No forman parte del sistema educativo ni comunitario. Están supervisados y vigilados: todo lo que hacen es monitoreado por cámaras de videovigilancia o por el personal. Tienen una rutina específica, regulada, que incluye descansos extendidos y actividades que nunca dejan de ser grupales. Tal es así, que hasta ducharse es compartido y controlado. La falta de individualidad también es establecida en la imagen externa: la vestimenta con la que entran y los objetos con los que ingresan son extraídos y devueltos en el egreso.
El aislamiento y el encierro, otra de las características, son parte de la realidad de los niños, niñas y adolescentes que, derivados desde el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) e incluso desde el Centro Hospitalario Pereira Rossell, habitan las clínicas de atención de episodios agudos API Los Robles, Carpei y Klinos.
En el informe Permanecer a pesar del alta. Niñas, niños y adolescentes en clínicas psiquiátricas de episodios agudos con el alta médica, elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), se describe el contexto narrado y se especifica que la clínica Carpei es la única que lleva a cabo algunas actividades recreativas fuera.
En concreto, los centros para atención de episodios agudos son para aquellas niñas, niños y adolescentes de nueve a 17 años que estén transitando episodios delirantes agudos, trastornos afectivos, intentos de autoeliminación, intoxicaciones y crisis de excitación psicomotriz. Pero las internaciones no necesariamente cesan cuando el tránsito finaliza; por el contrario, el informe da cuenta de que hasta noviembre de este año 24 niñas, niños y adolescentes continuaban en las clínicas a pesar de tener el alta médica –31,6% del total–. De diez a 18 años, 14 varones y diez niñas y mujeres. Según indica el informe, en promedio el tratamiento duraba 51 días, pero el tiempo promedio de internación posterior al alta era de tres meses y medio –la duración tiende a variar entre tres días hasta casi un año y medio–. La mayoría de las niñas, niños y adolescentes, por ende, permanecen el doble de tiempo del que correspondería.
“Desde el punto de vista legal termina siendo una privación de libertad. No podés tener internada a una persona que no tiene una crisis en salud mental”, dijo a la diaria María José Doyenart, trabajadora social e integrante del MNP. “Las hospitalizaciones provocan alteraciones físicas, psicológicas y sociales en las niñas, niños y adolescentes; por esta razón se las debe considerar como último recurso y por el menor tiempo posible requerido para brindar a los niños la atención sanitaria que necesitan”, se lee en el informe.
Según cuenta Doyenart, quienes permanecen en las clínicas luego de tener el alta médica tienen “muchísima ansiedad, mucho nivel de incertidumbre, y lo que nos dicen los psiquiatras de los centros es que les genera iatrogenia: vuelven para atrás, vuelven a hacer crisis”. La trabajadora social explica que las crisis se generan “por la propia dinámica del centro”, porque comparten cuarto con quienes sí están en medio del tránsito y porque continúan viviendo en el mismo régimen que al ingresar.
A paso lento
No hace tres años que la INDDHH presentó una acción de amparo en la Justicia para que el INAU trasladara a 16 niñas, niños y adolescentes que tenían el alta médica pero continuaban internados en la clínica Los Robles y en Klinos. El juez letrado de Primera Instancia de Familia de 24º turno hizo lugar a la solicitud: pidió el cese de inmediato y, cuenta Doyenart, también exhortó a que se elabore una estrategia “para que no vuelva a suceder. Pero eso no pasó”.
El informe muestra que desde 2018 el tiempo promedio de permanencia en los centros luego del alta médica viene en descenso. No obstante, con un promedio de cinco meses la más alta y casi dos meses la más baja, los tiempos posteriores al alta “exceden un plazo razonable para coordinar un traslado adecuado”, se señala en el informe.
La cantidad de niños, niñas y adolescentes que permanecen internados en espera también ha tenido un leve descenso si se compara con las cifras de 2018, pero no es tan así en contraste con los demás años; en promedio son 20 quienes esperan ser trasladados a clínicas de salud mental, centros del INAU, Familia Amiga o con su propia familia, dependiendo de cada situación en particular.
“Acá hay un sistema de protección que está saturado. Entonces se rompen los lugares que son más débiles, como estos”, asegura Doyenart, y manifiesta que, en consecuencia, de la falta de una estrategia específica para que estas situaciones no ocurran más –a pesar del pedido del juez– “no tiene sentido presentar otra acción de amparo”. Asimismo, afirma que con el INAU mantienen un diálogo, pero con respecto a la permanencia aun con altas médicas “hay pocos elementos sobre la mesa para revertirlos”.
Lo que se viene
“No es una situación nueva. Ya el año pasado empezamos a tomar medidas”, dijo a la diaria Pablo Abdala, presidente del INAU. Una de estas medidas, especificó, fue la creación de la figura de acompañante terapéutico para el pre y posingreso a las clínicas. “Porque estas situaciones tienen que ver con una debilidad del sistema, que es la interfase: los niños por sus características se descompensan con mucha facilidad cuando cambian de ambiente, y el acompañante ha servido para mejorar esa realidad”.
Para Doyenart, sin embargo, la figura del acompañante es una “respuesta limitada”. Por un lado, porque, afirma, no se dedican exclusivamente a estas circunstancias; por otro, debido a que “el tema no es [que haya] un técnico trabajando, sino la posibilidad de un cupo”. En ese sentido, Abdala proyecta que para 2022 se cree un centro especializado de 24 horas, “concebido como residencial”, para la etapa intermedia entre que reciben el alta y la efectivización del traslado: “Sería gestionado por el INAU o por una organización de la sociedad civil y se sustentaría en la visión de la Ley de Salud Mental”, afirmó. Ello implicaría un mayor foco en lo socioeducativo y no tanto en lo terapéutico, agregó.
Desde la INDDHH se solicita, a su vez, que la Administración de los Servicios de Salud del Estado sea “quien asuma la responsabilidad de la atención de episodios agudos de niñas, niños y adolescentes vinculados al INAU”, tal como establece la Ley de Salud Mental y también el Presupuesto Nacional. De forma inmediata, exhortan a la derivación de quienes poseen el alta médica y, por último, a que se generen “mecanismos de control y seguimiento para que todas las niñas, niños y adolescentes que reciban el alta médica egresen en forma inmediata de la clínica de agudos, brindando el Estado las condiciones necesarias para que el mismo sea respetuoso de todos sus derechos”.