Un reciente decreto del Poder Ejecutivo reglamentó el artículo 78 de la ley de reforma de la Caja Militar de 2018, habilitando al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) así como al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) a tener sus representantes en la dirección del sistema de jubilaciones de los militares. El ex director nacional de Seguridad Social, José Luis Baumgartner, que ocupó el cargo en el último gobierno del Frente Amplio (FA) y trabajo en la reforma de 2018, dijo a la diaria que “no era sencillo conseguir información” y se buscó “participar en la gestión” para “conocer en tiempo real determinadas cosas”.
Las autoridades del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas son designadas por el Ministerio de Defensa Nacional, ya que esta funciona como una dirección dentro de la cartera. En la actualidad, los seis cargos son ocupados por personas con rango militar y, según Baumgartner, esa ha sido la norma.
El decreto del Ejecutivo establece, citando la ley de hace tres años, que “es necesario” la reglamentación “para proceder a la designación y establecer las funciones de los representantes” de ambas carteras. Tanto el MEF como el MTSS deberán designar a sus delegados mediante una resolución ministerial, paso que aún no se concretó.
Además, el decreto avanza en las características del funcionario a designar. El representante del MEF, sostiene el texto, “deberá ser profesional universitario, contador público o economista”. Aparte de ser “nexo” entre las autoridades económicas y la Caja Militar, “le compete recopilar información financiera, promover y apoyar el mantenimiento de series estadísticas, proyecciones y seguimiento de las mismas, para la evaluación del sistema de seguridad social amparado por el Servicio [de retiro militar] y contribuir a una oportuna toma de decisiones”. Establece que “podrá formular propuestas de trabajo y participar en su elaboración junto con el personal técnico del Servicio, para la toma de decisiones por parte de las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional”.
En el caso del delegado del MTSS, “deberá contar con experiencia en el sistema de seguridad social” y sumado a ser el “nexo” con Defensa, “le compete formular propuestas e iniciativas reglamentarias y/o administrativas con el objetivo de elaborar, promover, regular y hacer el seguimiento de políticas de apoyo social y protección a la ancianidad para el mejor cumplimiento de los cometidos del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas”.
La reforma de 2018 de la Caja Militar fue votada por el Frente Amplio y tuvo críticas de la entonces oposición así como de quien era el comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. El principal punto de debate sobre este subsistema pasa por las condiciones más beneficiosas para acceder a una pasividad, tanto en los años de trabajo necesarios como en el monto a percibir. Los cambios de 2018 fueron parciales: se mantuvo el régimen que estableció la dictadura en 1974 para una parte de los efectivos, se creó un régimen de transición y abarcó con condiciones más exigentes a 13% del personal subalterno y 40% de los oficiales.
“No era un ámbito sencillo”
Baumgartner sostuvo que la disposición incluida en la ley de 2018 y que ahora se reglamentó busca “que los dos ministerios [MEF y MTSS] tengan participación en la gestión” de la Caja Militar, “para trabajar conjuntamente” con Defensa y “tener la información en tiempo real”.
En su experiencia, “no fue sencillo conseguir la información” del sistema de jubilaciones de las Fuerzas Armadas cuando estuvo en el MTSS. “Teníamos pedidos periódicos tanto al servicio militar como a otras cajas para obtener una serie de información sobre la cantidad de activos, de pasivos, la edad promedio; una serie de datos que se incorporan a una base de datos que lleva el Ministerio [de Trabajo y Seguridad Social]. [La Caja Militar] No era un ámbito sencillo ni de comprender ni de conseguir información”, expresó.
También explicó que un reclamo similar tenía el MEF, ya que “a la hora de hacer las transferencias presupuestales debía tener esa información”, así como saber “qué ocurría a nivel de la gestión y conocer en tiempo real determinadas cosas”. Para agilizar esos mecanismos se incluyó el artículo 78 de la ley, que el FA no llegó a reglamentar antes de salir del gobierno.
La última decisión del Ejecutivo sobre la asistencia financiera a la Caja Militar fue en abril, cuando le transfirió de Rentas Generales un “complemento” para la ejecución de 2020 y se llegó a un total vertido de 405 millones de dólares en el año. El concepto de “asistencia financiera” refiere a los recursos extras, más allá de los ingresos genuinos –aportes de los afiliados y el IASS que pagan las jubilaciones mayores a 38.960 pesos– que debe volcar el Estado para que el subsistema militar pueda afrontar sus egresos. En los últimos años, la cifra anual ha oscilado entre 350 y 500 millones de dólares.
Baumgartner comentó que pese a “lo difícil” que era obtener datos de la Caja Militar, se obtuvo la información necesaria previo a 2018 para hacer proyecciones e idear la reforma. Ahora, en el marco de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS) –que integró como delegado del FA– “se pudo avanzar un poco más, no sin esfuerzo” en el acceso a la información del servicio militar de retiro.