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Lacalle Pou, el 16 de diciembre en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva.

Foto: Federico Gutiérrez

Luego de reunirse con Manini Ríos, Lacalle Pou vetó proyecto de ley forestal, porque “vulnera” derechos de “propiedad, libertad y trabajo”

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En el decreto se señala que con la iniciativa aprobada “los productores no podrían elegir el destino productivo de sus tierras en el marco de las regulaciones vigentes”

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Leído por Andrés Alba.
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Luego de reunirse con el senador Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto (CA), el presidente Luis Lacalle Pou firmó el decreto de veto del proyecto de ley forestal, presentado por CA, que había sido aprobado el martes por la Cámara de Senadores, con los votos de ese partido y del Frente Amplio.

Según consignó El Observador, en el texto del decreto se señala que el Poder Ejecutivo “tiene a su cargo el cometido esencial de fijar y conducir las políticas sectoriales, lo que comprende la competencia en el diseño y ejecución de la política en materia forestal, tanto a nivel de producción como de industrialización”.

Se sostiene que mediante una ley “en sentido orgánico-formal y material se puede legítimamente modificar el marco jurídico en determinada materia, pero cumpliendo los requisitos exigidos constitucionalmente”. “El texto aprobado por el Parlamento vulnera los derechos de propiedad, libertad y de trabajo establecidos en los artículos 32, 36, 50 inciso 1° y 53 de la Constitución de la República, limitándolos sin que surjan las razones de interés general, constitucionalmente exigidas”, se indica.

Más adelante, se argumenta que con la aprobación del proyecto de ley que se observa, “los productores no podrían elegir el destino productivo de sus tierras en el marco de las regulaciones vigentes, ya que el contenido normativo del proyecto de referencia determinaría limitaciones a los derechos y libertades indicados”.

Manini: “Es un error”

A la salida de la reunión con Lacalle Pou, que duró cerca de una hora, Manini dijo en rueda de prensa que le manifestó al presidente por qué entiende que es un “error” vetar el proyecto de ley aprobado “por los representantes de la mayoría del pueblo uruguayo, tanto en Diputados como en el Senado”. “Es un error porque es un proyecto de ley que es bueno y necesario para el país, que busca darle oportunidades al trabajador nacional, al pequeño productor, para poder acceder a la tierra en zonas donde realmente cada vez le es más dificultoso acceder a la tierra, por los altos costos y por la imposibilidad de competir contra grandes empresas internacionales”, sostuvo.

Manini subrayó que dio sus argumentos al presidente personalmente como un “gesto de lealtad”, sobre todo teniendo en cuenta que son socios de coalición. Dijo que, a su vez, Lacalle Pou le dio sus explicaciones de por qué estaba “decidido” a aplicar la observación al proyecto. De todos modos, Manini subrayó que “lo más importante para el país es que la coalición siga consolidada como está y que busque las soluciones a los problemas de la gente”. Por lo tanto, subrayó que es necesario que sigan trabajando en conjunto, más allá de que entiende que es “negativo” que no se promulgue una ley de estas características.

El líder de CA destacó que desde que el proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados, en diciembre de 2020, intentaron introducirle “los cambio necesarios” para que se aprobara por unanimidad en el Senado, o al menos “para que estuvieran los votos de la coalición republicana”. “Lo intentamos: lo hablé con los propios legisladores de la coalición y el presidente, hace ya casi un año, para que le hicieran los aportes que quisieran para mejorar el proyecto y que saliera con el aval de todos. Pero no hubo esos aportes”, sostuvo.

Por último, Manini dijo que el decreto forestal que presentó el gobierno en los últimos días contempla algo de lo que pretendía CA con su proyecto de ley, y es “un avance”, porque establece “requisitos y mayores controles ambientales, que es fundamental”, pero no va “al cerno” del tema, ya que “se siguen sacando tierras de otras producciones para dedicarlas a los bosques de eucaliptos”.   

“Lejos podemos pedirles que levanten la mano para levantar un veto”

El diputado cabildante Rafael Menéndez, redactor del proyecto, dijo a la diaria que la bancada puso sobre la mesa la posibilidad de proponerle al mandatario que haga un veto parcial: “Creo que el nombre técnico es un ‘veto constructivo’, que en algún momento se ha dado también, en el sentido de proponer algunas modificaciones a algunos de los artículos”, dijo.

El diputado reconoció que conseguir los tres quintos de los votos de la Asamblea General para levantar el veto “va a ser imposible”, puesto que incluso con el apoyo del FA sería insuficiente y se necesitaría el apoyo de legisladores blancos y colorados. “Se precisan 68 votos para levantar el veto; si en dos años no hubo absolutamente ningún aporte de ninguno de los legisladores del Partido Nacional y el Partido Colorado, lejos podemos pedirles que levanten la mano para levantar un veto”, analizó.

¿Qué significa para CA este veto? Menéndez afirmó que, “primero, es una tristeza”, porque su partido trató de “aportar en lo que es la construcción de este modelo de país” que creen que es “conveniente, con la armonización de todos los sectores productivos”. Pero, en segundo lugar, consideró que también sienten la “satisfacción del deber cumplido”. “Nosotros batallamos por esto, lo defendimos en todas las condiciones y en todo lugar donde tuvimos posibilidad de defenderlo, o sea que nos quedamos con la conciencia realmente tranquila de que defendimos una cosa que creímos justa para el país”, reflexionó.

Consultado respecto del decreto que presentó el gobierno para regular la actividad forestal y así intentar desmotivar a los legisladores cabildantes de promover el proyecto, Menéndez aseguró que no va en la misma línea de su iniciativa, porque “se habilita a ser forestados suelos que nosotros pretendíamos que no se forestaran” y porque, a su entender, “claramente hay artículos de ese decreto que se contraponen” a lo que pretendían “con la ley”. No obstante, opinó que la creación de este decreto es “mérito” de CA, porque se generó “como consecuencia de que esta ley estaba para ser aprobada”. “También tiene mérito haber discutido este proyecto de ley para que el Ministerio de Ambiente, un ministerio nuevo, hoy esté considerando algunos temas que fueron preocupación nuestra”, finalizó.

Lacalle Pou: “Hay que desdramatizar”

Durante la conferencia de prensa que dio este jueves por la compra de dos patrullas oceánicas, Lacalle Pou afirmó que el hecho de que vaya a vetar la ley no implica una ruptura de la coalición. “No creo que afecte en nada la coalición, calculo que nada. Simplemente es una decisión que toma CA, que está dentro de todo su derecho a hacerlo, porque esto no estaba dentro del ‘Compromiso por el país’. CA consigue los votos del partido de oposición, y el Poder Ejecutivo tiene la misma libertad de vetar un proyecto de ley que considera inoportuno”, aseguró el mandatario.

Lacalle Pou se propuso “desdramatizar con hechos” la situación, por eso recordó que en el 2000, cuando él ingresaba por primera vez al Parlamento, propuso un artículo para la ley de Presupuesto que el entonces presidente Jorge Batlle vetó, entre otros artículos propuestos. Luego el Parlamento levantó varios de los artículos vetados, incluyendo el propuesto por Lacalle Pou. “Seguimos en la coalición, seguimos trabajando; simplemente tuvimos una diferencia en ese sentido. Tiendo a desdramatizar este tipo de cosas”, concluyó.

El mecanismo del veto

El Poder Ejecutivo está amparado por la Constitución para vetar leyes del Poder Legislativo. El mecanismo del veto está establecido entre los artículos 137 y 145: allí se plantea que “si recibido un proyecto de ley, el Poder Ejecutivo tuviera objeciones que oponer u observaciones que hacer, lo devolverá con ellas a la Asamblea General, dentro del plazo perentorio de diez días”. Cuando un proyecto fuese devuelto con objeciones u observaciones, se convocará a la Asamblea General “y se estará a lo que decidan los tres quintos de los miembros presentes de cada una de las Cámaras, quienes podrán ajustarse a las observaciones o rechazarlas, manteniendo el proyecto sancionado”.

Si transcurren 30 días de la convocatoria sin mediar rechazo expreso a las observaciones del Ejecutivo, estas se considerarán aceptadas. En cambio, si las cámaras reunidas desaprobaran el proyecto devuelto por el Poder Ejecutivo, “quedará sin efecto por entonces, y no podrá ser presentado de nuevo hasta la siguiente Legislatura”. Si las cámaras aprobasen los cambios del Ejecutivo “se tendrá por su última sanción, y comunicado al Poder Ejecutivo, lo hará promulgar enseguida sin más reparos”.

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