La asociación de ex presos políticos, Crysol, calificó como “desproporcionada, intencional y muy peligrosa” la [condena a Irma Leites, Jorge Zabalza, Álvaro, Diego y Eduardo Jaume, y Aníbal Varela, por un delito de atentado, en el marco de las movilización del 15 de febrero de 2013 contra el traslado de la órbita penal a la civil de la entonces jueza Mariana Mota en la sede de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
En un comunicado, Crysol expresó su “frontal rechazo” a la decisión de la jueza penal de 26° turno, Ana de Salterain, de condenar a un “grupo de personas ‘deliberadamente seleccionadas’ por haber participado en una actividad de protesta pacífica” en la sede de la SCJ. Según indicó la organización, la sentencia “deja en claro” que la movilización “convocada públicamente” por organizaciones sociales fue “pacífica, momentánea y transitoria, que no generó daños y fue disuelta rápidamente por la Policía, sin necesidad de emplear medios de disuasión de ningún tipo”.
De hecho, en la sentencia la jueza señaló que “en todo el procedimiento relatado no hubo lesionados ni daños, hubo insultos y cánticos ofensivos hacia los integrantes de la Suprema Corte de Justicia y hacia el propio presidente de la República, con el propósito ilícito de demorar las ceremonias públicas de juramento”. A juicio de la jueza, el accionar de los manifestantes fue ilícito, en la medida que ejercieron “violencia y amenazas contra funcionarios públicos, con el fin de impedir el libre ejercicio de la función, actuando con prepotencia, odio y menosprecio a la autoridad”.
Asimismo, la organización señaló el rol que tuvo el actual diputado colorado Gustavo Zubía, quien en su investidura como fiscal llevó adelante la causa, y manifestó que quedó “en evidencia la intencionalidad política de criminalizar la protesta social”, ya que actualmente es “un firme defensor de la prepotencia policial y del gatillo fácil, un punitivista empedernido y de la LUC [ley de urgente consideración], ley de la cual casi 800.000 personas han manifestado su decisión de anular 135 artículos y meta que acompañamos como colectivo organizado”.
Baldemar Tarocco, integrante de la asociación, manifestó en diálogo con la diaria que la resolución de la Justicia es “algo bastante peligroso”, en el sentido que muestra cómo “continúan operadores, como lo fue Zubía cuando estaba de fiscal, y algunos integrantes de la SCJ, como Jorge Ruibal Pino, que presidía la SCJ en ese momento, marcando la posición de perseguir el derecho a la protesta”.
Tarocco recordó que además fue en el contexto de la “sanción a Mariana Mota (por más de que quieran decir que no fue una sanción) cuando estaba por tomar resolución por el caso de [Aldo] Chiquito Perrini”. A su juicio, fue una clara demostración de “querer trancar, perpetuar la impunidad y defender a los asesinos y violadores de este país”. También fue una muestra de que cuando el caso “llegara a la SCJ se iban a encontrar con la muralla, que luego la siguieron otros. Es una Justicia que va eligiendo los que ascienden por cooptación, no hay una forma de ascender por concurso, sino que eligen quiénes ascienden y van buscando gente afín”.
Tarocco agregó que en la sede judicial había más de 100 personas “buscando que no trasladaran a Mota, como garantía de seguir avanzando en la resolución de delitos de lesa humanidad”, pero “eligieron a quiénes condenar, fue muy selectivo”. Manifestó que la asociación se solidariza con todos los condenados, particularmente con Leites, Zabalza y Álvaro Jaume, que fueron presos políticos durante el terrorismo de Estado.
Designación de jueces con procesos transparentes
Crysol llamó a llevar adelante la “más profunda democratización del Poder Judicial” y atender uno de los reclamos de la organización, que apunta a que los “jueces sean designados mediante procedimientos claros, transparentes y democráticos, por concurso, y que la designación de los integrantes de la Suprema Corte de Justicia sea transparente y cristalina, de cara a toda la ciudadanía como hemos reclamo de manera reiterada”.
El pedido de la organización hace referencia a la aplicación de la ley orgánica de la judicatura y organización de los tribunales (19.830), conocida como ley de concursos, que fue aprobada en 2019 por el Parlamento, y busca regular el proceso de designación y ascenso de los jueces. La ley fue rechazada por la SCJ luego de que el cuerpo presentara una acción de inconstitucionalidad contra concurso de ascenso de jueces. En la actualidad los jueces son calificados por sus superiores en un formulario reservado y luego una comisión integrada por la Universidad de la República, el Colegio de Abogados, la Asociación de Magistrados del Uruguay y representantes de la SCJ elabora una lista de prelación, también en un proceso reservado, con los 20 mejores calificados.