El proyecto de Cabildo Abierto para otorgar prisión domiciliaria a personas privadas de libertad mayores de 65 años de edad, actualmente a estudio de la Comisión de Constitución del Senado, generó reacciones dispares en la coalición de gobierno, pero la balanza parece haberse inclinado a su favor a partir de las afirmaciones del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, quien en rueda de prensa dijo ayer que más allá de “alguna duda” con respecto a la edad, “a priori” tiene una “visión positiva sobre el tema”.
La propuesta no fue bien recibida por algunos directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), que en diálogo con la diaria manifestaron su preocupación. La abogada Mariana Mota, que en su actividad como jueza tuvo a cargo numerosos casos vinculados a delitos cometidos en la dictadura cívico-militar, consideró que el proyecto “viene muy perfilado a la liberación de los presos por delitos de lesa humanidad”. De aprobarse esta iniciativa, más de 20 represores y violadores de los derechos humanos en el período de facto se verían beneficiados por esta medida.
Por otra parte, Mota opinó que pretender que la prisión domiciliaria sea “preceptiva” para esta población sólo por razones de edad “es grave desde muchos puntos de vista; primero porque sale toda esta gente [en referencia a los presos de Domingo Arena], con los delitos graves que tienen, y la razón de sacarlos, en el caso de ellos, no tiene sentido”, analizó. Dijo que la posibilidad de otorgar prisión domiciliaria por razones humanitarias, como la salud, ya existe, y resaltó que en su propio ejercicio como jueza lo puso en práctica: “Yo lo hice y no era una rareza, porque lo hacían otros jueces. Establecerlo de forma preceptiva es como decir 'bueno, llegaste a los 65 años, sos prácticamente impune', porque si cometés un delito sabés que no vas a ir preso, lo cual altera mucho la función punitiva”, advirtió.
Según supo la diaria con base en fuentes del Ministerio del Interior, el capitán retirado Ramón Larrosa, procesado a principios de octubre por torturas en el Batallón de Infantería 8 de Paysandú en 1974, fue enviado a prisión domiciliaria por motivos de salud alegados por la defensa.
Asimismo, la jerarca sostuvo que “focalizando en los que están en Domingo Arena” pierde validez el argumento humanitario o sanitario que se alega en la exposición de motivos del proyecto, porque “justamente son los que no tienen hacinamiento ni malas condiciones carcelarias”, a diferencia de otras cárceles, como el ex Comcar o el penal de Libertad. “Lo que es grave es alterar la aplicación de una pena en función de la edad que tiene la persona, porque modifica todo el esquema punitivo”, insistió.
Mota opinó que si el proyecto avanza, la INDDHH, que todavía no lo incluyó en su agenda, tendría que dar su opinión.
Wilder Tayler: “Estamos hablando de los crímenes más graves que se han cometido en este país”
En la misma línea, el director de la INDDHH Wilder Tayler dijo a la diaria que no se debe dejar de considerar “el carácter de los crímenes que cometió esta gente; estamos hablando de los crímenes más graves que se han cometido en este país”, en referencia a los crímenes de lesa humanidad. Acotó que aunque la Justicia no los catalogue como tales, “lo son, y ese es otro factor a tener en cuenta en cuanto a la aplicación de medidas humanitarias”.
Coincidió con Mota en que el concepto de la medida humanitaria ya está previsto, y que es facultativo de los jueces. “Aquí lo que se quiere hacer es generalizarlo, de modo que estos individuos –algunos de los cuales han cometido los crímenes más graves– queden comprendidos, porque se lo hace preceptivo”, explicó, y agregó que “uno no puede dejar de pensar que esto está hecho para liberar a los perpetradores de estos crímenes”.