El presidente Luis Lacalle Pou recibirá el 8 de noviembre a la escritora Mercedes Vigil, quien encabeza el Foro de Montevideo, un grupo de personas que, entre otras cosas, envió una carta al presidente solicitando la liberación de todos los presos de la cárcel de Domingo Arena por causas relacionadas a la dictadura: “Allí estamos presos todos los uruguayos. Libérelos y libérenos”, decía la petición, que reunió más de 1.000 firmas.
“No debemos seguir recreando una y otra vez una guerra finalizada hace casi medio siglo, necesitamos paz y perdón para seguir avanzando. Es hora de un acto de grandeza, cesando definitivamente las hostilidades, liberando a aquellos que el soberano ya perdonó”, describen en la carta.
El grupo aclara que no son “militares pidiendo por sus camaradas de armas”: “Lo pedimos ciudadanos que vivimos aquella época y sentimos que esos militares, que actuaron por mandato, son chivos expiatorios de una catástrofe colectiva y no deben seguir pagando solos el precio de nuestros errores”.
Quien comentó sobre esta propuesta días atrás fue el senador y líder de Cabildo Abierto (CA) Guido Manini Ríos. En una entrevista con la radio Universal el legislador sostuvo con respecto a la liberación de los privados de libertad que su “posición ha sido bien clara y fue la detonante del cese como comandante en jefe del Ejército, que fue mi crítica a determinados procesamientos sin garantías. Habrá casos en que lo justo es que fueran liberados aquellos que han sido mal procesados”. Comentó que en un escrito había presentado nueve casos que a su entender no habían pasado por el debido proceso en la Justicia, y “nunca se me rebatió ni uno de ellos”.
Desde Crysol, la asociación de ex presos políticos de Uruguay, ven esta reunión entre Lacalle Pou y el Foro de Montevideo como algo correcto, en tanto “el presidente debe recibir a toda la ciudadanía”, comentó a la diaria Gastón Grisoni, presidente de Crysol. Sin embargo, subrayó que “hasta el momento no ha recibido a las víctimas mayoritarias del terrorismo de Estado representadas en Crysol, hemos pedido en dos ocasiones y no hemos sido recibidos. Se prioriza la atención o el ser sensible a los reclamos que realizan los defensores del terrorismo de Estado; hemos pedido la reunión por varios temas sin respuesta”.
En particular con respecto a la petición del Foro de Montevideo aseguró que no es nueva. Para Grisoni es “lo mismo que viene pidiendo el Centro Militar desde hace décadas, se sigue propiciando la amnistía para los asesinos y torturadores”.
Por su parte, el Frente Amplio (FA) no ha tomado una postura colectiva frente a la petición del Foro de Montevideo, pero la senadora Amanda Della Ventura comentó a título personal en diálogo con la diaria que descuento que “la posición del FA va a ser contraria, no se va a considerar aprobar una cosa de estas. Es evidente la incidencia de Manini Ríos y su sector, las malas lenguas pueden pensar que las cosas que acordó en la Rendición de Cuentas venían relacionadas a estos temas”.
De todas formas, aclaró que su postura es “estar siempre abierto al diálogo” y en ese sentido no ve mal que Lacalle Pou haya decidido recibir al grupo. “El problema es lo que decida hacer después”, comentó.
Proyecto de ley para que presos mayores de 65 años tengan prisión domiciliaria
En el Parlamento comenzará a discutirse la iniciativa de Cabildo Abierto para que los privados de libertad mayores de 65 años cumplan su condena en prisión domiciliaria, con tobillera electrónica y controles frecuentes del Ministerio del Interior.
La iniciativa cabildante propone agregar un nuevo artículo al Código del Proceso Penal que establece la prisión domiciliaria para mayores de 65 años salvo para quienes hayan cometido delitos de violación, homicidio agravado o crímenes de lesa humanidad, con posterioridad a 2006, fecha en que este delito fue incorporado al ordenamiento jurídico uruguayo. El proyecto indica que no será aplicable en casos de “reincidencia, reiteración o habitualidad”, salvo en los casos en que haya transcurrido el equivalente a dos tercios de la pena máxima establecida para el delito con sanción penal más alta.
Manini Ríos estima que hay cerca de 200 privados de libertad mayores de 65 años y que en “base a un espíritu humanitario” es que desde su partido impulsaron el proyecto con un criterio basado en la emergencia sanitaria. “El criterio básico ahora es el tema de los grupos de riesgo en la pandemia; no es solamente el preso, sino la familia que lo va a visitar, que tiene que estar en colas y aglomeraciones de gente. Generalmente la señora de un preso de 65 años es de la misma edad, gente mayor que tiene que estar penando para las visitas”, había comentado en la entrevista radial.
El senador aclaró que “hay presos que no califican, pero en ciertas condiciones entendemos que es bueno y ayuda a descomprimir”. Esto, insistió, incluye a los que están en la cárcel de Domingo Arena, que en su mayoría se vinculan a delitos cometidos en la última dictadura militar.
Sobre este proyecto la senadora Della Ventura dejó en claro su posición contraria. “A nivel personal me parece que no está bien, máxime con esa edad; yo tengo 66 años y no creo que amerite ningún tipo de privilegio como lo es la prisión domiciliaria, menos si incluye a penas de delitos de lesa humanidad. Creo que lo que está atrás de esto es amparar a aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad”, comentó la legisladora y agregó que tampoco estaría de acuerdo si se aumentara la edad.
Para la senadora la decisión sobre la prisión domiciliaria la tiene que tomar un juez en todos los casos. “Está previsto que se revea las condiciones en temas de salud, y no podría haber otras causas que ameritaran esto. Si es por no tener las cárceles superpobladas, veamos otros caminos, porque se supone que las detenciones fueron hechas con todas las garantías de la defensa y no está bien privilegiar a algunos”.
Por su parte, Crysol rechaza “tajantemente el proyecto de ley que pretende alivianar el castigo que les puso la Justicia a los terroristas. En Domingo Arena están en condiciones de primer mundo, sin hacinamiento, como ojalá tuvieran todos los detenidos, pero las graves violaciones deben ser castigadas penalmente y los efectivamente condenados tienen que cumplir estrictamente con la Justicia”.
Para Grisoni no corresponde aprobar este proyecto en base a la situación de emergencia sanitaria cuando “se están levantando las restricciones en general”. “El proyecto tiene nombre y apellido, está hecho para liberarlos a ellos, los militares terroristas de Estado”, enfatizó.
Desde Crysol se presentó una solicitud esta semana para ser recibidos por la Comisión de Constitución del Senado para presentar su postura con respecto al proyecto. Además, se envió una nota a Matilde Rodríguez Larreta, directora de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente de Presidencia, solicitando que se pronuncie en contra del proyecto de ley, mientras que por otra parte se solicitará por tercera vez una reunión al presidente Luis Lacalle Pou para hablar de estos temas.