“¡Largaron!”, se suele escuchar apenas se abren las compuertas de la pista para que los caballos corran metros y metros para lograr ser el primero y que el apostador logre una suma importante de dinero. Algo parecido, clandestinamente, pasa con las carreras de galgos, que fueron prohibidas hace tres años vía decreto en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez. A diferencia de los raid, los galgos no llevan un jockey encima, pero sí se exigen, o les exigen.
Las carreras, a grandes rasgos, consisten en explotar al máximo una “característica natural” de estos animales, que los hace grandes corredores que pueden alcanzar velocidades de hasta 60 kilómetros por hora. Estos deben ir detrás de un señuelo o “liebre” artificial, al que nunca alcanzarán, hasta llegar a la meta. En la mayoría de los casos estos perros corren con bozal.
Es muy común que por la velocidad y la excitación con la que se entregan a la actividad ocurran accidentes y sufran traumatismos, heridas e intoxicaciones. En los casi 20 canódromos que existieron –algunos siguen existiendo– no hay controles antidoping ni control veterinario, y es frecuente el abuso de sustancias estimulantes para que corran más rápido.
A tres años del decreto que prohibió este tipo de carreras, las ONG animalistas consideran que la normativa ha sido “eficiente” y que prácticamente hizo que “desaparecieran” estas competencias que venían in crescendo en el país. Esto, en parte, se debió a la prohibición en Argentina en 2016, bajo la administración de Mauricio Macri.
Las carreras, que nunca contaron con una regularización nacional, “se estaban desarrollando todos los fines de semana en varios departamentos del país” hasta 2018, recordó la directora de Galgo Libre Uy y vocera de la Coordinadora Nacional de ONG de Protección Animal, Rita Rodríguez. En diálogo con la diaria, señaló que durante este tramo de prohibición se ha podido identificar algunas carreras clandestinas, pero que “realmente son mínimas” y “por supuesto que no tienen el talante que tenían las carreras cuando no había una legislación”. “Anteriormente pasaban todo el día en estos eventos y ahora estamos hablando de carreras que son exprés y que en general nos enteramos y tratamos de darles seguimiento”, detalló.
A modo de ejemplo, Rodríguez rememoró una carrera en la que intervinieron en noviembre de 2020, en la ciudad de Libertad, en San José, y la última en Sauce, en Canelones, hace casi dos semanas. “Este sí era un evento muy grande, internacional, donde se convocaba a galgueros de Argentina, Brasil y también uruguayos, pero por suerte se logró hacer un muy buen trabajo y se logró interrumpir estas carreras”, relató.
Un vecino, ¿un hermano?
Luego de que Macri prohibiera este tipo de carreras, varios galgueros argentinos, fin de semana de por medio, cruzaban con sus perros en camioneta el puente General San Martín, entre Gualeguaychú y Fray Bentos, para que pudieran correr. De hecho, la gran mayoría de los organizadores en Uruguay eran argentinos, apuntó Rodríguez. En el vecino país, la ley dictaminó que si una persona está relacionada con las carreras puede recibir una pena de cuatro meses a cuatro años de prisión.
“Obviamente estábamos fomentando un delito penal en Argentina, porque allí no se puede ni siquiera entrenar a los galgos, no se puede propiciar las carreras tampoco, eso está estipulado en su ley y nosotros estábamos fomentando eso al permitir que vinieran a organizar las carreras en Uruguay”, expresó. En ese sentido, dijo que en Río Negro estuvieron reguladas un tiempo, pero que derivó en un “fracaso” porque era una “autorregulación” de los galgueros donde no existía “ningún tipo de control”, por lo menos “nada de lo que se estipula que debería hacerse en los países que están reguladas con mayor fuerza”.
- Leé más sobre esto: Carreras de galgos son “un deporte como cualquiera” según criadores de esos perros
Una de las políticas que tenían los canódromos consistía en que cada organización tenía el derecho de expulsar a toda persona que no respetara la forma de trabajo o los fallos de las carreras. Otra era que si el galguero no aceptaba las garantías que el organizador le daba por “no parecerle óptimas”, directamente no corría. Y se complementaba con que si el perro perdía el bozal en la carrera, si iba último y si se lesionaba, lastimaba o no podía correr, la suma de dinero apostada no se devolvía. Según galgueros consultados por la diaria, previo al decreto, se corrían entre diez y 12 carreras por fin de semana, aunque algunas veces más y otras menos.
De recelos
Con la ley de urgente consideración se creó el Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA) que tiene, entre otras cosas, el rol de “organizar, dirigir y coordinar” las campañas de información y difusión para la protección de los animales en su vida y bienestar y, en particular, en lo que respecta a una tenencia responsable de animales. Sin embargo, los animalistas cuestionan la poca incidencia que tiene en la protección de los animales.
“Por carreras de galgos no hay denuncias en el INBA. Las denuncias que existen las hemos hecho nosotros por información que nos llega”, comentó Rodríguez. Sin embargo, su director, Gastón Cossia, dijo a la diaria que no llegan denuncias a ese organismo por “recelos” y que “hay desconocimiento y fallas en los procedimientos de los denunciantes”, puesto que el decreto establece “claramente” que es el INBA el organismo que debe proceder.
En tanto, la directora de Galgo Libre Uy dijo que el INBA “hoy no está funcionando como debería”. Al respecto, sostuvo que hicieron un pedido de acceso a la información pública en el que los datos arrojaban que el instituto recibió más de 2.700 denuncias por presunto maltrato animal, de las cuales 1.300 siguen en espera “para ser procesadas” y otras “1.300 y poco” simplemente “se resolvieron con una notificación a los infractores de que deberían comportarse mejor”. “Estos datos son los que a nosotros no nos dan garantía para actuar con ellos”, aseguró.
- Leé más sobre esto: Galgueros volvieron a protestar por la prohibición de carreras de perros
A diferencia de lo planteado por la Federación Rural, Rodríguez consideró que no se le debe pedir la renuncia al director del INBA porque es “idóneo” en la materia, aunque sí les preocupa que tenga un rol “simplemente de cumplimiento de órdenes y no de gestión, ni de gerencia”.
Cossia fue el diputado que presentó el primer proyecto de ley para que se prohibieran las carreras de galgos en la pasada legislatura; sin embargo, en su colectividad política, el Partido Nacional (PN), no hubo quórum para que prosperara. Con el diario del lunes, el blanco consideró que el decreto de Vázquez es “bueno”, pero que se trata de una “copia” de su proyecto.
En busca de regularizar
El edil por el PN de San José Gervasio Cedrés presentó el mes pasado un proyecto en la Junta Departamental para regularizar las carreras de galgos. Dicha propuesta contó con la “unanimidad” de los votos de todos los partidos políticos para que se avanzara en esa legislación, pero desde el Frente Amplio confirmaron a la diaria que “no van a volver atrás” y rechazan ese tipo de planteos. “El tema es regularizar algo que ya está demostrado que empeora las circunstancias. Esto es como ha sido desgraciadamente la droga: la prohibimos y no conseguimos nada”, explicó a la diaria el curul sobre las razones de su proyecto.
“Estamos prohibiendo que un animal desarrolle su génesis porque para algo fue desarrollado y evolucionado para hacer lo que hace. Sólo [corre] por 20 segundos. Esa es la parte que no se explica bien, entonces hay gente que piensa que lo van a tener una hora corriendo al pobre bicho. Se tienen que tener más cosas para controlar; el galgo no corre exigido y obligado porque no podés obligarlo a correr”, justificó. A su vez, no descartó que haya un planteo similar en el Parlamento para que se vete el decreto y se redacte un proyecto para regularizar las carreras a nivel nacional.
Además, Cedrés dijo que los galgueros esperan ser recibidos por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para que escuche sus planteos. En 2018 la Asociación de Galgueros del Uruguay comenzó a redactar un proyecto que consistía en que haya antidoping, transparencia, que los perros tengan microchips –de lo contrario, no podrían competir en ningún canódromo del Uruguay– y, además, daba detalles sobre cómo debía ser la pista para que estos perros corran.
Para el edil blanco, el perro “sale a correr por instinto” y “no lleva un jinete arriba” como sí ocurre con una carrera de caballos, que “lo va obligando con un bozal para correr de aquí para allá”. “Son carreras de pique; es muy difícil hacer una carrera de dos kilómetros porque muchas veces se saldrían de la pista. Esa es la parte que no entienden”, añadió.
Cedrés cuestionó que se diga que es “maltrato animal” cuando los animalistas “se sacan fotos con animales luego de ser castrados”: “Yo pienso: esas personas que van a criticar una carrera de galgos y después salen mostrando una foto en la que muestran que castraron 100 animales, ¿no se pusieron a razonar que es necesario, pero que no hay peor maltrato animal que cuando los castramos de la manera que los castramos, privándolos de una esencia de la parte de la vida, en la cual los humanos no hemos pensado hacer eso ni siquiera con los peores violadores del mundo? Se lo hacemos al animal porque es un simple perro. Se lo hacemos porque no tiene derecho, porque ni siquiera él sabe lo que le va a pasar y no se puede defender”, lamentó. Asimismo, se cuestionó “qué opinarían los galgos”, si prefieren que los castren o correr por 20 segundos.
Para Rodríguez, el planteo de Cedrés carece de “argumentos” y “fundamentos”: “Defiende una actividad que a las luces queda claro que es totalmente contrario de lo que se espera para una sociedad que va evolucionando”, concluyó.
Avanzan las prohibiciones en la región
Al igual que en Uruguay y en Argentina, en Brasil la prohibición avanza. En los estados linderos al país, como Rio Grande do Sul y Santa Catarina, estas carreras no se pueden hacer. A su vez, Rodríguez adelantó que junto a organizaciones animalistas chilenas trabajan en un proyecto de ley similar para que se apruebe en ese país. El presidente electo trasandino, Gabriel Boric, aseguró que es un compromiso de campaña prohibir estas prácticas.