El gobierno de Luis Arce anunció que le devolvió al Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo cuyas condiciones “vulneran” la “soberanía” y los “intereses económicos” de Bolivia.
El acuerdo con el FMI fue alcanzado por la expresidenta Jeanine Áñez, que en abril decidió recurrir a organismos internacionales en el marco de la crisis sanitaria declarada por el coronavirus. El Movimiento al Socialismo, que volvió al gobierno en noviembre, se había opuesto en el Parlamento a este préstamo de unos 346,7 millones de dólares y se negó a aprobar un proyecto de ley que lo respaldara. Argumentó que el gobierno no aportó toda la información que se requería, incluso sobre la capacidad de endeudamiento del país.
“Este crédito es oneroso y desventajoso frente a otros créditos de otros organismos internacionales”, dijo el presidente del Banco Central de Bolivia, Edwin Rojas, al hacer el anuncio. Según citaron las agencias de noticias AP y Efe, Rojas agregó en un comunicado que “el crédito contraído con el FMI representa un costo al Estado boliviano, en sólo nueve meses, de 24,3 millones de dólares”. Explicó que 19,6 de esos millones se perdieron por variaciones en el mercado cambiario y 4,7 corresponden a intereses y comisiones que debió pagar Bolivia, además del monto del préstamo. En total, el monto que el Banco Central pagó es de 351,5 millones de dólares, informó la institución. Su presidente manifestó que además el acuerdo “imponía condiciones de orden fiscal, cambiario y financiero” que vulneran “la soberanía y el interés económico del estado”.
Una vez que llegó al gobierno, en noviembre, el Ejecutivo de Arce analizó el crédito y concluyó que era inconveniente y que además no contaba con la aprobación del Parlamento, y dispuso “precautelar y respetar los intereses y recursos del Estado”. Las actuales autoridades manifestaron que evalúan iniciar “las acciones administrativas, civiles y penales que correspondan” contra quienes negociaron el acuerdo. De acuerdo con el Banco Central, el préstamo fue “gestionado irregularmente por el gobierno de facto” de Áñez, que llegó al poder luego de la salida del poder de Evo Morales.
En otra medida contraria a las políticas de Áñez, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, ratificó ayer la decisión de fijar una banda de precios para la harina de soja, algo a lo que se oponen los productores de la región de Santa Cruz. “Como gobierno, siempre vamos a cuidar la economía del pueblo boliviano para que todos podamos acceder a nuestros alimentos a precio justo”, manifestó Huanca en un comunicado.
Dijo que el gobierno anuló un decreto emitido por Áñez que liberaba esos precios para la venta al exterior y que formaba parte de una serie de medidas que “favorecían a grupos de poder” y “no estaban bien fundamentadas”. Una de esas normas, que también fue derogada, dejaba sin efecto la exigencia de que los productores abastecieran al mercado interno.