“Estamos estudiando ese proyecto”, dijo este miércoles el presidente Luis Lacalle Pou sobre el proyecto de ley de Cabildo Abierto para que los mayores de 65 años cumplan sus penas de prisión en sus domicilios. La propuesta es para los privados de libertad que no hubieran cometido delitos de violación, homicidio agravado o delitos de lesa humanidad, figura que se habilita para hechos posteriores a 2006, cuando se incorporó al orden jurídico. Esto determina que más de 25 represores de la última dictadura, hoy presos en la cárcel de Domingo Arena, puedan pasar a cumplir su pena en sus domicilios.

El presidente dijo que el articulado está a estudio: “quizás tengamos alguna duda con respecto a la edad, por generar un régimen especial”, comentó, y dijo que eventualmente un cambio a proponer sería pasar la edad a los 70 años. “Es la primera aproximación a una visión a priori positiva sobre el tema”, señaló, e insistió en no generar un régimen especial.

El senador de Cabildo Abierto Raúl Lozano explicó que en una primera instancia, en mayo, se intentó que el proyecto fuera enviado al Parlamento por el Poder Ejecutivo, lo que no se logró, por lo que lo presentó su bancada en agosto. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, líder del Partido Independiente, dijo este miércoles que su partido no comparte la iniciativa porque el beneficio es una “señal muy dirigida” a las personas presas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.

Otras reacciones

A nivel parlamentario, si bien la senadora nacionalista Graciela Bianchi, del sector Todos, pidió que el tema sea tratado como prioridad en la Comisión de Constitución del Senado, el también nacionalista Jorge Gandini dijo que tiene algunas “dudas importantes” sobre el proyecto.

El Partido Colorado se apresta a abordar el tema la semana que viene, en el Comité Ejecutivo Nacional o en la bancada, pero el senador Raúl Batlle dijo a la diaria que “así como está” redactado “es muy difícil” que la iniciativa obtenga el respaldo colorado.

La propuesta tampoco fue bien recibida por algunos directores de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, incluidos su presidente, Wilder Tayler, y la abogada y exjueza Mariana Mota.