Este lunes la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados sobre las presuntas licencias irregulares de docentes agremiados a la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) recibió a Celsa Puente, exdirectora de Secundaria.
Terminada la sesión, el diputado colorado Felipe Schipani, impulsor de la investigadora, señaló a la diaria que Puente dijo cosas “muy importantes” para el trabajo de la comisión. En primer lugar, que al amparo del artículo 70/10 del Estatuto del Funcionario Docente “no se podía justificar inasistencias, como justificaba Fenapes”, o sea que, “de alguna manera, ratificó lo que había informado Jurídica de Secundaria”. “Es el núcleo central de nuestra argumentación: que no había normativa que amparara la justificación de esas inasistencias; lo ratifica de alguna manera la ex directora general de Secundaria”, indicó.
Además, Schipani consignó que Puente dijo que “desconocía” la existencia del convenio que se invoca en todos los certificados, que es “otro aspecto relevante”, porque “ya nadie puede dudar de que ese convenio no existe”.
Por otro lado, Schipani dijo que Puente “no reconoce” el contenido de las actas que remitió Secundaria a la comisión, argumentando que en verdad “esas actas no son la versión definitiva sino bruta, que tomó la secretaria de actas”. Por lo tanto, esas actas “no están aprobadas ni firmadas por los consejeros”. “Entonces, ella desconoce todo el contenido de esas actas o de esos borradores de actas, que para nosotros son relevantes, porque es donde surge cómo las autoridades de Secundaria actuaron con cierta connivencia con el sindicato para la justificación”, subrayó.
En tanto, la diputada del Frente Amplio Lilián Galán, integrante de la comisión, dijo en una rueda de prensa que Puente llevó documentos del funcionamiento de Secundaria mientras era directora sobre “toda la manera en que se distribuyen las faltas”. Agregó que la exjerarca fue “muy solvente en sus respuestas y en la documentación que aportó”.
Galán sostuvo que “hay una persecución sindical”, porque se habían archivado “50 expedientes” y se volvieron abrir dos de ellos en 2020, a partir de una denuncia de Miriam Arnejo, exdirectora del liceo 1 de San José , luego de que se jubiló. Pero “en su momento no sancionó lo que ella pensaba que eran irregularidades y le puso puntaje de excelencia a ese docente al que después denunció”.