo Odizzio es ingeniero de profesión, pero lleva más de 30 años en el Banco de Previsión Social (BPS), donde ocupó cargos técnicos y políticos. Además de asumir el año pasado al frente del organismo, integra el círculo cercano del presidente Luis Lacalle Pou y visita seguido la Torre Ejecutiva. En entrevista con la diaria, repasó lo hecho en estos primeros meses y lo proyectado para el período por el BPS.
Se refirió a la auditoría realizada sobre el proceso de certificaciones médicas, que detectó “debilidades en los controles” y disparó algunos cambios dentro del BPS, al tiempo que se busca “contar con el apoyo de los prestadores” para verificar la realización del acto médico. Esto será planteado por Odizzio en la Junta Nacional de Salud (Junasa), y hay disposición de las instituciones médicas para “mejorar la información” y para corregir errores constatados, como que un mismo médico firmó 45.000 certificaciones porque “no se controló”. Además, el presidente del BPS habló de la futura reforma de la seguridad social y sostuvo que el resultado dependerá de “la madurez del sistema político”.
Cuando se está por cumplir un año de gestión del nuevo gobierno y de usted al frente del BPS, ¿qué evaluación hace sobre lo realizado y lo factible de las reformas que pretendía hacer en lo previo?
En 2019 elaboramos un documento con cosas a analizar y mejorar en el BPS, y cuando lo escribía no pensé que fuera quien lo llevaría adelante. Eso es un poco la guía de cosas a cambiar: el control de las certificaciones médicas; algunos beneficios, como las ayudas extraordinarias, que tienen un potencial mayor; y algunos cambios que apunten, en un sistema [de previsión social] maduro como el uruguayo, hacia la situación de sustentabilidad y suficiencia de las prestaciones. Además de eso, estamos enfocados en mejorar el programa de viviendas e incluimos en la Ley de Presupuesto una modificación que nos permite comprar unidades y que no sean sólo edificios construidos exclusivamente para jubilados. Todo eso bajo un enfoque de mejorar la eficiencia de la gestión a nivel del presupuesto operativo y traducido en un mejor servicio a la población. En conclusión, las ideas que teníamos las mantenemos intactas y creemos que las podemos llevar a cabo, aunque obviamente en paralelo estamos atendiendo los requerimientos adicionales por la pandemia, que son muchos.
A propósito de la pandemia, dejó el BPS en el foco de la opinión pública. ¿Considera que esa exposición es positiva o negativa para el instituto?
Desde que asumí en abril y luego, cuando lo hicieron los directores designados por el gobierno, hemos priorizado transmitir tranquilidad a los uruguayos. Hemos tratado de preservar la imagen del BPS como garante de las personas en todas nuestras comunicaciones. Sinceramente, tendríamos muchas más cosas para decir de lo que hemos encontrado, pero las vamos a contar cuando las hayamos mejorado, porque lo importante es que los ciudadanos todos los meses cobran su beneficio. El BPS responde y debe estar en la mente de las personas como un instituto que las tranquiliza y lleva certidumbre.
¿En qué medida se estima que impacte la pandemia en las finanzas del BPS? ¿Qué asistencia financiera calculan para el año recién terminado?
Las previsiones presupuestales que se hicieron se cumplieron de forma muy aproximada. Probablemente tengamos una desviación pequeña debido a esta nueva ola de contagios. Por ejemplo, pasamos de tener 9.200 personas en seguro por enfermedad por covid en octubre a 24.000 en noviembre, un aumento de 150%, aunque el número representa 20% del total de certificaciones médicas. Sólo BPS, sin contar lo que se paga por el Ministerio de Desarrollo Social [Mides] [el programa de asignaciones familiares], está en el orden de 578 millones de dólares asignados al Fondo Covid [por ser gasto correspondiente a la pandemia]. Sobre la asistencia financiera al BPS también vamos a estar en la proyección, que era del orden de los 600 millones de dólares.
En diciembre, debido al aumento de casos el gobierno anunció una serie de medidas, que incluían el teletrabajo en las oficinas públicas. El BPS informó que mantendría la atención presencial y eso provocó un cruce con el sindicato. ¿Por qué se hizo y cuál es la situación actual?
En diciembre Presidencia planteó reducir al máximo [el trabajo presencial] y mantener aquellos servicios que sean esenciales para la población. En el BPS 90% de las personas de más bajos recursos vienen a hacer trámites de forma presencial, porque no tienen usuario o no pueden hacerlo por internet. A la vez, en diciembre hay una demanda muy elevada de préstamos [sociales para jubilados y pensionistas] y vimos que había muchas personas agendadas para trámites de jubilaciones o pensiones por invalidez, que son la diferencia entre comer y no comer. Por eso lo hicimos, sin poner en riesgo la salud de los trabajadores porque habíamos invertido mucho tiempo y dinero en la compra de artículos de protección. Entiendo que el sindicato esté preocupado por los trabajadores; ese es su rol, y el nuestro es manejar el balance y preocuparnos por ambos: los trabajadores y los ciudadanos.
El ajuste provisorio de las jubilaciones es de 7,57% y seguramente no varíe mucho el definitivo. ¿Qué responde al reclamo de la Onajpu (Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas del Uruguay) de que se pierde poder de compra? ¿Podría adelantarse, como piden, el ajuste de las jubilaciones mínimas previsto para mitad de año?
El ajuste es el que está en la Constitución, no es caprichoso. Cuando los salarios crecieron y se recuperó poder de compra, el índice de salarios [que determina el ajuste de las jubilaciones] iba por encima de la inflación. Y ahora, en un año en que el país tiene una realidad económica diferente, puede haber una pérdida en torno a 1% para los jubilados. Hay una expectativa, obviamente, de mejorar las jubilaciones, y considero legítimo el reclamo del representante de la Onajpu, pero el país entero está atravesando una situación compleja y no sé si podrá adelantarse el aumento de julio. Es algo que no resuelve ni el presidente del BPS ni el director por los jubilados; verá el gobierno nacional si puede contemplarlo. Yo lo veo difícil.
Al inicio mencionó la auditoría sobre el proceso de certificaciones médicas. ¿Qué se encontró y qué medidas se piensa tomar?
A nivel país hubo una expectativa de que las auditorías el 2 de marzo iban a empezar y el 5 iban a estar los resultados. En relación con el BPS, nosotros concebimos la auditoría técnicamente como una comparación entre lo que está estipulado para desarrollar un proceso y cómo se cumplió realmente. En el seguro por enfermedad había una percepción de un abuso del beneficio y fue lo primero que se hizo. Por un lado, encontramos debilidades en los controles; algunas pudimos corregirlas, pero otras nacen al momento de la certificación. En lo interno, hubo cambios en el sistema que se pusieron en práctica al inicio de 2021, como un invento que permitía enganchar varias certificaciones como si fuera una y derivó en casos que en lugar de cobrar 40.000 pesos cobraron 150.000 pesos. Por otro lado, tenemos el tema de si las certificaciones corresponden a una situación de enfermedad o si hay alguna patología que está permitiendo certificaciones reiteradas o prolongadas. Ahí tenemos opiniones que dicen que el problema empieza en el acto médico, no dentro del BPS, y coincido en parte. Por eso, como integro la Junasa, vamos a llevar este año la postura de contar con el apoyo de los prestadores de salud, que adelantaron que están dispuestos a mejorar la información. Una de las cosas que encontramos es que no se controla que el número que se pone del médico actuante sea realmente del médico que hizo la certificación.
¿Qué significa esto último para los controles que realiza el BPS?
El sistema pide el número del profesional que hace el acto médico que da lugar a la certificación. En una institución había 45.000 certificaciones a nombre del mismo médico, que era el director técnico [del centro de salud], porque quien lo ingresaba en la parte de registros médicos ponía siempre el mismo número de matrícula. Esto impide controlar si el médico era un pediatra que certificó un cuadro psiquiátrico, por ejemplo. Los hallazgos [en la auditoría] fueron varios: cosas bien diseñadas y mal instrumentadas, otras mal diseñadas, y todo eso permitía un uso abusivo. Hoy lo que estamos haciendo, para dar mayor transparencia y que no parezca un endurecimiento en las condiciones de acceso a un beneficio, fue pedirle a la Auditoría Interna que contrate un auditor externo que mire los procesos de las prestaciones. No es una cosa de un día para el otro, porque lo enfocamos como un tema de gestión, y no encontramos un escenario perverso ni de cosas oscuras, eso no existe por suerte.
¿Este proceso puede terminar con funcionarios investigados por su actuación, o con denuncias contra personas que hicieron un uso abusivo?
No encontramos indicios de que hubiera una permisividad del lado interno, por parte de nuestros profesionales de la medicina. Puede haber algún caso aislado, pero no una cosa esquemática para inventar certificaciones. Sobre los recuperos por los abusos, el BPS no puede reclamar dinero por criterios o interpretaciones jurídicas que instrumentó mal; si lo hacíamos con una lógica que se apartaba de la norma no fue culpa del trabajador. Salvo que encontremos, por decir una hipótesis clara, una persona que se certificó con un médico muerto hace años. Eso sí configura como un fraude.
¿Cómo sigue desde el BPS el trabajo de la comisión de expertos que comenzó a discutir la futura reforma previsional?
El BPS fue convocado por la comisión y nos hicieron preguntas sobre diversos temas, para lo que formulamos una respuesta conjunta con los directores políticos, y los directores sociales hicieron planteos más enfocados desde sus colectivos. Vimos que en la comisión hay una forma de trabajo bien organizada, nos preguntaron sobre temas sensibles en relación con el BPS. Veo bien enfocada a la comisión. Algunos de sus integrantes tienen mucho conocimiento no sólo del sistema uruguayo sino de lo que funciona y lo que no a nivel mundial, porque creo que en la seguridad social hay que mirar por encima de la frontera. Ver a quién le va mejor y a quién no tanto, de países con características demográficas y económicas similares. El gran desafío es cómo funcionará la comisión en términos de sus propuestas.
Una encuesta que encargó la comisión mostró que más de la mitad de las personas no están informadas sobre el sistema de jubilación y que 78% rechaza subir la edad de retiro. ¿Será difícil en ese marco explicar e implementar la futura reforma?
Quizás sin la covid-19 sobre la mesa en 2020 el tema hubiera ocupado un lugar más importante en la agenda, y lo único que cambiaría es que habría más gente informada de que habrá una reforma. Pero después qué es la edad de retiro o la tasa de reemplazo la gente no lo entiende, y es razonable porque son temas muy técnicos. Sí entiende ‘voy a tener que trabajar más’, o algo curioso que es creer que le pagan muy poco en función de lo que aportó, cuando es algo matemático y no da lugar a opiniones: con los aportes se paga en promedio siete años de jubilación, y se cobra por entre 18 y 20 años. Esas cosas instaladas en el imaginario popular a la larga no tendrían mayor impacto, salvo que los que están ya pensando en juntar firmas sin importar cuál sea el proyecto que se apruebe digan: “Si tengo un alto porcentaje de gente que no sabe nada o no quiere que suba la edad de jubilación” es un escenario bueno para cuestionar la reforma. Estos son procesos que apuntan a las futuras generaciones, y hay que tomar decisiones que velen por ellas, entonces no es que hay que pensar en la madurez de la sociedad, sino del sistema político. Es importante que quienes tienen el conocimiento y la capacidad de comprensión abandonen las posiciones del siglo pasado, de pensar a 30 años un sistema de seguridad social basado en las contribuciones del empleo, porque eso es al menos un escenario incierto.